El caso Ciccone complica varias áreas del Gobierno

NECOCHEA (Cuatro Vientos) – La compra de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica que llevó adelante en 2010 la sociedad The Old Fund, la puesta en funcionamiento de la empresa y los contratos millonarios que ganó después, son la consecuencia de una compleja trama gubernamental en la que se involucró no sólo Amado Boudou, tal como acaba de asegurar el juez Ariel Lijo: casi todos los organismos y funcionarios de primera línea del Gobierno participaron del asunto, según explica el periodista Nicolás Wiñazki en el diario Los Andes. Entre ellos, se encuentra la propia presidenta Cristina Kirchner. El primer actor de la administración que trabajó para que The Old Fund compre Ciccone fue la AFIP, de Ricardo Echegaray: en 2009, le pidió la quiebra a la empresa por las deudas que tenía con el fisco.

Ese "rojo" en las cuentas de Ciccone se había generado, denuncian sus ex dueños, porque la Policía Federal y el Ministerio del Interior le frenaron los pagos de los contratos que la firma había ganado para imprimir los pasaportes. Este proceso empezó, entonces, cuando Néstor Kirchner estaba vivo. Un vez que Ciccone quebró, se abrió un juicio comercial que lideró el juez Javier Cosentino. Ese magistrado determinó que la empresa Boldt alquilaría la planta de Ciccone.

Pero dentro del Gobierno las cosas empezaron a cambiar. Por influencia de Boudou, y con apoyo de Kirchner, según contaron fuentes que protagonizaron este proceso, el Estado presionó para que The Old Fund se quede con la firma.

La AFIP, entonces, le levantó el pedido de quiebra a la empresa, algo inusual. Boldt debió dejar de alquilar Ciccone porque dos organismos públicos trabajaron en la cuestión. Primero, Defensa de la Competencia, al mando de Ricardo Napolitani, dictaminó en contra de Boldt diciendo que tenía una posición demasiado dominante en el mercado gráfico. Ese escrito fue llevado a la Justicia por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

En julio de 2010, entonces, The Old Fund logró desembarcar en Ciccone. Era una sociedad inscripta con papeles irregulares. La Inspección General de Justicia, el organismo que controla a las empresas comerciales, jamás detectó esas faltas. Su titular era Marcelo Mamberti. El primer trabajo que The Old Fund consiguió para Ciccone fue la impresión de las boletas electorales que el FpV usó en las elecciones de 2011.

La Justicia determinó que la empresa ganó por ese contrato con el oficialismo más de 12 millones de pesos. Según pudo saber confirmarse, los organismos que estuvieron al tanto del tema, siempre sabiendo que Boudou estaba involucrado, fueron el Ministerio del Interior, la Secretaría electoral y la Jefatura de Gabinete, entre otros.

En diciembre de 2011, la Casa de Moneda, al mando de Katya Daura, alineada con Boudou, quien la nombró en su cargo cuando era ministro, empezó a trabajar en secreto con Ciccone. El Gobierno ya planeaba imprimir allí los billetes de cien pesos. A esa altura, la empresa había logrado, gracias a la presión de Boudou, que la AFIP le otorgara una moratoria.

Pero aun así volvió a atrasarse en los pagos. Al mismo tiempo, The Old Fund también evitó pagarle los aportes patronales a sus empleados. Ni la Anses de Diego Bossio ni el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tomaron cartas en el asunto. En abril de 2012, aun cuando el caso Boudou ya se había masificado, la Presidenta decidió que Ciccone imprimiría 410 millones de billetes de cien, ganando por ese trabajo $ 160 millones.

Ese contrato fue avalado por el Banco Central, de Mercedes Marcó del Pont. La Unidad de Información Financiera, de José Sbatella, en tanto, no dijo nada sobre los aportes millonarios de distintas empresas que financiaron Ciccone.

La Justicia ya investigaba a sus dueños por lavado de dinero. En agosto de 2012, en pleno escándalo, la Presidenta decidió estatizar la empresa. Fue una decisión empujada por el oficialismo en el Congreso. El interventor en la expropiación fue el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

En la tasación de la compañía participó el tribunal público que se encarga de esas cuestiones, dependiente del Ministerio de Planificación, de Julio De Vido. Boudou, para la Justicia, fue dueño de Ciccone. Si llegó a esa empresa, lo hizo con ayuda de casi todo su Gobierno.