TARIFAS

Gas: Vuelven a pedir que Necochea sea declarada "zona fría"

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires volvió a solicitar en la Audiencia Pública por el nuevo cuadro tarifario que nuestra ciudad sea incluída en las llamadas "Zonas Frías" para tener una tarifa diferenciada.
jueves, 22 de septiembre de 2016 · 10:10
La Defensoría del Pueblo de la Pcia de Buenos Aires a través del Area de Servicios Públicos intervino de la Audiencia Pública por el Aumento tarifario del gas que se celebró el pasado fin de semana en Buenos Aires.

En la misma se realizaron exposiciones acerca de los diferentes aspectos que el Gobierno debería tener en cuenta para llevar a cabo la modificación del cuadro tarifario. En su presentación, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires volvió a reiterar el pedido de cambio de parámetros de consumo para la zona del sudeste de la provincia teniendo el factor climático (Zona Fria)

En su presentación la Defensoría pidió que "la tarifa que se proponga contenga los principios de progresividad, razonabilidad y proporcionalidad, como lo pidiera la Corte Nacional” y que "la tarifa social a implementarse contemple parámetros flexibles de ingreso determinando la verdadera situación social del individuo y su grupo familiar y se descarten parámetros tales como la posesión de un automóvil de 15 años.”

Este es el texto completo de lo que presentó la Defensoría durante la Audiencia Pública:

Desde hace varios años esta institución  predica insistentemente en la necesidad  de la realización de AUDIENCIAS PUBLICAS.

Esta posibilidad, esta búsqueda de una legitimidad de las decisiones gubernamentales, solo se logra cuando los ciudadanos  son respetados en todos sus derechos. Cuando los derechos de los mismos prevalecen por sobre los intereses económicos, comerciales etc. La seguridad no es solo económica, es ambiental, es social, es política y, en este sentido debe incorporar la democracia sustantiva, garantizando la participación  ciudadana más allá del acto electoral. 

La Democracia como sistema político exige transparencia en la actividad estatal, a fin de desalentar las prácticas corruptas y mantener la estabilidad y el desarrollo económico y social. Asimismo, la sociedad civil solamente puede involucrarse activamente en la "cosa pública” cuando se encuentra bien informada. Acceder a la información pública, entonces, permite simultáneamente controlar al Estado y profundizar el marco de conocimiento y de acción de los destinatarios de la misma. 

La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno de turno ; éste tiene la información sólo en cuanto representante de los ciudadanos.

Las opiniones que se expresen en la audiencia pública no son vinculantes para las autoridades convocantes. Este mecanismo no es un instrumento para reemplazar a las autoridades gubernamentales. Más bien se trata de un mecanismo que permite a los habitantes contribuir a la calidad de las decisiones públicas gracias a la presentación simultánea de perspectivas y conocimientos provenientes de un amplio y diverso espectro de actores.

Es de destacar que esta institución desde su creación misma ha resaltado  la importancia de las audiencias públicas ya que que desde la realización de la primera audiencia informativa realizada en el año 2012 en la sede de la Defensoría  por el aumento de la tarifa de agua,de la prestadora ABSA,  hasta la fecha ha bregado para que se plasme la obligatoriedad  de la realización de la Audiencia Pública, ya sea a través de su recepción jurisprudencial o normativa. 

Tal situación  se vio reflejada en la realización de las audiencias en la Pcia  de Buenos Aires  por la modificación tarifaria del agua en los año 2014 y 2016 y por el aumento del servicio de energía electrica,  enla ciudad de  Mar del Plata el pasado 28 de Julio de 2016, en las cuales esta defensoría+ fue un actor relevante.

Ese recorrido hacia lo que hoy es ya una "situación indiscutible”, es la resultante del esfuerzo de distintos actores (usuarios individuales, asociaciones de usuarios, legisladores, concejales, instituciones de derechos y la propia Defensoría del Pueblo. 

En cuanto al tema que nos convoca  a esta Audiencia expresaremos que la tarifa que se proponga contenga los principios de progresividad, razonabilidad y proporcionalidad tal lo sugerido por nuestro maximo tribunal en reciente fallo  y que la implementación sea realizada con la suficiente antelación para que los usuarios cuenten con la información suficiente para tomar las decisiones respecto al uso racional del gas natural.( lo que llamamos nosotros  educación para el ahorro)

Además proponemos que la tarifa social a implementarse contemple parámetros flexibles de ingreso determinando la verdadera situación social del individuo y su grupo familiar y se descarten parámetros tales como la posesión   de un automóvil de 15 años de antigüedad teniendo en cuenta también la situación especial de los  desocupados y personas con discapacidad.

También es necesario contemplar para el ingreso al cuadro tarifario especial de las entidades de bien público (Clubes barriales, sociedades de fomento, bibliotecas, comedores comunitarios, etc).mayor flexibilidad en los requisitos administrativos para acceder a tal beneficio, dado el importante rol de estas instituciones en la sociedad en la contención de nuestros niños y jóvenes. (Sabemos que no siempre es posible tener toda la documentación solicitada al día).

Otra cuestión a tratar es la de producir un cambio  en los parámetros de consumo para la  categorización en ciertas zonas de la Pcia de Bs As cuyos climas son similares a las llamadas zonas frias de otros lugares del pais,( tales como  por Ej. los municipios de Gral Pueyrredon, Gral Alvarado, Necochea, Bahia Blanca etc) donde la necesidad de consumo es más alta y prolongada en el tiempo, comparada con otros distritos   donde las temperaturas promedios son más elevadas.

Para finalizar no olvidemos la necesidad que el Organismo de control genere los mecanismos necesarios a los efectos de controlar la transparencia y cumplimiento de los planes de inversión de las concesionarios, contemplando obras de extensión de la red para beneficiar a aquellos ciudadanos que en la actualidad recurren al uso de la garrafa, sabiendo de antemano el impacto negativo que esto refleja en la economía familiar, como también en la extensión de la red  en las ciudades que cuentan con el servicio en el máximo de su capacidad no permitiendo nuevos emprendimientos habitacionales, industriales  y comerciales,  abortando la posibilidad de inversiones privadas las que generarían un aumento importante en la ocupación de mano de obra. 

 

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