La Comuna podría emitir "bonos municipales" para saldar deudas con proveedores
A través de la declaración de emergencia económica en el distrito el Departamento Ejecutivo pondría en marcha inmediatamente un programa para "regularizar la deuda municipal y renegociarla a los fines de posibilitar su pago en forma sostenible con el cumplimiento de los cometidos esenciales del Estado Municipal".
Este viernes 27-12 el oficialismo presentará en el Concejo Deliberante el proyecto de declaración de emergencia que otorgará herramientas al intendente Arturo Rojas para gestionar la crisis en la que se encuentra sumida la Comuna tras los cuatro años del gobierno massista.
Los nuevos atributos para el intendente incluyen facultades administrativas sobre el personal, permisos para revisar y modificar contratos y la creación de un registro de proveedores para renegociar todos los contratos celebrados por la Comuna, entre otros. La idea es que a lo largo del año el intendente pueda ir saneando el estado de las cuentas, mejorando la recaudación e ir aplicando políticas de reducción de ciertos gastos para hacer más eficiente la gestión de los ya de por sí magros recursos municipales.
Las políticas de saneamiento irán de la mano con una fuerte voluntad del Ejecutivo de impulsar las causas judiciales pendientes que tiene la Comuna e iniciar nuevos litigios para cobrar viejas deudas y encontrar un esquema hacia un saldo positivo para la Municipalidad. A tal efecto es que se elevará a la categoría de secretaría al área Legal y Técnica, cuyo secretario, Ernesto Povilaitis, trabajó eficientemente durante la campaña para lograr la victoria de Rojas.
En el marco de la declaración de emergencia del distrito, un capítulo entero está destinado a la "verificación de créditos y certificados de crédito fiscal", que propone basicamente saldar cuentas con proveedores a través de la creación de una suerte de "bonos" del estado municipal a cobrarse a cambio de deudas de tasas municipales. Según cálculos del Ejecutivo, el Estado Municipal elevará de 2.000 a 3.500 los litigios por apremios para la Comuna
El capítulo entero, si bien está avalado por una interpretación del artículo 130 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades también se encuentra condicionado a los lineamientos que eventualmente pudiere establecer el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, tal como lo establece el artículo 17º del proyecto.
¿Cómo funciona?
Según el artículo 18 de la declaración de emergencia, "toda persona que se pretenda acreedor de la Municipalidad por obligación contraída antes de la vigencia de la presente ordenanza, vencida o no, cualquiera que sea su monto y causa, con la única excepción de las que tengan causa laboral y/o deudas contraídas con Entidades Financieras Reconocidas y Autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, deberá solicitar su verificación ante el Departamento Ejecutivo, antes del 31 de diciembre del año 2020, de acuerdo al procedimiento que se establece en este capítulo".
El texto de la norma establece que el registro sería de carácter obligatorio para todos los proveedores, que deberán presentar por escrito un "pedido de verificación" junto con una "adhesión al régimen de certificados de créditos fiscales que se crea por esta ordenanza". Una vez verificadas las deudas e inscriptos en el régimen, los proveedores podrán recibir parte del pago en moneda corriente y parte en Certificados de Crédito Fiscal o directamnente el 100% de la deuda en certificados.
Estos certificados "se emitirán con la firma del Tesorero, Contador, Secretario de Economía e Intendente Municipal, por valores nominales de cincuenta ($ 50,00), cien ($ 100,00), quinientos ($ 500,00), mil pesos ($ 1.000,00), cinco mi ($ 5.000,00), diez mil ($ 10.000,00), y cincuenta mil ($ 50.000,00) cada uno".
Según el artículo 23 de la norma, los certificados "se identificarán con el número de esta ordenanza, serán nominativos, expedidos a la orden del acreedor cuyo crédito se encuentre contabilizado y/o fuera declarado admisible y al que se hubiera resuelto pagar en esta forma; contendrán la identificación de esa resolución, y podrán transferirse por endoso completo – con firma certificada por ante escribano público- y nominativo, que deberá notificarse fehacientemente a la Municipalidad emisora".
Estos bonos municipales "no podrán ser utilizados por el acreedor para cancelar gastos causídicos judiciales, costas, honorarios profesionales y todo otro concepto originado como consecuencia de procesos judiciales correspondientes al cobro de deudas que por todo concepto haya iniciado la Municipalidad"
El tenedor legítimo de los “certificados de crédito fiscal” podrá utilizar los mismos para el pago por compensación de hasta el cien por ciento (100 %) de los siguientes conceptos, que hayan vencido o hayan sido impuestas con anterioridad al día 31 de diciembre de 2019:
1. Tasa por Servicios Urbanos. 2. Tasa por Alumbrado Público. 3. Tasa por Servicios Sanitarios. 4. Tasa de Fortalecimiento, Promoción y Prevención de la Salud. 5. Tasa Solidaria de Prevención y Protección Ciudadana. 6. Tasa por Servicios Rurales. 7. Contribuciones de Mejoras. 8. Derechos de Construcción. 9. Patente de Rodados. 10. Patente de Rodados Menores. 11. Derechos de Cementerio. 12. Derechos de Uso de Espacios Públicos. 13. Derechos de Publicidad y Propaganda. 14. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 15. Adicional para Promoción del Turismo. 16. Tasa de Gestión Ambiental. 17. Multas por infracciones aplicadas conforme lo dispuesto por el Decreto - Ley Nº 8.751/77, Ley Nº 13.133 y sus respectivas modificaciones y normas complementarias.
El régimen establece además que "los 'certificados de crédito fiscal' no podrán ser utilizados para cancelar moratorias o planes de regularización de deudas".
En su último artículo el capítulo que dicta el nuevo régimen se establece finalmente que "los “certificados de crédito fiscal” tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021 para ser utilizados". Una vez vencido el plazo sin ser usados, los certificados extinguen automáticamente la deuda
