"RACIONALIDAD TARIFARIA"

Defensoría del Pueblo bonaerense planteó la nulidad del cuadro tarifario de luz y gas

domingo, 20 de mayo de 2018 · 11:31

El defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, solicitó la "nulidad e  inconstitucionalidad del cuadro tarifario de luz y de gas que se ejecuta en la provincia". Hizo el pedido porque considera “confiscatorio” el aumento de las tarifas de esos servicios y dijo esperar que “la Justicia ordene este descalabro".

"Seas jubilado de la mínima o seas un discapacitado, pagás lo mismo que un usuario de Nordelta ya que la tarifa social es un título, casi inexistente”, advirtió Lorenzino, quien en ese sentido agregó: “El Estado hace 26 meses que ha tomado partido por los más poderosos, con lo cual no está cumpliendo hoy su rol esencial que es cuidar a los más débiles, a los más desprotegidos."

El defensor del Pueblo bonaerense recordó en diálogo con FM La Patriada que desde hace un año "viene planteando la falta de racionalidad tarifaria" y remarcó que “hay una falta de proporcionalidad y además hay que mirar que el salario no aumentó” en la misma medida que los servicios públicos. También señaló que "si había que actualizar las tarifas, porque supuestamente en 12 años no se hizo, no se puede ahora actualizarlas en dos”.

Además de recurrir a la Justicia, Lorenzino intimó el jueves pasado a las empresas distribuidoras de gas natural que prestan servicio en territorio bonaerense a que se abstengan de interrumpir la provisión por falta de pago, teniendo en cuenta "el contexto de aumento de tarifas y el cada vez menor beneficio que se puede obtener de la tarifa social".

Piden garantizar un servicio mínimo de gas a los usuarios residenciales

La Defensoría del Pueblo bonaerense intimó a las empresas distribuidoras de gas natural que prestan servicio en la Provincia a que se abstengan de interrumpir el servicio por falta de pago. Al respecto, el secretario Legal y Técnico de la Defensoría del Pueblo provincial, Diego Beghelini, enfatizó ayer en diálogo con EL DIA que uno de los objetivos es que las empresas deben “garantizar un servicio mínimo” a los usuarios residenciales.

“Reclamamos que se garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna para que la gente pueda vivir sin la angustia del corte total, sobre todo para las familias con niños, adultos mayores, enfermos, con personas con discapacidad o para los que menos tienen”, había dicho, al respecto, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El organismo definió el consumo mínimo en dos bloques de tarifa social, beneficio económico que de todas formas criticó por exiguo, sobre todo luego de las modificaciones que le introdujo el gobierno nacional.

“Planteamos un piso de derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la gente que no pueda pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente”, puntualizaron desde el organismo.

Beghelini sostuvo que esta intimación de la Defensoría “debe ser tenida en cuenta” por las empresas, porque el organismo, de no cumplirse, “cuenta con mecanismos para accionar legalmente”.

Por otro lado, señalaron que otro aspecto que debería discutirse es el precio del gas en boca de pozo, debido al impacto en las facturas del servicio.

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