La Provincia imputó a seis empresas de medicina prepaga por cláusulas abusivas: Podrían enfrentar multas millonarias
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, avanzó en la imputación de seis empresas de medicina prepaga: Medicus, Galeno, Swiss Medical, Omint, Cemic y Medifé. Estas compañías están en la mira por la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos, que afectan a usuarias y usuarios bonaerenses, además de incumplir normativas de transparencia y defensa del consumidor. Las sanciones podrían superar los $1300 millones para cada una de las empresas involucradas.
Cláusulas abusivas y falta de información
La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectó diversas irregularidades en los contratos de adhesión de estas empresas, que deben ser aceptados sin posibilidad de modificación, infringiendo la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Entre los hallazgos más relevantes se destacan cláusulas que autorizan aumentos de cuotas no informados previamente, discriminación por edad en los costos, y la ausencia de publicaciones claras sobre las condiciones contractuales en los portales web de las empresas.
Además, se identificaron prácticas que violan el deber de brindar información clara y precisa a los consumidores. Un ejemplo alarmante es el de Swiss Medical, que establece en sus contratos la posibilidad de cobrar gastos no especificados en casos de mora y la facultad de dar de baja el servicio sin notificación previa.
En el caso de Omint, los contratos mencionan que los consumidores aceptan condiciones esenciales como cobertura, precios y variaciones. Sin embargo, estas condiciones no están detalladas en el documento, y se hace referencia a un "Manual del Beneficiario" que no se entrega automáticamente, sino que debe ser solicitado por los usuarios. Este manual también contiene modificaciones contractuales que se notifican exclusivamente a través de su sitio web, trasladando la responsabilidad al consumidor.
Medifé, por su parte, incluye en sus cláusulas la reserva de cobrar gastos adicionales en casos de mora, pero sin especificar su naturaleza ni montos. Galeno, por otro lado, utiliza formularios de asociación que hacen referencia a un reglamento general que no está publicado en sus plataformas digitales.
Cemic tampoco informa de manera adecuada cómo notificará modificaciones contractuales a sus afiliados, permitiendo que estas se realicen sin el tiempo de antelación establecido por la normativa.
Por último, Medicus aplica un aumento del 40% a mayores de 70 años y permite fijar aranceles o topes de reintegros sin brindar información precisa. Además, establece la terminación del contrato por falta de pago, desconociendo la obligatoriedad de respetar un período mínimo de tres cuotas consecutivas impagas antes de rescindir el servicio.
Multas y normativa aplicable
La imputación se basa en infracciones a los artículos 4° y 37 de la Ley N° 24.240, que regulan la información y las condiciones de los contratos. También se mencionan incumplimientos de resoluciones específicas de la ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor, así como de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
La normativa exige que los contratos de adhesión sean transparentes y respeten los derechos de las y los consumidores. Esto incluye brindar información clara, completa y accesible, algo que las empresas no han garantizado en los casos detectados. Las sanciones que enfrentan podrían ascender a más de $1300 millones por compañía, un monto significativo que busca desalentar estas prácticas abusivas.
Control y acciones conjuntas
Con estas imputaciones, la Provincia refuerza su compromiso de controlar los contratos de adhesión y garantizar que sean justos para los consumidores. Este tipo de contratos, al no permitir la negociación de términos, suelen ser un espacio propicio para la imposición de cláusulas que vulneran derechos. La modificación o eliminación de estas cláusulas es una medida clave para proteger a las personas usuarias.
El gobierno bonaerense destacó que estas acciones se enmarcan en una estrategia integral para proteger los derechos de consumidores y usuarios. En línea con esto, este lunes se llevó a cabo en La Plata el plenario anual de municipios del Consejo Provincial de Consumidores, donde se compartieron experiencias y se coordinaron políticas entre autoridades provinciales y organismos municipales.
Impacto en los consumidores bonaerenses
El alcance de estas prácticas abusivas es amplio, afectando a miles de usuarios en la Provincia de Buenos Aires. Las irregularidades detectadas generan incertidumbre en los consumidores, quienes muchas veces desconocen sus derechos o no tienen acceso a la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud.
La falta de publicación de los contratos en los portales web, la opacidad en los incrementos de costos y la discriminación por edad son solo algunos ejemplos de cómo estas empresas desatienden las obligaciones que establece la normativa. Además, las sanciones buscan enviar un mensaje claro: el cumplimiento de las leyes de defensa del consumidor no es opcional.
El camino hacia una mayor transparencia
La imputación de estas seis empresas de medicina prepaga marca un paso importante hacia la regulación efectiva del sector, uno de los más sensibles y estratégicos en la vida de las personas. Las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de que las empresas adecuen sus contratos a la legislación vigente y garanticen condiciones justas y transparentes para todos los usuarios.
