Astoul Bonorino reconoció que entregó un poder a Cañada

En una nota fechada en este 5-11 y entregada por mesa de entradas a la Municipalidad de Necochea la empresa Astoul Bonorino S.A. reconoció que entregó un poder a Fernando Cañada para realizar trámites y gestiones administrativas ante la municipalidad por la entrega de un terreno en el Sector Industrial Planificado de Necochea para la construcción de un galpón de acopio de agroquímicos.

A principios de julio de este año Fernando Cañada y su hermano Emiliano fueron encontrados culpables por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos y condenados a 3 años de prisión que no se han hecho efectivos. Sin embargo, su negligencia produjo la muerte de una joven de 19 años y graves secuelas a la salud de una veintena de vecinos en el barrio portuario de Quequén en abril del 2015. Por este hecho, Cañada quedó inhabilitado por 10 años para trabajar en el rubro, por lo que la aparición de su nombre en el expediente llamó la atención tras su aprobación en el HCD durante la última sesión.

De cualquier manera, en la nota Astoul Bonorino niega que Cañada fuera socio, accionista o empleado de la firma y aclaró que el 25 de mayo de este año se revocó dicho poder. Aunque dicha revocación del poder fuera notificada el 7 de junio por Cañada en una nota, la existencia de la escritura de revocación se habría agregado posteriormente en un nuevo anexo, según relató en su nota la compañía.

En consultas realizadas esta tarde, Cuatro Vientos no logró determinar la existencia del citado anexo y en el expediente del HCD al día de hoy no consta su existencia.

"Se señala a esa Municipalidad que mi representada apoderó al Sr Fernando Cañada unicamente para que realice gestiones administrativas ante esa municipalidad, que ninguna relación tienen con actividades de aplicación de agroquímicos y/o sus derivados", indicó la nota.

Si pasa, pasa

Todo parece indicar que el nombre de Cañada en el expediente fue pasado por alto desde la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica a cargo de Leonardo Ruggiero y que luego, cuando otras dos áreas del Municipio (Medio Ambiente y Planeamiento) señalaron la irregularidad, se dió una marcha atrás que no habría dejado constancia formal en el expediente excepto por una nota firmada por Fernando Cañada el 7 de junio pasado.

Sin embargo, antes de las observaciones de Medio Ambiente y Planeamiento, (esta última incluso informó sobre los riesgos de instalar depósitos de agroquímicos en un terreno sin habilitación de ADA y sin factibilidad de la Dirección Provincial de Hidráulica) para la Subsecretaría que maneja Ruggiero la situación no habría merecido mayor observación.

De hecho, Cañada mismo firmó como apoderado de la compañía el 17 de abril una nota aceptando la propuesta de la Subsecretaría de entregarles el terreno. Y no era la única nota del apoderado, aunque todas ellas no representaron ningún signo de riesgo de irregularidad aún cuando la situación procesal de Cañada era vox pópuli.

En otras palabras, la Subsecretaría estaba al tanto de que el apoderado Cañada era parte del negocio y de cualquier manera decidió dar curso al expediente en turno cuando lo más razonable era obviamente desestimar la propuesta en virtud de la situación. Aunque la condena judicial que inhabilitaba a Cañada aún no había salido, la situación previsible era esperar al fallo antes de dar curso al expediente. 

Aun cuando la cosa se veía mal, Ruggiero dio curso al expediente que en realidad estaba pendiente desde septiembre del 2016, año y medio después del derrame que había causado la muerte de Melisa y por cuya negligencia fue condenado e inhabilitado Cañada.

Así lo relató el propio Ruggiero esta mañana en diálogo con Melisa Randev para Segundo Aire (FM Cooperativa 105.1 Mhz): "El primer pedido de la firma Astoul Group de Buenos Aires es en septiembre del 2016, yo ni siquiera estaba en la función, entonces estaba en turno. Cuando tenemos la posibilidad de liberar un espacio porque otra empresa decide dejarlo al espacio, la llamamos por teléfono porque logicamente estaba la carpeta, le decimos que tiene que presentar el proyecto, que es lo que va a confeccionar dentro del Sector Industrial Planificado, que esa es la función de la Subsecretaría de Producción, y después el expediente recorre el camino que tiene que recorrer, que son varias etapas: lo primero es el comité evaluador del proyecto y lo segundo es pasar por la Subsecretaría de Legal y Técnica, por la Dirección de Gestión Ambiental y todo este recorrido va recibiendo distintos informes de cada área y cada una ve lo que tiene que ver con respecto a su área".

Ruggiero sostuvo que "el expediente viene informado tanto desde la subsecretaría de Legal y Técnica tanto como del área de Gestión Ambiental, diciendo que el señor Cañada, que figuraba como apoderado de la empresa (no pertenece a la empresa ni es dueño de la empresa, es apoderado para Necochea o era, mejor dicho, apoderado para Necochea), tiene una inhabilitación para ejercer la actividad por 10 años, cosa que nosotros desconocíamos, así que le informamos a la empresa de la situación y la empresa lo desvincula del expediente, él hace su renuncia en el expediente y la empresa fija un nuevo domicilio, con lo cual empezamos a trabajar en forma directa, sin el apoderado en el medio".

Desafortunadamente en el expediente de la ordenanza aprobada por el HCD no consta la nota formal por la cual el Ejecutivo pidió que Cañada se apartara, aunque sí hay una nota que anuncia la renuncia. Una vez más, al día de hoy, a pesar de la nota de la empresa enviada a la Municipalidad, no se conoce la escritura por la cual la empresa certifica la desvinculación. La situación tampoco mereció la observación de los concejales, que todo el tiempo tuvieron acceso al expediente.

Alto riesgo

Más allá de la vinculación de Cañada al emprendimiento, la cesión del terreno para el acopio de agroquímicos encierra un enorme riesgo que más temprano que tarde podría tener serias implicancias no sólo para el medio ambiente sino también para los vecinos de la ciudad. 

Resulta que el SIP no cuenta con factibilidad hidráulica en buena parte de su territorio. De hecho, se estima que la mitad del terreno total de unas 40 hectáreas es inundable. Y precisamente a raíz del incendio del depósito de Cañada en 2015 es que toda la población de Necochea y Quequén conoció de manera fatídica lo que puede resultar de la mezcla de algunos agroquímicos como el Photoxin con el agua. Mucho más si está cerca de zonas residenciales, como el el caso de la cercanía del SIP al barrio de la ribera del Río Quequén.

La situación fue advertida por la Dirección de Planeamiento a cargo del arquitecto Marcelo Etchegoyen, que señaló en primera instancia que "de a cuerdo al Plano de Mensura,  Unificación y División del Sector Industrial Planificado (SIP) Nº 76-51-87 aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia, la parcela 1 de la Fracción IV - dentro de la cual se encuentra el denominado Lote 33 - se halla sujeta a restricción de subdivisión 'hasta que se realicen los estudios y obras que aseguren el saneamiento hidráulico del predio'".

Por supuesto, ni los estudios ni las obras han sido realizadas, por lo que de entrada se reconoce que existe una restricción para la cesión del terreno en los términos planteados (la construcción de un galpón con agroquímicos susceptibles al contacto con el agua). 

Además, en Planeamiento advierten que aunque el SIP está fuera del área urbana (que según sus papeles se encuentra delimitado por la avenida 43, calle 82 y Ruta Provincial 86), existen "asentamientos humanos no intensivos, de usos relacionados con la vivienda no permanente, emplazada en pleno contacto con la naturaleza, en el área complementaria o rural".

Justo detrás del SIP se encuentra una zona que está siendo cada vez más poblada sobre la Ribera del Río Quequén, por lo que el faltante de estudios de factibilidad hidráulica y obras para el SIP toma otra dimensión, más aún teniendo en cuenta que las advertencias fueron realizadas y desoídas por los que debieran tomar cartas en la materia.

Tirarle el fardo a provincia

A pesar de las evidentes desprolijidades alrededor de la gestión para la entrega del lote, el subsecretario de producción Ruggiero no dudó en señalar que sería el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) es quien debe regular el SIP, cosa que es parcialmente cierta dado que hay múltiples organismos que tienen injerencia en la cuestión.

"La empresa está relacionada con los productos agroquímicos, no es la única empresa relacionada con productos agroquímicos dentro del Sector Industrial, hay otras tres y todas cumplen normas especiales, que eso también hay que aclararlo porque tienen habilitación de OPDS (el organismo provincial que lo regula) y las características de la obra que tienen que construir son características determinadas, que nosotros no lo determinamos desde el Municipio, más allá del control de Gestión Ambiental, sino que eso lo regula OPDS", dijo Ruggiero en FM Cooperativa.

Al día de hoy el SIP no sólo no cuenta con servicios básicos sino que además carece de los estudios y obras que restringen su actividad aún a pesar de lo que sucede en los hechos.

El predio no figura siquiera en el Registro Nacional de Parques Industriales dependiente del Ministerio de Producción y ni la Autoridad del Agua ni la Dirección de Hidráulica han sido siquiera consultados como debiera ser para poner en marcha el lugar, aunque de cualquier manera se sigue avanzando y justificando algo que a todas luces es de una irregularidad escandalosa.