La Provincia dice que “los puertos no tributan” y que “es necesario discutir una nueva ley”

Luego de la sanción de la Ley Impositiva, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, expresó su satisfacción por haber alcanzado esta normativa, pero lamentó el costo que tendrán las modificaciones impuestas por la oposición. En ese punto, señaló que “la provincia prácticamente no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria”.

La Ministra le dedicó largos minutos a la administración de puertos por parte de los consorcios, entes públicos no estatales que administran puertos como el de Quequén y el de Bahía Blanca, los más importantes de la Provincia.

“La provincia de Buenos Aires es el frente marítimo más grande de todo el país y como frente marítimo tiene los puertos más importantes. Por distintas leyes y resoluciones a lo largo de los años, los puertos están en manos de consorcios, semi administrados, por los municipios y los consorcios. Los consorcios son prácticamente consorcios privados y lo poco que tributan forma parte de la propia dinámica del consorcio, digamos la provincia prácticamente no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria”, dijo García en diálogo con la radio Continental.

Y agregó: “Esto significa un gran problema para la provincia. La recaudación estimada con grabar la actividad de los puertos era aproximadamente de $4.000.000 muy necesarios para la provincia, no solamente para el tema de escuelas o de salud, sino para la propia dinámica del traslado de la producción, mejora de caminos rurales, infraestructura cercana a la actividad portuaria”.

Según pudo saber Cuatro Vientos, en base a las declaraciones vertidas por la ministra García, los puertos provinciales están analizando por estas horas con detenimiento esta situación.

“Lamentablemente la oposición, Cambiemos, hizo prevalecer su requerimiento, su exigencia, con respecto a la eliminación de gravamen y la provincia ha perdido una considerable cantidad de dinero”, señaló la funcionaria provincial.

En el artículo 100° de la ley, sancionada por los legisladores bonaerenses el miércoles pasado, se establece para este año y "con carácter extraordinario" algo que se señala en el texto como un "incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos", pero en los hechos funciona como una tasa fija aplicable a las actividades de los puertos de la provincia, que ya están gravadas por Ingresos Brutos con alícuotas de 3,5% y 1,5% (dependiendo de la actividad).

En concreto, se cobrarán $47 extra por cada tonelada -o fracción superior a 500 kilos- de mercadería cargada, $139 por cada tonelada descargada y $23 por cada tonelada removida.

Solo quedan fuera del alcance de las sobretasas las "mercaderías en tránsito", los productos vinculados con la actividad pesquera y la arena y otros productos áridos (entre lo que se incluye, por ejemplo, la arena que se utiliza para la extracción de petróleo en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta).

Los portuarios aseguran que la suba generará una relocalización a puertos como el de Rosario de gran parte de las operaciones que afectará directamente a las terminales más importantes de Buenos Aires, como lo son Quequén y Bahía Blanca. En ese sentido, García apuntó que “en principio esto no es una imposición que afecta severamente a quienes hoy, yo hablo de la administración, la administración de los consorcios portuarios, y mucho menos a los productores”.

“Me parece que lo que estamos hablando es de una lógica administración de los puertos y la lógica recaudación qué tiene que tener la provincia sobre los puertos que están en su territorio. Yo descreo la verdad, lo digo respetuosamente, descreo y estimó que no es cierto, que no va a haber un traslado hacia otros puertos”, manifestó.

Y concluyó: “Hoy por hoy la provincia tiene un problema serio con la actividad portuaria, será necesaria discutir una nueva ley de puertos, es cierto, pero por el momento me parece que quienes tienen sus actividades económicas más importantes en los puertos, que además realmente tiene una enorme actividad económica, tienen la responsabilidad de tributar como lo hacen otras actividades”.