Tres de cada diez niños que está en conflicto con la ley penal está fuera del sistema educativo

Los números son alarmantes. La Corte Suprema de Justicia difundió las cifras sobre intervenciones judiciales a nivel nacional en 2018 dieron a conocer que 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNyA) que están en conflicto con la ley penal se encuentra fuera del sistema educativo.

Ahora, solicitan que el Estado no avance en medidas punitivas y garantice la plena aplicación de derechos.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, señaló que “más del 31% de los jóvenes, de entre 13 y 18 años, que resultaron denunciados y/o imputados por algún hecho delictivo, no estaban escolarizados. Peor aún: 1 de cada 10 ni siquiera terminó la primaria, y se registran casos de NNyA que nunca aprendieron a leer ni a escribir”.

Asimismo, al observar los registros del Poder Judicial Nacional, correspondientes al 2017, expresó que “se puede observar que no se utilizaron eufemismos al cargar datos sobre nivel de instrucción de cuatro jóvenes –dos de ellos en situación de calle- imputados por robo: ‘Nunca asistieron a la escuela’”.

La Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dada a conocer hace pocos días, planteó interrogantes al Estado argentino para comenzar a resolver la situación.

El organismo internacional pidió no avanzar en medidas punitivistas como la baja de la edad de imputabilidad y exhortó a ampliar los mecanismos de “desvío” de los niños y niñas de forma tal de poder alejarlos de los procesos vinculados a la burocracia judicial y enviarlos hacia programas efectivos. Además, solicitó extender el uso de medidas no privativas de la libertad para garantizar que la detención sea una medida de último recurso.

El 27 de septiembre se celebra en el país el Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese momento, pero del año 1990, el Congreso sancionó la ley que incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional que había sido votado un año antes por la Organización de las Naciones Unidas.

“En lo que se refiere al reconocimiento de derechos a los NNyA, nuestro país se encuentra a la vanguardia en materia legislativa. Podemos jactarnos de tener leyes de avanzada, similares a las que rigen en las naciones más desarrolladas del planeta. Lamentablemente, no ocurre lo mismo respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino cuando adhirió y ratificó la Convención, y cuando el poder legislativo sancionó normativas específicas que diagramaron el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños a nivel nacional y provincial”, sostuvo Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría del Pueblo.