Un nuevo INDEC mas realista y camino al crédito externo

NECOCHEA (Cuatro Vientos) -  Era uno de los test que el mercado esperaba con mayor ansiedad. Es que, según lo que ocurriera con el nuevo Índice de Precios Nacional y Urbano (IPCNu), se interpretaría hasta dónde el Gobierno estaba dispuesto a reconocer la realidad, o si seguiría haciendo prevalecer su relato por sobre los datos duros.

Sobre todo, teniendo en cuenta que enero fue el mes menos oportuno para el estreno, dada la fuerte devaluación del peso, el aumento en combustibles, transportes, peajes y alimentos, la categoría con mayor incidencia dentro del índice.

Según el sitio iProfesional, a este panorama negativo se suma la presión que implica presentar un número coherente para el FMI, por lo que se esperaba que el IPCNu debutara con una cifra alta, lejos de los 0,8% o 0,9% mensuales de los últimos años.

Con una inflación oficial para enero del 3,7%, se está ante un claro guiño al mercado por parte del Gobierno en el sentido de que, a pesar de la radicalización en el discurso (y de que busque culpar a los empresarios), ya no se va a seguir negando el problema inflacionario.

Tanto los consultores privados como la oposición festejaron el sinceramiento del índice.

Según Orlando Ferreres -uno de los economistas multados por Guillermo Moreno por difundir sus propias cifras -el nuevo indicador es "correcto" y aclaró que hasta los porcentajes en la categoría Alimentos y Bebidas coinciden con los relevados por su equipo.

El analista Gabriel Rubinstein lo describió como un "buen comienzo para destrabar los problemas", en tanto que Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, señaló que el "3,7% es verosímil".

Hasta Federico Sturzenegger, economista y actual diputado por el PRO, y Ricardo Delgado, asesor de Sergio Massa, aplaudieron el nuevo índice.

Según los especialistas, la diferencia con las estimaciones privadas (que dieron una suba de precios para enero de entre un 4% y un 6%) recae en la ponderación del aumento del servicio de transporte público en el área metropolitana.

"El número del Indec es creíble, porque la diferencia con la inflación calculada por la Ciudad es por la suba de los transportes, eso explica más del 1% de diferencia entre ambos", señaló Sturzenegger.

Ahora, con este nuevo número, el Gobierno deberá "ajustar" los ítems pendientes en una agenda presionada por el "timing", que son:

1. Tema salarial

"Reconocer una inflación alta es positivo para sincerarse, pero tiene sus consecuencias, entre las que se destacan los reclamos por paritarias", señaló Lorenzo Sigaut, economista jefe de Ecolatina.

Es que la nueva cifra le dará aun más razones a los gremios para pedir aumentos por encima del 35%.

"La presión sindical va a ser alta, los gremios se van a agarrar de este número para decir ‘menos de esto no queremos'", señaló Ferreres.

Y agregó que es importante considerar que el índice -al ser total país- atenúa el impacto inflacionario por los aumentos que se den sólo en Buenos Aires, pese a que allí vive una gran mayoría de los asalariados.

Encolumnado en la CGT oficialista, el titular del sindicato de la alimentación,Rodolfo Daer, consideró que la medición del flamante indicador "comienza a manifestar la realidad" en la que, según explicó, la canasta familiar sufrió un fuerte aumento de precios.

"Es un numero duro, pero manifiesta lo que se percibe y de lo que la gente se queja", señaló.

Respecto a la discusión salarial, el sindicalista se mostró partidario de "tomar (el IPCNu) y tenerlo en la mesa de análisis cuando se discutan los salarios".

En tanto, un dirigente de la CGT disidente, Juan Carlos Schmidt, se mostró más cauto: "Es auspicioso que se haya dejado de lado la fantasía, pero si lo proyectamos traza un horizonte bastante complicado en materia económica".

"Nadie se va a querer a sentar a discutir y perder poder adquisitivo", sostuvo tras recordar los aumentos que se registraron a fines del 2013 y el impacto de la reciente devaluación.

En tanto, el sindicalista opositor Rubén "Pollo" Sobrero cuestionó los cambios en el INDEC y aseguró que la situación económica perjudicó a los asalariados.

2. Mercado internacional de deuda

Es sabido que el nuevo índice surgió tras la "tarjeta amarilla" que el FMI le sacara al Gobierno por la desconfianza que generaban las cifras.

Este blanqueamiento está ligado directamente a la escasez de dólares que padece el país. "La Argentina necesita financiamiento externo como el agua", graficó Rubinstein, por lo que el sinceramiento tiene como principal objetivo "estar mejor posicionados frente al Club de París y al FMI".

Así, es evidente que la necesidad de divisas supera la vigencia del discurso y de las políticas internas.

"Si se mantiene este número, estás mostrando al mundo que no hacés algo que hacías en el pasado para que los inversores digan ‘mira, por primera vez en mucho tiempo salen a decir la verdad'", señaló Sigaut.

3. Pago de bonos ajustados por CER y PBI

Queda por verse cómo reaccionarán los tenedores de deuda ante las nuevas cifras y cómo éstas impactarán en las arcas del Gobierno.

En su momento, la decisión por la que se avanzó en intervenir el organismo fue para reducir los compromisos vinculados con aquellos bonos que ajustan por CER (por inflación). Todo indica que la nueva metodología incrementará este tipo de cancelaciones.

Aún resta por conocerse otro dato clave: cuál será la evolución del PBI que irá publicando el organismo.

Es que, según como resulte, hará que el Gobierno deba afrontar además una mayor deuda derivada de aquellos títulos que gatillan el pago si la actividad económica del país supera el 3,26%. En la jerga financiera se los conoce como TVP y están nominados en dólares y en pesos.

4. Consecuencias políticas

Sincerados los números, al menos para el mes de enero, el Gobierno deberá pagar el costo de aceptar que estuvo mintiendo durante siete años y asumir una inflación que superaría el 30% anual.

"Ahora 3,7 se parece a la de Venezuela y el Gobierno tendrá que hacer algo más que echarles la culpa a los empresarios", señaló el analista Diego Dillenberguer.

Pero, por otro lado, el Gabinete se encuentra con el beneficio de empezar a normalizar la situación y reconocer, tácitamente, que hay un problema fiscal.

El por qué de la intervención

Para hablar de los orígenes del "dibujo" en las cifras es necesario remontarse siete años atrás, a enero de 2007, cuando fracasaron los acuerdos de precios que Néstor Kirchner había impulsado con los supermercados.

En este contexto -de cara a la elección presidencial que llevó a Cristina Kirchner al sillón de Rivadavia- el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y su "patota" se instalaron en la sede del organismo y dieron comienzo a una serie de escándalos y episodios violentos.

Un panorama de cifras "dibujadas" llevó a que las consultoras privadas publicaran sus propios índices, cosa que enfureció a Moreno y lo llevó a multarlas.

Así las cosas -silenciados los privados- nació el llamado "Índice Congreso", a través del cual diputados de la oposición difunden un promedio de las mediciones generadas por las consultoras.

Cuando Guillermo Moreno pidió a la Cámara Federal que anule su procesamiento por haberlas multado, argumentó que éstas habían actuado en combinación con el sistema financiero internacional y bancos locales para lograr ganancias con los bonos de la deuda.

Así, usó en contra de los privados la misma causa por la cual se acusa al Gobierno de haber "dibujado" la inflación real.

Los analistas también criticaron este uso de las cifras porque el ahorro que la administración K conseguía en estos bonos se neutralizaba con lo que se pagaba de más por la deuda atada al PBI, teniendo en cuenta que cuando se subestima la inflación se tiende a sobreestimar el crecimiento.

La necesidad por sobre el relato oficial

En plena campaña electoral de 2011, el blanqueamiento del IPC era uno de los ejes fundamentales del debate ya que, de ganar un opositor, iba a ser necesario plantear cómo se iba a reflotar el sinceramiento de las cifras.

Esto es así dado que de modificarse la situación de un día para el otro y admitir al mundo que todo lo declarado hasta el momento por el Gobierno era "trucho", se corría el peligro de exponer al país a juicios y reclamos en tribunales internacionales, dado que la manipulación y su influencia sobre la cotización de los bonos podían ser consideradas como una estafa del Estado argentino.

Pasadas las elecciones y con Cristina electa con el 54% de los votos, no hubo razones para plantear cambios y esta política se profundizó.

Lo que aparentemente terminó por convencer al Gobierno de que había que corregir los números fueron los problemas con el FMI y su necesidad de hacerse de financiamiento externo.

La propia titular del organismo, Christine Lagarde, anunció en un acto que la Argentina tenía "tarjeta amarilla" por sus cifras y emitió una declaración de censura a fines de 2012, instando al país a adoptar medidas correctivas, algo que enfureció a Cristina Fernández.

Hasta al presente, hubo intentos aislados y poco convencimiento para corregir la situación. El tema recién cobró fuerza cuando se hizo evidente que el Gobierno iba a estar necesitado de crédito externo.

El nuevo índice significa una "salida elegante" ante el FMI, dado que con el cambio se justificarán las diferencias con el viejo IPC, argumentando que se trata de un universo de medición distinto, ya que abarca a todo el país y no sólo el área metropolitana, al tiempo que fue realizado con una nueva metodología aggiornada y más "compleja".

Camino allanado para subir tarifas

Resta por ver cuáles serán los próximos pasos del Gobierno a la hora de enfrentar las paritarias. Lo que queda claro es que este nuevo indicador le allana el camino para un ajuste de tarifas.

Es que con un nuevo IPC de carácter nacional (en el que las subas en Buenos Aires quedan amortiguadas por lo que suceda en otras regiones) el Ejecutivo estaría ante una mejor situación para aplicar un alza en las tarifas en los servicios públicos, sin que esto signifique un aumento inflacionario proporcional.

"Al tratarse de un índice nacional, el impacto que pueda generar la medida en la cifra total va a ayudar al Gobierno discursivamente", afirma Rodrigo Álvarez, de Analytica.

En el gremio de los economistas creen que después de admitir la inflación, el próximo paso será reducir el gasto en subsidios.

"Ayude o no en el discurso, ese incremento se va a dar", afirma Álvarez, en coincidencia con Todesca que anticipa que corregir las tarifas ya no es una alternativa para el Gobierno sino la única opción.