Funcionarias insisten en que la Justicia tenga una perspectiva de género

Funcionarias nacionales, provinciales y abogadas feministas volvieron a insistir hoy ante el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados en la necesidad de trabajar para lograr que la Justicia tenga una perspectiva de género, y que haya una tarea conjunta entre los poderes del Estado para atender a las víctimas.

Las posiciones fueron expresadas en la tercera reunión informativa del plenario de comisiones de Legislación Penal, y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) y Mónica Macha (Buenos Aires).

Gaillard anunció que en la próxima reunión expondrá la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, sobre las iniciativas que es necesario aprobar en el Congreso para poder prevenir la violencia de género y atenuar las prisiones para las mujeres embarazadas o a cargo de menores.

Y señaló que “el Estado en sus tres poderes debe estar presente" y que por eso desde "el legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto.”

En tanto, Macha se manifestó también en línea con la idea del "trabajo conjunto de ambas comisiones" para que la legislación "tenga una mirada feminista y transfeminista".

"Estos encuentros son un buen método para trabajar estas temáticas”, dijo Macha.

En esa misma línea, la diputada oficialista Vanesa Siley sostuvo que es "necesario que el derecho penal tenga un lenguaje inclusivo" y defendió su proyecto para otorgar prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y con niños menores.

En la reunión informativa, la abogada feminista Soledad Deza alertó sobre el riesgo de "un aumento de penas" y señaló que "el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual".

Agregó que fue "reproductor de grandes controles de vidas" con un "poder punitivo" que funciona con "una maquinaria violenta y machista".

En ese sentido, Gaillard aclaró que "no necesariamente se tienen que plantear aumentar penas sino buscar las mejores herramientas para rediscutir el derecho penal con una visión feminista".

La directora del Programa de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Carpinei, señaló "dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género".

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos, Mariana Broggi, aportó que en su provincia se pudo implementar una mesa intersectorial entre los tres poderes sobre políticas de género y señaló que "se debe legislar teniendo en cuenta reducir la sobreintervención de los dispositivos y lograr la territorialización de las políticas".

En tanto, la ex diputada radical María Luisa Storani advirtió sobre la "violencia obstétrica" que se agudizó en la pandemia y señaló que "cuando se inicia la denuncia, se inicia un proceso de acceso a la Justicia que, en vez de ser un campo de rosas, es de espinas".

"Hay un proyecto de Acompañantes Comunitarios fundamental para asesorar y acompañar ese acceso a la Justicia", puntualizó.

La directora Ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, advirtió que "cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.

En tanto, la titular de la Fiscalía Temática de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género de General Pico, La Pampa, Ana Laura Ruffini, dijo que "no es neutral la construcción del derecho ni la interpretación que del mismo se hace".