Escándalo por espionaje a tuiteros críticos del Gobierno

NECOCHEA (Cuatro Vientos) – Como si el Gobierno Nacional no tuviera de que preocuparse por estos días con el escándalo del vicepresidente Amado Boudou, procesado por "cohecho y por negociaciones incompatibles con la función pública" y, además, con el duro conflicto que atraviesa con los holdouts y un riesgo de que la Argentina caiga nuevamente en default, parece que se hacen un tiempito para que la Cancillería haga un pedido insólito al gobierno de los Estados Unidos para perseguir a tuiteros anti K.

Resulta que el Gobierno busca conocer los datos personales de tuiteros que apoyan al fiscal José María Campagnoli, suspendido por investigar a Lázaro Báez y pidió ayuda al Homeland Security (el Departamento de Seguridad estadounidense), una poderosa dependencia de la Casa Blanca creada tras el 11-S.

Según informa el diario Clarín, un grupo de tuiteros recibió una solicitud del departamento legal de la empresa Twitter por orden del mencionado Departamento de Seguridad el 16 de junio.

Así lo explica en la nota el periodista Daniel Santoro paraClarín: "El proceso comenzó en enero cuando la fiscal Cristina Caamaño, que coadyuva en reemplazo de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra, hizo una denuncia contravencional por hostigamiento contra un grupo de tuiteros. Miembros del equipo de Campagnoli, a su vez, hicieron una denuncia penal contra Caamaño por abuso de autoridad.

Luego la fiscal Daniela Dupuy impulsó una causa en su fuero -es el que investiga los ruidos molestos, por ejemplo- y solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, Walter Bernal, que arbitre "todos los medios a su alcance” para recabar datos de los tuiteros denunciados. Se trata de @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @andres uno (1) a cinco (5) días de arresto ”.

Al recibir el pedido de Twitter, Andrés Rimoldi presentó, con el patrocinio de la abogada Daniela Portino Gonzalez, un recurso de hábeas corpus porque el pedido de Twitter no estaba ordenado por ningún juez argentino. Pero la Cámara del Crimen desestimó el pedido porque escapa a la órbita argentina.

Portino dijo a Clarín que hizo una presentación ante la embajada de EE.UU. y se paró la investigación. La abogada quiso dejar en claro que "consideramos que tanto la fiscalía contravencional, como la Embajada de EE. UU.y el Homeland Security procedieron de buena fe ”. Fuentes de la embajada norteamericana consultadas por este diario no hicieron comentarios.

Las críticas de Portino están dirigidas al gobierno argentino por haber violado "cuestiones tan sensibles como la intimidad y la libertad de expresión de las personas”.”