México define la legalización de la marihuana para "fines lúdicos"

En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta y resuelva ese tema, Anaya Cortés fijó la postura de su partido en torno al tema y llamó a que se realice un debate científico y técnico, según la agencia Notimex.

El panista se pronunció además porque se ponderen dos temas: revisar si efectivamente la legalización del cultivo personal de ese producto podría llevar a la disminución de los índices de violencia y si podría o no incrementar su consumo.

La mejor práctica es que el debate sea amplio, reiteró, pues estamos convencidos de que una decisión de esta naturaleza no debe ser tomada por un grupo reducido de ministros de la Suprema Corte, es un tema que se debe discutir amplia y abiertamente en nuestro país.

En todo caso tendría que implicar un mecanismo de consulta a los propios ciudadanos, como se ha hecho en otras naciones, añadió.

Respecto a si la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería posponer el debate sobre el tema, el líder panista dijo que sería absurdo pedirle a ese órgano que no cumpla con su responsabilidad.

Pero independientemente a esa resolución en la que están obligados por los plazos que la propia ley establece, el PAN insiste en que una decisión tan importante para México debe implicar un debate de cara a la nación y una consulta que permita a la ciudadanía dar su opinión.

La propuesta del progresista Arturo Zaldívar cuenta con apoyos entre sus pares, pero también con dudas, y cabe la posibilidad de que la discusión sea elevada al pleno, donde, con 11 jueces y mayoría conservadora, perdería la votación.

Los defensores de la legalización esperan que se siga con la tradición liberal de la sala, demostrada en junio cuando avaló el matrimonio homosexual. En ese caso, México, el segundo productor mundial de cannabis y principal exportador a USA, daría un paso de gigante. Tras años de lucha a sangre y fuego contra el narco, habría derribado el muro de los prejuicios y entrado en un nuevo ciclo histórico, cuyo avance ya parece imparable en su vecino del norte y en Canadá. Aunque la respuesta judicial tendría un efecto limitado y circunscrito a los ganadores del recurso, pocos en México dudan de que en la práctica supondría su legalización general.

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, confió en que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgue un amparo promovido por particulares para poder producir y consumir marihuana con fines recreativos.

 

 

En entrevista con Óscar Hernández, en FOROtv, el senador Barbosa afirmó que en plano siglo XXI "no podemos ser restrictivos cuando estamos reconociendo muchos otros derechos y, en este caso, forma parte de la libertad individual consumir en los límites que establezca la ley".

"No estoy hablando de la disminución o de la peligrosidad del narcotráfico o del crimen organizado", añadió Barbosa.

 

El senador del PRD explicó en qué consiste una sociedad de derechos: "Una sociedad de derechos, donde hay una serie absoluta sobre asuntos, hasta del consumo de ciertos enervantes o ciertas drogas, como lo sería la marihuana, en los límites que la ley establezca".

 

Barbosa aseveró que México llegó tarde al debate sobre la marihuana. "Estamos llegando tarde en México a un debate que en otras partes del mundo ya se agotó, ya se dio y sigue evolucionado".

La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fruto de una estrategia diseñada por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, una organización no gubernamental fundada en 2013 con el objetivo de forzar el debate por la vía jurídica. 

El primer paso fue pedir autorización a la Secretaría de Salud. Dado que el consumo está despenalizado en México, aunque es sancionable administrativamente, este colectivo centró su solicitud en las actividades correlacionadas: desde el sembrado hasta la preparación, el transporte y la posesión. Todo ello destinado al autoconsumo con fines lúdicos y sin ningún ánimo de lucro. La propuesta fue rechazada por la Administración, alegando que vulneraba la legislación sanitaria. Fue entonces cuando la pelota pasó al campo judicial y los litigantes encadenaron recursos de amparo hasta llegar a la Suprema Corte.

En su escalada blandieron como principal argumento el derecho al desarrollo libre de la personalidad, protegido por la Constitución mexicana. Las negativas se sucedieron hasta que el caso cayó en manos del magistrado Arturo Zaldívar. Considerado uno de los jueces más progresistas de la Suprema Corte, este antiguo abogado y catedrático hizo suya la petición y decidió defender la legalización de la marihuana ante sus otros cuatro compañeros de la Sala Primera. Su propuesta, a grandes rasgos, se sustenta en que el riesgo para la salud de la marihuana es menor o similar al tabaco, y su prohibición, por tanto, resulta desproporcionada respecto al derecho constitucional a la autonomía individual, al libre albedrío.

La autorización defendida por Zaldívar no supone un cheque en blanco. Los beneficios de su propuesta se circunscriben a los peticionarios. Pero allanaría el camino para que otros ciudadanos puedan tomar la misma senda. Y esta apertura introduciría, en la práctica, un elemento liberador en la legislación. Desde esa válvula de escape, según los expertos, es difícil que en pocos años no se derriben las restricciones y, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos, se amplíe el perímetro legal del consumo. El terreno parece abonado, incluso entre las fuerzas políticas.

Ninguno de los grandes partidos se opone con claridad a la legalización. Aunque hay matices. El PRD, la fuerza hegemónica de la izquierda, defiende que se ponga fin al "paradigma punitivo" y apuesta por una liberalización inmediata. El PRI (gubernamental) y Morena abogan por una consulta pública, y el PAN, la derecha, defiende abrir un debate. En esta zona gris, incluso la Iglesia ha mostrado una inusual tibieza y, sin declararse a favor o en contra, ha pedido un análisis desapasionado del caso.

En esta proclividad influye la constatación de que años de lucha contra el crimen organizado no han logrado avances significativos. Por el contrario, la locura de la narcoviolencia y la extenuante guerra contra los cárteles, con 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos a sus espaldas, han debilitado la fuerza de los opositores a la regulación.

El contexto internacional también ha mitigado el tradicional rechazo a la legalización de la marihuana. El avance en Estados Unidos y Canadá ha dejado sin base muchos de los argumentos empleados en México y ha dado nuevos bríos a los partidarios. A esta ola se han sumado en las últimas semanas, como un catalizador emocional, las dolorosas imágenes de la pequeña Grace Elizalde, una niña de ocho años estragada por las crisis epilépticas del síndrome de Lennox-Gastaut. Agotadas todas las terapias y tras una formidable campaña popular, un juez decidió autorizar su tratamiento medicinal con marihuana. Un pequeño paso, que parecía limitado al universo hospitalario, pero que supuso la caída de muchos prejuicios y que ha abierto la puerta a iniciativas de mayor aliento, como la del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que ha propuesto la legalización del consumo terapéutico.