Brasil: Evalúan juicio a Dilma y piden destituír a Cunha

La Fiscalía General de la República, PGR, presentó este miércoles un pedido de apartamiento cautelar de Eduardo Cunha del cargo de diputado federal y de presidente de la Cámara baja. Según el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, Cunha utiliza el cargo por intereses propios y fines ilícitos.

 

La PGR señaló 11 hechos que comprueban que Cunha usa el cargo para perseguir e intimidar a parlamentarios, procesados que colaboran con la justicia y abogados. La Fiscalía dice haber reunido pruebas de que Cunha recibió 52 millones en sobornos en Suiza e Israel de la constructora Carioca Engenharia. Para Janot, las acusaciones de corrupción, posesión de cuentas no declaradas en el extranjero y lavado de dinero son causas para la pérdida del mandato del diputado Cunha.

 

Según el fiscal la salida de Janot del Congreso es necesaria para garantizar el orden público, investigación criminal y las que lleva adelante el Consejo de Ética de la Cámara. "Los hechos retratados en la petición son anormales y graves, y exigen tratamiento riguroso confirme al ordenamiento jurídico", informó la PGR este miércoles.

 

Desde hace varios meses Janot adelanta las investigaciones por corrupción en la petrolera estatal Petrobas que generó más de 2 millones de dólares en pérdidas a la firma y envió a prisión a varios de los principales empresarios de la construcción del país y a políticos ligado al Partido de los Trabajadores (PT).

 

Se calcula que unos 50 legisladores del Senado y la Cámara están siendo investigados por su presunta vinculación en el hecho de corrupción de Petrobas. Posteriormente, la presidenta Dilma Rousseff solicitó a la justicia de su país que aplicara todos los correctivos respectivos contra los culpables.

 

Desde entonces, Eduardo Cunha se ha valido de sus conocimientos en la cámara para activar reglamentos internos a fin de entorpecer procesos contrarios a sus intereses.

 

A pesar de las pruebas que confirman su vinculación en los casos de corrupción de Petrobas, Cunha se niega a aceptar cualquier tipo de culpabilidad.

 

Entretanto, el Supremo Tribunal Superior (STF) de Brasil inició ayer el análisis de la validez del trámite de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso.

La cita comenzó con la presentación por parte del magistrado Luiz Edson Fachin del reclamo expuesto por legisladores comunistas, que censuraron la actuación del presidente de la Cámara baja Eduardo Cunha, a quien acusaron de alterar las normas del proceso y de favorecer a los bloques de oposición en la selección de los integrantes de la Comisión, encargada de avalar el juzgamiento. Poco después intervinieron representantes de las máximas instancias del gobierno, del legislativo, así como el Procurador General de la República (PGR) Rodrigo Janot.

 

Presidida por el titular del STF, Ricardo Lewandowski, en la sesión hablaron igualmente abogados de los partidos de oposición, aliados del gobierno que expusieron sus argumentos en torno a este proceso, suspendido desde hace una semana por decisión de Fachin.

 

Con anterioridad, la mandataria del país pidió la anulación de la decisión de Cunha de aceptar la solicitud de enjuiciamiento en su contra, al sostener que debió ser escuchada primero, debido a las graves consecuencias que tal acción desencadenaría para el país.

 

La Procuraduría General demandó por su parte la derogación del voto secreto para elegir la Comisión especial que definirá el enjuiciamiento político de la gobernante. El titular de la PGR repudió igualmente la presentación de dos listas para escoger a los integrantes de dicho Consejo sin el aval de los líderes de los bloques parlamentarios e indicó que cabe al Senado decidir sobre una eventual apertura del proceso de enjuiciamiento político.

 

El fallo del Supremo Tribunal propiciará la reanudación de las sesiones plenarias en la Cámara baja, así como la continuación de este trámite, aunque si no hay un acuerdo entre los 11 magistrados, la decisión de esa instancia podría ser pospuesta para 2016.