NEGOCIO TURBIO EN EL SIP

Agronegocio: La Comuna entregó un lote a uno de los condenados por el derrame que mató a Melisa Núñez

sábado, 3 de noviembre de 2018 · 10:43

Durante la última sesión ordinaria del Honorabe Concejo Deliberante celebrada el 25 de octubre pasado se aprobaron en conjunto dos proyectos de ordenanza que permitirán la radicación de dos empresas en el Sector Industrial Planificado, aún a pesar de severas irregularidades no sólo alrededor del predio, sino también de una de las compañías beneficiadas.

Sucede que la Ordenanza 9690/18 aprobada recientemente en el Concejo revoca la cesión por 30 años de un terreno dentro del Sector Industrial Planificado que había sido concedido por ordenanza en 2014 a una empresa alimenticia de la localidad de Rojas, Los 4 Tanos.

Una vez revocada la cesión del lote (Circunscripción XII - Sección A - Chacras 4 y 6 - Parcela Segunda Lote 33 del plano oficial del SIP), la nueva ordenanza aprobada la semana pasada dispone la cesión a otra empresa, abocada al acopio de agroquímicos.

Astoul Bonorino S.A. fue la empresa finalmente adjudicataria del terreno, que le fue ofrecido a mediados de abril de este año por la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica cuya cabeza es Leonardo Ruggiero.

Precisamente a través de una nota enviada a la Subsecretaría que dirige Ruggiero es que se tomó conocimiento formal por primera vez de la condición irregular del acuerdo: resulta que quien hizo de apoderado de la empresa es Fernando Cañada, empresario ex titular de la empresa Shippinsuarence S.A. responsable del derrame de agrotóxicos que costó la vida a una joven de 19 años y dejó graves secuelas a una veintena de vecinos en el barrio portuario de Quequén en 2015. De hecho, Cañada fue condenado a 3 años de prisión junto a su hermano Emiliano por este episodio, además de haber quedado inhabilitado para trabajar con Agroquímicos en virtud de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051.

Tal era la irregularidad propuesta para la cesión del terreno que la propia Dirección General de Gestión Ambiental conducida por la licenciada Belén Benavídez notificó al Ejecutivo sobre la cuestión dejando constancia de la situación de Cañada. Benavídez además informó que Cañada debía asumir los costos del traslado de los residuos peligrosos dejados por el derrame, algo que aún no se pudo constatar.

En este contexto, Benavídez señaló en su nota (que consta en el expediente que aprobaron los concejales para otorgar el terreno) que debía notificarse a la Subsecretaría de Legal y Técnica "a fin de informar si se realizó el pago correspondiente, como así también, informe si considera factible otorgar viabilidad a la solicitud".

La respuesta recibida fue que se agregó al expediente una nota en la que Cañada informaba que se había desvinculado de Astoul Bonorino S.A., aunque no presentó ningún documento que certificara su salida, por lo que más allá de esa nota, no hay constancia formal de que esa situación sea así.

Ventajas

La cesión del terreno para construir un galpón de acopio de peligrosos agroquímicos no solo se da en el contexto de un Sector Industrial Planificado fuera de toda normalidad (no solo no goza de servicios básicos sino que además no cuenta con aprobaciones básicas del gobierno provincial para entrar en el registro nacional de sectores industriales), sino que además plantea distintos beneficios otorgados por una Comuna que actúa contra sus intereses cediendo el cobro de importantes tasas a cambio de la radicación de una empresa que recién tributaría después de 5 años.

Sucede que la ordenanza que aprubea la cesión del lote preve numerosas ventajas impositivas para Astoul Bonorino S.A. En el Artículo 8 de la ordenanza se establece que "la empresa gozará de franquicias y beneficios con respecto de los siguientes tributos y por tasa por un plazo de cinco (5) años: A) Tasa por Habilitación de Comercio e Industria; B) Tasa por inspección de medidores; C) Tasa por inspección de Seguridad e Higiene; D) Tasa por inspección veterinaria; E) Derechos de Construcción; F) Derechos de Publicidad y Propaganda; G) Derechos de Oficina, solamente en cuanto respecta a las actuaciones por las que se tramita la exención".

El terreno es otorgado por 30 años con opción a extender el permiso durante 10 años más con condiciones irrisorias: plantar una especie de determinada de árboles cada 3,5 metros y a metro y medio del alambrado en el perímetro del lote e instalar un cartel con datos de la empresa en el ingreso (denominación social, CUIT, rama industrial e identificación de lotes ocupados).

La ordenanza estipula además que la Comuna deberá efectuar los controles de cumplimiento del anteproyecto presentado y que podrá revocar la cesión en caso de incumplimientos.

Así las cosas, a través del gestor de negocios agroindustriales Leonardo Ruggiero la gestión de Facundo López propicia la instalación de una empresa que no representará mayores ingresos a las arcas comunales, en un terreno que carece de las habilitaciones necesarias y haciendo negocios con una figura turbia, condenada por una negligencia y la no aplicación de las "buenas prácticas" de la agricultura que causó la muerte a una vecina y un grave perjuicio a todo un barrio.

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