IMPEACHMENT

Diputados definen el destino de Dilma en Brasil

La comisión de los 65 diputados deberá definir si se abre o no un juicio político sobre la presidente Dilma Rousseff en Brasil. La mandataria, acusada de corrupción, sostiene que está sufriendo un "golpe de estado"
lunes, 11 de abril de 2016 · 10:34

NECOCHEA (Cuatro Vientos) - Una comisión de 65 diputados debe indicar hoy si ve motivos para abrir un juicio de destitución contra la presidente de izquierda Dilma Rousseff, como pondera el informe presentado el miércoles pasado por uno de sus miembros. Rousseff, acusada de adulterar las cuentas públicas, niega haber cometido un "crimen de responsabilidad" y denuncia una tentativa de "golpe de Estado".

Hoy, la comisión se pronuncia sobre la recomendación favorable al impeachment presentada por el diputado Jovair Arantes. El dictamen -no vinculante- se publicará al día siguiente en el diario de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara deberá esperar luego un mínimo de 48 horas para incluirlo en el orden del día y someterlo al plenario de 513 diputados. Los partidarios del impeachment estiman que los debates podrán abrirse el 15 y durar tres días. Se espera una votación el domingo 17 o el lunes 18.

Una moción de impeachment requerirá el apoyo de 342 diputados (dos tercios), cualquiera sea el número de legisladores presentes. El quorum para abrir la sesión es, precisamente, de 342 presentes, el mínimo para conseguir una eventual aprobación. Si la moción no suma ese número de apoyos, el proceso se archiva. Si los 513 diputados estuvieran presentes y ninguno se abstuviera, serían necesarios 171 votos (un tercio) para bloquear la iniciativa, en caso de que el presidente de la Cámara no sufrague. El reglamento solo contempla esa posibilidad en escrutinios secretos o en caso de empate, dos opciones no previstas en este proceso. No obstante, existen divergencias acerca de ese punto, por lo que el número de votos requeridos para archivar el pedido de juicio podría ser 172, si estuvieran todos los diputados en el recinto y el presidente de la Cámara votara.

En caso de que la comisión de 65 miembros emitiera un parecer contrario al impeachement, el plenario necesitaría de todos modos ratificarlo, pero por mayoría simple de los diputados presentes en la sala, a condición de que haya quorum. Sin embargo, el plenario puede rechazar una recomendación de archivar el caso, si suma 342 votos a favor del impeachment. En esa circunstancia, tras descartar el parecer, deberá nombrarse un nuevo encargado del trámite y aprobarse en la misma sesión una recomendación a favor de la destitución, que será enviada al Senado. 

Si los diputados aprueban una moción de impeachment, ésta pasa al Senado, de 81 miembros. La Cámara alta formaría una comisión de 21 miembros, que dará su opinión sobre la admisibilidad del proceso. Este trámite podría ser más rápido que en diputados y seguiría parámetros similares a ese cuerpo en cuanto a quorum y mayorías.

Para que un dictamen de destitución sea aprobado en el plenario del Senado y el proceso instaurado, necesita una mayoría simple una vez conseguido un quórum de 42 senadores. De no lograr ese respaldo, el proceso se archiva. Analistas consideran improbable que, llegado el caso, el Senado rechace un dictamen que ya tuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados y de una comisión propia en la que están representados los partidos de la Cámara alta. De acontecer, seguiría la misma secuencia que en diputados. Si el Senado valida una moción de destitución, Rousseff sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un máximo de 180 días, para dar lugar al juicio propiamente dicho. Sería reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer. Según los especialistas, solo en ese momento empezaría la verdadera recolección de pruebas y testimonios.

La sesión final del juicio tendría lugar en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente del Supremo Tribunal federal (STF). Son necesarios dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81), para destituir definitivamente a la mandataria, cualquiera sea el número de los presentes. De lo contrario, ésta reasumiría inmediatamente sus funciones. En esta sesión única, en la que el presidente del Senado puede votar porque no la dirige, se darán los alegatos finales de parte del senador que haya instruido el caso y de la defensa de la presidente.

El apoyo de Evo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó este domingo su solidaridad con su par brasileña Dilma Rousseff y sus ex colegas argentina Cristina Fernández de Kirchner y brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que son objeto de investigaciones parlamentarias y judiciales en sus respectivos países.

"Expresar toda mi solidaridad con la compañera Cristina, Lula y Dilma, que defienden la democracia, las transformaciones pacíficas de los países vecinos", dijo Morales durante un acto gubernamental en Tarija.

Sostuvo que "ahora está de moda el golpe congresal o judicial, como se hace con expresidentes de los países vecinos en contra de los gobiernos progresistas".

"Especialmente en Sudamérica, esta revolución democrática con presidentes o gobiernos progresistas ya es imparable, y lo que hacen para debilitarlos es golpes de estado desde el imperio norteamericano", agregó Morales.

Fernández de Kirchner y otros altos funcionarios de su gobierno fueron imputados ayer por el fiscal que investiga un caso de lavado de activos a través de una compañía financiera.

Lula es investigado por la justicia de Brasil, que dejó en suspenso su reciente nombramiento como jefe de ministros, ante la presunción de que se benefició del multimillonario desvío de fondos de la petrolera estatal Petrobras ocurrido durante su mandato.

Rousseff, que fue ministra de Energía y presidenta del consejo de administración de Petrobras durante el gobierno de Lula, afronta en el Congreso un proceso de juicio político bajo la acusación de que violó la Ley de Responsabilidad Fiscal en relación con los presupuestos de 2014 y 2015.

Morales, que gobierna Bolivia desde 2006, perdió en febrero pasado un referendo con el que aspiraba a que la ciudadanía habilitara una reforma constitucional que le permitiera postularse en 2019 a la que hubiera sido su tercera reelección consecutiva.

Poco antes de esa consulta, la oposición lo acusó de tráfico de influencia por el caso de una ex pareja suya -que cumple prisión preventiva por el mismo motivo- que era gerenta de una empresa de capitales chinos que obtuvo varios contratos de obras del gobierno boliviano.


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