Este fin de semana estará de visita en Necochea María Rachid, secretaria de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, realizando actividades con la comunidad homosexual de Necochea.
Está previsto que Rachid de una charla en el local del Movimiento Evita (en 67 y 68) sobre género, sexualidad y la lucha del colectivo por sus derechos. Rachid está trabajando en la aplicación de la ley 14.728, que dispone que el 1% de los empleos públicos se otorgue al colectivo de transexuales, travestis y transgénero.
La charla será abierta a la comunidad en la sede de La Bancaria el sábado a partir de las 19 horas. Rachid no sólo está abocada al cupo del colectivo trans en el estado sino que además impulsa políticas contra el acoso escolar, por lo que el temario será amplio.
En nuestra ciudad no existen datos precisos del número de miembros del colectivo transgénero, aunque en toda la provincia de Buenos Aires podrían incorporarse paulatinamente unas 6.000 personas al estado provincial gracias a esta ley.
En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.
La ley fue aprobada en 2015 y según el propio secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, Santiago Cantón, la norma se estaría aplicando "en los próximos meses".
Cantón articulará con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de la ley, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables.
"La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible", dijo a fines de julio a La Nación María Rachid.
Por lo pronto lo que sucede es que se deben realizar gestiones para que se resuelvan los requisitos para acceder a los empleos públicos, dado que se considera muy probable que muchas de las personas trans pueden carecer de experiencia laboral previa en el Estado, por lo que estàn previstas capacitaciones.
"Los trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo", dijo Rachid.
Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt) la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar la ausencia del Estado.
El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo. La idea es que la condición quede demostrada mediante una declaración jurada para acceder al cupo. Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación Cantón se reunió a mediados de julio con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.
La reunión tuvo lugar luego de que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidiera al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura provincial.
"Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos", explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.
En los fundamentos de la ley se explica: "La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato".
