DONNELLEY
El Gobierno dice que se confundió y no aplicará la Ley Antiterrorista
A casi una semana del anuncio de Cristina Fernández sobre la aplicación de la Ley a la gráfica Donnelley, el titular de la Comisión Nacional de Valores explicó que fue una confusión la Presidente.
NECOCHEA (Cuatro Vientos) – Llamativamente, tuvo que pasar casi una semana del anuncio de la Presidente Cristina Fernández sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a la imprenta Donnelley, para que el Gobierno de marcha atrás, y reconociera que "hubo una confusión”.
La primera mandataria sorprendió en la tarde del miércoles pasado, al denunciar que algunos fondos buitre están detrás de la "quiebra exprés" que tramitó la empresa gráfica de origen estadounidense, ubicada en Garín, con la presunta colaboración de la Justicia argentina.
En la mañana de este martes, el Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, puso la cara y salió a aclarar el problema que creó la jefa de Estado frente a gobernadores y empresarios.
Vanoli explicó que "una confusión" y que la denuncia que instrumentará la Administración Federal de Ingresos la denuncia es por "quiebra fraudulenta".
La semana pasada, la Presidente objetó el proceso de quiebra que antecedió al cierre y sugirió que la medida no respondía a cuestiones económicas sino a la intención de "crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas". Por ese motivo, anunció que se le aplicará a la empresa la llamada "Ley Antiterrorista, porque buscan alterar el orden económico y financiero" del país.
En ese sentido, la máxima autoridad del mercado bursátil aclaró que la mencionada Ley se aprobó en el Congreso el mismo día de la polémica norma sancionada por recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que obtuvo duras críticas tanto del arco opositor como de las filas del propio oficialismo.
En comunicación con radio Del Plata, Vanoli explicó que "no tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo".
Además aclaró que "la denuncia de la AFIP no es bajo la ley antiterrorista, sino por quiebra fraudulenta", y explicó que de comprobarse que la firma falseó la quiebra, podrían derivar en la aplicación de "la ley de delitos económicos".
