Fallo judicial habilita al municipio a cobrar más de 200 millones por la Tasa Portuaria

Finalmente una resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 sentó las bases legales para que la Municipalidad pueda seguir cobrando la llamada "tasa portuaria", por el que el estado municipal debería cobrar cerca de 220 millones a las exportadoras por el uso de la red vial de la Comuna para realizar sus actividades.

Sucede que un juicio de apremio en el que la Municipalidad de Necochea le reclamaba a la empresa Cantabria S.A. el pago de una deuda por los dos años que la tasa estuvo vigente finalmente fue favorable a la Comuna cuando el juez resolvió dar por tierra los argumentos de la empresa para desestimar el pago.

Cantabria S.A. había argumentado, entre otras cuestiones, una "inhabilidad de título" (en el texto del apremio se habían escrito mal los números de ordenanza invocados), una excepción de litispendencia (la empresa reclamaba que podía haber un fallo contradictorio dado que existe un reclamo similar por parte de la Centro de Exportadores de Cereales), y un reclamo por la inconstitucionalidad de la tasa.

En la resolución el juez consideró que “en procesos de apremio no resulta admisible la defensa vinculada a la inconstitucionalidad de la ley en base a la cual se fundamenta el reclamo. Y ello en virtud de la celeridad del proceso de apremio y a que la acción de inconstitucionalidad puede ser ejercida en el juicio ordinario posterior, cuya vía no se le cierra al ejecutado, como así tampoco la de accionar por repetición de las sumas que hubiera pagado (arts. 8 y 18 de la ley de Apremio; 551 del C. Proc.)". 

“La inconstitucionalidad que la ejecutada pretende debatir, en un juicio de apremio, debe resolverse en otro marco procesal", remarcó la resolución judicial, dando por tierra los argumentos esgrimidos para debatir la tasa. En otras palabras, el juez señaló que la inconstitucionalidad de la tasa no es objeto de debate en un juicio de apremio en el que se intenta determinar el pago de una deuda y no el origend e la misma.

Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 también desestimó los argumentos presentados por la empresa y ordenó pagar la deuda, lo que sería extensible a otros futuros y eventuales juicios por apremio. Se estima que la deuda total que mantienen las exportadoras con la Comuna en concepto de esta tasa y sus intereses asciende a unos 220 millones de pesos.

El fallo abre la posibilidad de que el actual intendente Arturo Rojas obtenga de las exportadoras una cuantiosa suma que lo asista para manejar la crisis del distrito. Este lunes el intendente desestimó el acta de traspaso de poderes que marcaba una deuda total de casi 500 millones de pesos y señaló que la deuda superaría (según sus propios cálculos) los 1000 millones de pesos.

En vistas de la acuciante situación, sería dable esperar que el jefe comunal salga a cobrar la tasa a las exportadoras, obteniendo así recursos vitales que podrían sacar de la crisis al distrito en un período de tiempo relativamente corto.