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Martes 24 de Enero
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LOBBYS

Productores de semillas preocupados por proyecto de regulación del gobierno

La industria semillera jugó esta semana su carta más fuerte para frenar la iniciativa de reforma. Presiones durante el mini Davos e insistencia de Agroindustria para que se trate 'sí o sí”.

Para el portal Letra P, Gabino Rebagliati refleja la situación que se está viviendo alrededor del nuevo proyecto oficial para regular la industria de semillas en el país:  

El lunes, pese a la cercanía del "Mini-Davos”, Gustavo Lopetegui se abrió un hueco en la agenda para recibir a una mesa amplia de representantes de la industria semillera, donde los ejecutivos dejaron en claro que su postura es que el proyecto oficial es muy perjudicial para la industria. "Si esto es lo mejor que pueden presentar, mejor dejen las cosas como están”, dijeron a coro los gerentes de las empresas del agro más importantes del país. Lo que está en el eje del proyecto es cuánto pagan los productores por las semillas, un valor más bajo que el de los países vecinos.

En rigor, la presencia de Lopetegui fue breve y no alcanzó más de 20 minutos. El grueso del encuentro se desarrolló entre los ejecutivos y secretario de Agricultura de Agroindustria, Ricardo Negri, y el jefe de Gabinete de esa cartera, Guillermo Bernaudo, que recibieron los fuertes reclamos de los hombres de negocios de firmas como Dow, Monsanto, Nidera, Syngenta y Bayer, entre otras.

Más allá de los pedidos, que incluyeron dosis de ironías y chicanas a los funcionarios, por mediación de Lopetegui, industria y Gobierno acordaron no enviar el proyecto oficial al Congreso por los próximos diez días, plazo que vencería a fines de la semana que viene y  le da aire al sector para evitar que el proyecto oficial se transforme en ley.

La carta Lopetegui

Las semilleras, donde conviven gigantes como Dow, Monsanto, Bayer y Syngenta, con empresas nacionales más pequeñas, como Buck y Klein, dicen que el ministerio de Agroindustria no los tomó en cuenta para el proyecto oficial de reforma de la Ley, y ante la decisión del Gobierno de avanzar con el proyecto, pusieron el grito en el cielo y comenzaron un operativo para que su negativa al proyecto llegue a Jefatura de Gabinete, donde ya mostraron ser más receptivos a sus reclamos.

A principio de año, en pleno conflicto entre el ministerio de Agroindustria y Monsanto, que incluyó reuniones entre el ministro Ricardo Buryaille y el CEO mundial de la empresa, Bret Begemann, con amenazas de que la firma iba a dejar el país luego de que el Ejecutivo decidiera anularle la clausula para fiscalizar y cobro compulsivo de su tecnología en soja, la firma apostó a lograr una solución por fuera de Agroindustria, más precisamente en Jefatura de Gabinete.  Días después, Monsanto logró que con la intervención de Lopetegui, haya un acuerdo final que instauró un sistema de fiscalización mixto.

La oposición de la industria semillera al proyecto es tan fuerte que se coló en el Foro de Negocios e Inversiones que armó el Gobierno en el Centro Cultural Kirchner. Allí, el martes el Presidente Macri se reunió con el CEO de una multinacional con fuertes intereses en el agro y eventos biotecnológicos, que le pidió directamente por la cuestión de semillas, puntualizando el planteo en el respeto de la propiedad intelectual. Para las empresas, este es uno de los puntos principales, dado que la Ley de Patentes prevé 20 años de cobertura, mientras que el proyecto de reforma oficial habilita el cobro por 3 temporadas.

Agroindustria insiste en que su proyecto llegará al Congreso este año

Pese a las presiones que vienen recibiendo, en la cartera que conduce Buryaille insisten en que "el proyecto va a llegar al Congreso”.  "Queremos estar seguros de que hay cohesión en Diputados, trabajamos muchas instancias de diálogo”, aseguran.

Para los funcionarios, "el sector semillero está buscando torpedear todo porque hay algunas empresas muy grandes que ganan con mantener las cosas tal como están, y se olvidan que este proyecto que vamos a presentar es un proyecto real, posible, sin favorecer a ningún sector por sobre el otro”.

"Tenemos las cosas listas y reuniones como para mandar el proyecto lo antes posible”, insisten, aunque el presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, no tenga ninguna notificación del ingreso oficial del proyecto.

El eje del debate

Más allá del proyecto oficial, el debate tiene como eje el pago que los productores hacen por las semillas, que es muy bajo en proporción a lo que pagan en países vecinos como Uruguay y Brasil porque la actual normativa permite "el uso propio”, que en algunas regiones del país se traduce en la reproducción ilegal de semillas sin fiscalización.

En los últimos años, la facturación del sector semillero fue de entre 100 y 200 millones de dólares al año, pero según cómo se actualice la actual normativa, ese monto podría incrementarse de 3 a 4 veces.

Las cuestiones dónde quedan de manifiesto las diferencias entre los semilleros y los productores son el tiempo durante el cual los chacareros deberán seguir pagando por el "uso propio” que hacen al reproducir las semillas para la siembra, hoy el proyecto oficial habla de entre 2 y 3 años, cuando según los semilleros debería ser de entre 10 y 15 porque según dicen, esos son los plazos necesarios para cubrir los costos de investigación que lleva el desarrollo de cada evento.

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