Planta de fertilizantes: Sin comunicación no hay costo político

El debate abierto por el proyecto para instalar una planta de fertilizantes líquidos y sólidos en los sitios 11 y 12 de la margen necochense de Puerto Quequén está aún lejos de haberse cerrado a pesar de las intenciones de las autoridades portuarias de clausurar la cuestión invitando a los concejales a interiorizarse en el tema.

Varios ediles, todos de Cambiemos en sus diferentes vertientes, oficiaron de voceros acerca de este tema la semana pasada, luego de encontrarse tanto con técnicos del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén como con especialistas de la consultora Bahitek (que hizo el estudio de impacto ambiental) y de Pierdoce, la empresa a cargo de la obra.

Cada uno a su turno, en principio Arturo Rojas (Cambiemos Fe) en su doble rol de presidente del Consorcio y concejal; luego José Pagliaro (Cambiemos UCR) como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del HCD; y por último Ernesto Mancino (Cambiemos PRO), presidente del HCD, establecieron declaraciones que buscaban "normalizar" la situación y alejar fantasmas que surgieron de la propia desinformación que los responsables del proyecto parecen haber promovido desde el comienzo.

"Uno de los principales (N del R: condicionantes impuestos por el OPDS) para nosotros es el que tiene que ver con la difusión de la obra: OPDS le dice a la empresa Pierdoce y al Consorcio de Gestión, que es el responsable de que la empresa haga las cosas bien porque es el que gestiona y por lo tanto el que tiene que controlar lo que se hace en el puerto... OPDS le dice que le tiene que constar en el expediente que se hicieron reuniones (no habló de audiencia pública) pero es clarìsimo en que tiene que agotar todos esfuerzos para que la comunidad en su conjunto conozca qué es lo que se va a hacer, cuáles son las molestias que va a causar...", dijo la ingeniera Susana Laborde a Pacho Armanelli esta mañana en el programa Segundo Aire (FM Cooperativa 105.1 Mhz)

"O sea, da una instancia de conocimiento para que se pueda generar el reclamo, obviamente", señaló Laborde refiriéndose al quinto condicionante impuesto por el OPDS en 205, que obligaba a la empresa y al CGPQ a informar masivamente a la población sobre el proyecto antes de comenzar los trabajos. Desde luego, el acceso a la información por parte de los vecinos podría generar una oleada de indignación que hiciera parar la obra por protestas.

Laborde descartó de plano que sea posible una comisión de seguimiento como la que propuso Rojas en el HCD y en declaraciones mediáticas dado que la obra si no cumple con los condicionantes no puede avanzar. "No es como dice Rojas que de ahora en más nos van a... yo no quiero ir sabiendo cómo va progresando una obra que no quiero que esté, quiero que me hubieran dado la posibilidad de decir que no la queremos, que es lo que nos corresponde como vecinos", agregó.

El derecho a la información de la ciudadanía es, para Laborde y los grupos ambientalistas que siguen el tema, fundamental para definir si la obra es aceptada o no por los ciudadanos. "Hay que observar otra cosa: (la obra) no tiene cartel, no sabemos quièn està ejecutando, quién es el responsable, o sea, sabemos por trascendidos", sostuvo y agregó que "el cartel de obra es parte de cualquier obra pública y privada que se ejecuta en la provincia de Buenos Aires".

En definitiva, los puntos oscuros sobre el proyecto han quedado lejos de estar aclarados y la información sobre la obra no abunda. Al momento no sirvieron las declaraciones de los concejales de Cambiemos y poco y nada se escuchó del resto de los concejales.

Costo político

El problema pasa porque el tema está caliente y pocos están dispuestos a quemarse con esto. Con la excepción de Marcela Fernández Palma (Cambiemos CC), que llamó al OPDS a realizar una nueva inspección en el lugar donde comenzaron los trabajos de remoción de suelos, los representantes de Cambiemos se mostraron más proclives a explicar la postura de los inversores que a defender el medio ambiente, la salud o la seguridad de los vecinos.

En el caso del resto de los concejales, para los de Compromiso y Trabajo por Necochea (representantes en el HCD del ingeniero Mario Goicoechea dentro del CGPQ) la explicación de los técnicos fue suficiente. En el caso de los concejales del FR UNA, no hubo mayores definiciones ni declaraciones, siguiendo la linea de "cautela" que expresó el intendente Facundo López cuando se refirió al proyecto semanas atrás.

Unión Ciudadana, por su parte, decidió no participar en la reunión con los técnicos de Pier Doce S.A.  porque esperaban que el encuentro se hiciera a puertas abiertas a los vecinos y no como terminó siendo, una suerte de ejercicio de lobby de la empresa para con los concejales.

Así las cosas, los voceros de Cambiemos para este tema (Rojas, Pagliaro y Mancino) intentaron dejar cerrada la cuestión, aunque todavía resta que se conozca el informe de OPDS de la última revisión en el predio de la obra que, según trascendió, podría convocar a una audiencia pública abierta a todos los vecinos.

En definitiva son los representantes de Cambiemos quienes están oficiando de fusibles que protegen la versión de los inversores sin mayores observaciones a los técnicos que están cuestionando el proyecto. Esto podría tener un cierto costo polìtico para los de Cambiemos, sobre todo Arturo Rojas, que va tras una candidatura a la intendencia en 2019.

"No puede un concejal como Rojas ser presidente del Consorcio: o defiende a la ciudad o defiende al poder del negocio que tiene el puerto", dijo Laborde. "Eso tenemos que analizarlo muy bien y tenemos que generar en la gente este anàlisis porque no se puede votar a alguien que en lugar de defender a quien debe defender, que es a sus representados, que son los ciudadanos y ciudadanas del partido de Necochea, defiende al negocio, porque su alocución en el COncejo Deliberante la última vez, es de absoluta defensa de la empresa dejando de lado cualquier análisis sobre la conveniencia o no para la gente", remarcó.

Los ambientalistas vienen llevando adelante tareas de concientización, con charlas en el barrio portuario de Necochea y reuniones semanales buscando plantear nuevas estrategias para seguir advirtiendo a la población sobre los peligros que encierra el proyecto. Mientras se esperan las definiciones del OPDS y una eventual audiencia pública, la clase política está evitando pagar el costo político de defender o atacar el proyecto y nuevas definiciones podrían escucharse en el futuro, cuando el debate forzado por los ambientalistas siga su curso y tenga el alcance masivo que debiera haber tenido en primera instancia.