Dilma asegura que "jamás" va a renunciar

"Jamás renunciaré", dijo, insistiendo en que siempre ha actuado conforme a la Constitución y las leyes, de modo que tanto las pesquisas en su contra por interferir en el Poder Judicial como el juicio político en el Congreso carecen de sentido.

"No he cometido ningún crimen que justifique la interrupción de mi mandato", afirmó. "Condenar a alguien por un crimen que no ha cometido es la mayor violencia que se puede ejercer, es una injusticia brutal, es una ilegalidad", subrayó.

Rousseff rechazó que incurriera en un "crimen de responsabilidad" al designar a su antecesor inmediato en el cargo, Luis Inácio Lula da Silva, como jefe de la Casa Civil, incluyéndolo así en el Gobierno y, por ende, convirtiéndolo en aforado.

Las autoridades judiciales barajan esta acusación contra Rousseff al considerar que el único objetivo del nombramiento de Lula era darle un estatus privilegiado que obligara a que las investigaciones en su contra por la trama corrupta de Petrobras pasaran del juez federal Sergio Moro al Tribunal Supremo.

En cuanto al impeachment que se gesta en el Congreso por maquillar las cuentas públicas de 2014, Rousseff alertó de que "está en curso un golpe de Estado contra la democracia". "No importa si el arma del golpe es un fusil, una sanción o la voluntad política de algunos de llegar más rápido al poder", sostuvo.

La líder izquierdista recordó que "ese tipo de uso inadecuado de las palabras es el mismo que se usaba en la época de la dictadura para decir que no había presos políticos". "Por eso llamo esto como lo que es: un golpe", remató.

La empresa brasileña indicó en un comunicado que después de las "evaluaciones y reflexiones" a cargo de accionistas y ejecutivos, Odebrecht decidió ofrecer "una colaboración definitiva con las investigaciones", aunque no dio detalles.

La empresa "viene manteniendo contacto con las autoridades, con el objetivo de colaborar con las investigaciones, además de la iniciativa de lenidad adoptada en diciembre ante la Controlaría General de la Unión".

Los acuerdos por lenidad implican que empresas involucradas asuman culpas, paguen por sus daños y eviten futuros desvíos de conducta a cambio de volver a poder celebrar contratos con el sector público.

La multinacional, además, citó la adopción de prácticas internas para mejorar su modelo de gestión y recordó el "proceso avanzado de adhesión" al Pacto Global de las Naciones Unidas, en la que la comunidad empresarial internacional se compromete a tomar medidas amparadas en diferentes valores, como el combate a la corrupción.

"A pesar de todas las dificultades y de la consciencia de no tener responsabilidad dominante sobre los hechos investigados en la operación, que revelan la existencia de un sistema ilegal e ilegítimo de financiación del sistema partidario-electoral del país- seguimos creyendo en Brasil", subrayó Odebrecht.

La compañía, además, ratificó su compromiso de mantener las inversiones y cumplir con los contratos, para "preservar los empleos directos e indirectos" que generan sus actividades de siete décadas.

Odebrecht, un gigante con 168.000 empleados, ventas anuales por 107.679 millones de reales (unos 29.102 millones de dólares) y que actúa en diferentes sectores, pero principalmente en la construcción, es una de las cerca de veinte empresas acusadas de integrar la gigantesca red de corrupción que operó en Petrobras.

El ex presidente del conglomerado brasileño, Marcelo Odebrecht, fue detenido en junio de 2015 y condenado este mes a 19 años y 14 meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. El empresario "no sólo conocía, sino que comandaba el pago de sobornos", y siguió haciéndolo desde la cárcel, sostuvo la procuradora Laura Tessler.