El gobierno investiga a intendentes K y usuarios de redes por los disturbios en el Congreso

Luego de la violencia deatada el lunes pasado en el Congreso, el gobierno de Mauricio Macri y los de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires lograron identificar a decenas de manifestantes que se enfrentaron en forma violenta con la policía y cuyas imágenes y nombres aportaron a la Justicia. Según el gobierno, estarían vinculados con intendentes y sindicatos kirchneristas, la UOM de Quilmes, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

La causa que investiga el juez federal Sergio Torres podría tener avances significativos la semana próxima. Está caratulada con los delitos de sedición, resistencia a la autoridad e intimidación pública. La figura de sedición tiene penas de uno a seis años de prisión (artículos 229 y 230 del Código Penal).

Pero más allá de individualizar a los delincuentes, lo que quiere el gobierno es investigar un supuesto plan organizado para impedir, mediante la violencia política, que sesionara el Congreso, que debatía la ley de reforma previsional. Así, se investigará a los jefes de esos partidos políticos u organizaciones.

Fue por eso que se requisaron colectivos, con sus patentes, que transportaban armas blancas, morteros, bengalas, bombas molotov, gomeras, bulones, facas, elementos punzantes y miguelitos. 

Los disturbios causaron 160 heridos, entre ellos 88 policías, 68 detenidos, liberados a las 24 horas. La fiscal María Magnano, recibió informes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del secretario porteño del área, Marcelo D'Alessandro, y del ministro bonaerense, Cristian Ritondo. También se investiga la participación de barras bravas, aunque no hay precisiones.

El Gobierno sospecha que el financiamiento de las movilizaciones fue de intendentes bonarenses kirchneristas, como Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada, y Walter Festa, de Moreno.

Agresiòn a Julio Bazán

También las fuerzas aportaron a la causa de Torres la identificación de un supuesto agresor del periodista Julio Bazán, del canal de noticias TN: es Ignacio Cano; en una imagen de la cuenta de Twitter @ignaciokno9 se lee: "Lo hubiera matado. Yo le abrí la cabeza ese día". 

Macri se solidarizó anteayer con Bazán y dijo que "no puede alguien que hace un atentado de homicidio ser liberado a las 24 horas", al tiempo que pidió leyes más duras para impedir las liberaciones inmediatas.

La policía bonaerense aportó al juzgado la foto y el nombre de otro posible agresor, Maximiliano Nicolás Pauluk, con domicilio en Ensenada, trabajador de Telefónica de Argentina, afiliado y delegado del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones (Soeesit La Plata). En una cuenta de la red Instagram a nombre de maxpauluk se descubrió una foto de un cartucho de posta de goma utilizado por la policía con el Congreso de fondo, subida cuatro días atrás.

Otros investigados

La pesquisa roza a Mariano Stansiola, afiliado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Quilmes, de cuyo jefe, Francisco "Barba" Gutiérrez, sospecha el Gobierno. Se investiga si actuó en coordinación con intendentes y diputados kirchneritas para hacer caer la sesión en Diputados. Se vio a Stansiola tirando piedras y luego, extrañamente, socorriendo a un policía herido.

La UOM de La Matanza dijo en un comunicado que Stansiola "es injustamente acusado", pero las fuerzas de seguridad lo siguen investigando.

Las fuerzas federales también buscan al prófugo Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unidos (PSTU) y del Frente de Izquierda, que atacó a la policía con un mortero casero. El gobierno porteño aportó a la causa una foto de este en una conferencia partidaria junto a Nicolás Del Caño, que lidera el Partido de los Trabajadores Socialistas, y a Néstor Pitrola; jefe del Partido Obrero y del Polo Obrero.

También se incluyeron en el expediente judicial fotos y cuentas de redes sociales del policía bonaerense del comando de la patrulla de Escobar, Damián Ferrero, que tiraba piedras y fue desafectado de la fuerza. En esas redes se manifiesta como militante kirchnerista. 

La conexión con el Partido Obrero (PO) es inquietante. El juzgado de Torres tiene fotos de un activista identificado como el "Karateca" César Javier Arakaki, que golpeó con un palo en cada mano a un policía de la Ciudad caído en primera fila. Se lo sindicó como militante del PO de Caballito y profesor de Sipalki-do en un gimnasio de ese barrio y supuesto experto en manejo de cuchillos.

En las redes sociales aparece fotografiado junto a Celia Burgueño, también del PO, a la que se identificó como la que rompía un banco de la plaza del Congreso con una maza. En su portal Prensa Obrera, bajó el título "Basta de injurias a Celia Burgueño", el PO negó que fuera ella la que destrozaba banco. Se investiga un supuesto posteo en Facebook que amenaza a Macri: "Hay que matar al Presidente, a todos los funcionarios y a todas las fuerzas represivas! Las balas que ustedes tiran les van a volver, forros"