¿Los superpoderes para Rojas son una amenaza para los municipales?
Para el viernes 27-12 está planteado el tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante de una serie de cuestiones que serán centrales para que Arturo Rojas pueda garantizarse su propia gobernabilidad en un panorama que se presenta áspero tanto en lo económico-financiero como en lo político para la gestión del flamante intendente.
Pasa que además del presupuesto para el 2020, el Ejecutivo elevará para su tratamiento un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, sanitaria y ambiental en el distrito, buscando así proveerse de las herramientas que considera necesarias para maniobrar con una Comuna sumida en la incertidumbre de la crisis.
El proyecto, al que tuvo acceso Cuatro Vientos, preve darle al Departamento Ejecutivo una serie de atribuciones que le permitirá disponer de recursos y personal de manera plenipotenciaria. Así, en el Capítulo IV "De la relación de empleo público", el intendente busca tener atribuciones dentro de la emergencia que le permitan "reasignar el destino del personal, disponer su rotación, modificar horarios o reubicarlo incluso en agrupamientos distintos al que se encuentra, como tomar toda otra medida que considere conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado municipal" (artículo 12).
Además, se establece que el Ejecutivo pueda jubilar compulsivamente a empleados que ya estén en condiciones de hacerlo, aunque eligiendo sus propias excepciones. Según el artículo 13, "el Departamento Ejecutivo podrá excluir de esta disposición a aquellos agentes que por su experiencia y cualidades personales sean considerados estratégicos y por ello conveniente su permanencia dentro de los planteles administrativos".
Las atribuciones adquiridas en nombre de la emergencia podrían generar cierto debate durante la sesión: más de un municipal recuerda que un intendente con el poder de manejar así al personal retrotrae las cosas a tiempos del intendente Julio Municoy, donde los empleados eran dispuestos de manera arbitraria, trasladándolos de área como castigo por eventuales expresiones de rebeldía u oposición a la gestión o simplemente jubilados compulsivamente para que no generaran inconvenientes.
Por lo pronto, los municipales siguen de paro, con una importante deuda en materia de salarios y horas extra, por lo que las nuevas atribuciones del intendente llegan para profundizar un conflicto que, en el proceso de normalización de la situación de la Comuna, podría estallar de un momento a otro.
