Pensiones Honorificas
Ex combatientes de Malvinas inician juicio a la ANSES
Los ex conscriptos le piden al organismo previsional que reconozca los años que estuvieron sin cobrar una pensión tras el regreso de la guerra.
La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina presentó una demanda judicial contra la ANSES para que reconozca los diez años que los ex soldados estuvieron sin cobrar una pensión tras el regreso de la guerra.
Walter Di Giuseppe, el abogado patrocina de los ex combatientes, explicó a NA que el objetivo de la demanda es el cobro de la retroactividad en las "Pensiones Honorificas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur".
Esas pensiones fueron otorgadas por la Ley 23.848 pero su decreto reglamentario Nº 2634/90, excediendo el marco legal, estableció un criterio para aquellos que regresaron con vida, decidiendo que las pensiones se otorgarían a partir de la fecha de su solicitud mientras que para aquellos que fallecieron en el conflicto bélico, cobrarían sus familiares desde la fecha del deceso.
Di Giuseppe explicó como se agotaron las vías del dialogo y administrativas, se procedió a peticionar la inconstitucional del mencionado artículo a fin de que se abonen las prestaciones adeudadas desde el 2 de abril de 1982.
El letrado radicó el juicio caratulado “Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina contra ANSES sobre Pensiones con Medida Cautelar Adjunta” (Expediente N.CSS/13501/2018) en el Juzgado Nº 2, que conduce Fernando Strasser.
Rubén Rada, presidente de la Confederación, dijo que a pocos días de cumplirse los 36 años de la guerra de Malvinas, los ex combatientes siguen “luchando como aquel día” con el uniforme de José de San Martín y la bandera de Juan Manuel Belgrano.
“Nuestro único objetivo fue defender a la Patria sin dudarlo, sin pedir explicaciones ni comprender demasiado a que nos estábamos enfrentando. Pusimos nuestra vida en juego en pos de la soberanía, y por qué no, dado el resultado adverso de la guerra, dejando nuestra sangre en pos de la democracia”, expresó Rada.
La acción judicial plantea la inconstitucionalidad del decreto reglamentario y peticiona el pago actualizado mediante la Tasa Activa del Banco Nación y en dinero de curso legal, contando además con una Medida Cautelar Innovativa en virtud de los miles de millones reclamados, a fin de garantizar el pago de los mismos.
