Nuevos rechazos al 2x1 a genocidas
Nuevas expresiones de rechazo contra el 2x1 a genocidas se escucharon desde Necochea. Los trabajadores de La Bancaria y de la UNICEN lanzaron comunicados. 30 fotos
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El fallo de la Corte Suprema de Justicia de otorgar el beneficio del 2x1 y reducir la condena a un paramilitar que funcionó en un centro clandestino de detención en los 70's generó un amplio rechazo de la comunidad.
La posibilidad que el precedente que sentó la Corte ahora empiece a replicarse en otros casos, algo que ya ha generado de hecho cierto movimiento entre otros genocidas presos, produjo las reacciones de organismos de DD.HH., Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, sindicatos de todos los sectores y partidos políticos, además de militantes y actores reconocidos de la vida civil.
Ahora dos agrupaciones expresaron en Necochea su abierto rechazo al 2x1 para casos de criminales de lesa humanidad: trabajadores de UNICEN y de los bancos de la ciudad.
En un comunicado emitido este viernes, los gremios ADUNCe (Docentes) y ATUNCPBA (Nodocentes) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires "repudian el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que otorgó el beneficio del 2x1 a un genocida condenado. La resolución del máximo tribunal de la Justicia argentina abre la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad puedan quedar libres".
"Ambos gremios apoyan la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia que llevan adelante las Madres y las Abuelas y acompañan a las mismas en el camino para intentar revertir esta decisión en fueros internacionales de justicia", agrega el breve comunicado.
Por su parte, el sindicato de bancarios, la Asociación Bancaria, sacó su propio texto en rechazo a la decisión del máximo tribunal. El texto lleva la firma de Demian Ledezma, titular de La Bancaria en Necochea, y Aníbal Del Prado, Secretario de DDHH de la Seccional Necochea Género e Igualdad:
Como si todavía faltara alguna demostración, el gobierno de ricos, por ricos y para ricos que hoy gobierna nuestro país, a través de sus jueces adictos, ha dado un paso más en el proceso de deterioro del estado de derecho que se iniciara con la arbitraria e ilegal detención del dirigente social milagro sala.
La corte suprema de justicia ha dictado un fallo insólito, arbitrario, fuera de tiempo, que forma parte de todo un conjunto de medidas tendientes a paralizar los juicios de lesa humanidad en desarrollo y que, no casualmente, coincide en el tiempo con la absurda propuesta de reconciliación presentada por la iglesia argentina.
El fallo de la corte, la propuesta de la cúpula de la iglesia católica, las prisiones domiciliarias, la demora injustificable en la realización de los juicios causada por la nula voluntad de avanzar de la mayoría de los jueces, son los hechos más destacados de un proceso que apunta a terminar con los juicios de lesa humanidad.
No por casualidad ocurre en este momento. Los juicios y las investigaciones han comenzado a señalar a responsables y cómplices civiles de la dictadura, a empresarios y grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura, que la apoyaron y colaboraron con ella, incluso en la represión, como es el caso de Ford motor argentina o el ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, hoy beneficiada por la justicia de Jujuy, controlada por el incalificable gobernador Morales.
Estos grupos empresarios que se enriquecieron con la dictadura cívico-militar –eclesiástica son los mismos que derribaron el gobierno democrático del Dr. Alfonsín, los que se quedaron con las empresas del estado en los años 90, los que lucraron haciendo negocios sucios con gobiernos corruptos, y, los que hoy tienen a sus gerentes sentados en el gabinete nacional, gobernando sin intermediarios políticos.
Investigar las complicidades civiles con la dictadura termina, inevitablemente, en estos grupos económicos. Por eso hay que detener los juicios de lesa humanidad, borrar la memoria, tirar a la basura 40 años de lucha de los organismos de derechos humanos, de familiares y sobrevivientes, retroceder en todos los terrenos que se avanzó en los últimos años para consagrar la impunidad, el negacionismo, la mentira.
Se apela a una supuesta reconciliación y, aunque parezca increíble, se habla de igualdad ante la ley para justificar la aplicación del 2x1 a los presos de lesa humanidad.
Todo lo contrario; En primer lugar, la ley 24390 conocida como del "2x1”, se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Mientras esa ley estuvo vigente, el represor Luis Muiña ni siquiera estaba procesado, porque en ese momento estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final; En segundo lugar, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco pueden reducirse. En tercer lugar, al contrario de igualdad ante la ley, quienes participaron del terrorismo de estado serán a partir de ahora los únicos beneficiarios del "2x1”. dado que la norma se derogó hace más de 15 años, y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los 12 años, es imposible que alguien juzgado ahora por cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma manera, pues debería ser un delito cometido antes de 2001.
De esta forma, lo que el fallo de la corte adicta trae no es igualdad ante la ley sino todo lo contrario:
Los torturadores, los secuestradores, los ladrones de niños, los asesinos de monjas, los que arrojaron gente viva al mar serán los presos más privilegiados del país. Esos son posibles gracias a que tuvieron 25 años de impunidad.
Todo configura un cuadro más que preocupante de deterioro del estado de derecho. El negacionismo respecto a la dictadura, el desprecio absoluto por los trabajadores, la ofensiva antisindical, los hechos de represión cada vez más frecuentes, la persecución a los pibes en barrios humildes, las políticas de mano dura , la cobertura brindada por los medios masivos de comunicación dan una idea de lo que nos espera a los trabajadores y el pueblo con este gobierno reaccionario, conservador, de gerentes de empresas , con la misma ideología que la dictadura en materia económica y social, como surge en cada declaración del presidente o alguno de sus ministros.
Frente a esto, redoblamos el compromiso en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en su concepción más amplia, que implica salarios justos, educación, vivienda, seguridad, atención médica y, también, ejercicio de memoria, verdad y justicia.
Los trabajadores argentinos, más allá de muchos dirigentes, tenemos una larga tradición de lucha y movilización contra las políticas antipopulares, de ajuste con represión como intenta el actual gobierno.
Esta vez no será la excepción.
ESTAREMOS A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.-
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