La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). La resolución, que contó con el respaldo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , rechaza la apelación del Poder Ejecutivo contra el decreto 759/25, con el cual se pretendía suspender la actualización de fondos para la educación superior así como con el financiamiento de becas estudiantiles y programas académicos que habían sido suspendidos.

El máximo tribunal desestimó los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano bajo el argumento de que no se dirigirán contra una sentencia definitiva, manteniendo así la vigencia de la cautelar mientras el juicio principal continúa su curso en la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal.

Entre los fundamentos del fallo, los magistrados destacaron que evitar la aplicación de la ley podría ocasionar perjuicios graves y un deterioro salarial irreversible , afectando derechos fundamentales como el de enseñar y aprender. Además, la Corte indicó que el ahorro fiscal derivado del incumplimiento de la norma no resultaba significativo frente al presupuesto total de la Administración Pública Nacional.

La disputa presupuestaria de fondo es profunda: la ley vigente establece una inversión mínima del 0,75% del PBI para las universidades, mientras que el Gobierno recientemente había intentado limitarla al 0,6%, tras un acuerdo previo que apenas cubría aumentos parciales y gastos operativos. Con este fallo, las casas de altos estudios obtienen un respaldo jurídico clave para exigir el cumplimiento integral de los fondos sancionados por el Congreso Nacional.