Superpoderes: El proyecto de emergencia que impulsa el Ejecutivo

Para este viernes está previsto el tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante de Necochea de un proyecto que resulta clave para la gestión de Arturo Rojas al mando de la Comuna: la declaración de la emergencia económica, sanitaria y ambiental del distrito, una ordenanza que entregará nuevas atribuciones al intendente para gestionar recursos municipales salteando algunos controles habituales y movilizar gestiones de manera autónoma.

Pintando un escenario catastrófico, Rojas y su equipo avanzan en la construcción de una plataforma que continúa con el relato de la campaña electoral exagerando los evidentes defectos de la gestión anterior y magnificando problemas heredados para justificar la necesidad de la declaración de emergencia. Cuanto mayor sea el problema, más necesaria se volverán las herramientas legales que requiera el Ejecutivo para gestionar.

En ese contexto, las declaraciones del intendente sobredimensionaron la deuda municipal estimándola en 1.000 millones de pesos cuando el acta de traspaso oficializó poco más de 488 millones de pesos o señalaron la existencia de más de 100 cargos en la planta política del ex intendente Facundo López cuando en realidad no alcanzaban ni a 50. La idea de plantear extrema gravedad en la crisis de la Comuna corre en el doble sentido de habilitar la verosimilitud de la emergencia que otorgaría los plenos poderes y de ganar algo de aire de cara a la opinión pública en vistas del estado calamitoso en el que encuentra todo.

Con una destacable mayoría en el HCD el oficialismo impulsará el proyecto al que tuvo acceso Cuatro Vientos. A lo largo de 35 artículos el proyecto da forma al "estado de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Sanitaria al Municipio de Necochea" que declara en su primer artículo. El proyecto estima que el estado de emergencia debe durar un año con posibilidades de extenderse a dos por decreto del intendente.

Los poderes que recibiría el intendente en caso de ser aprobado el proyecto pueden llegar a generar alguna polémica, sobre todo en el marco del clima convulsionado en el que se encuentra la Comuna, con trabajadores municipales en paro, conflicto con el contrato de basura y una larga fila de proveedores que esperan cobrar por los servicios prestados al Estado Municipal.

Por ejemplo, en el artículo 3, inciso E, se faculta al intendente a "celebrar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas para facilitar la misma", lo que en otras palabras significa que podría tercerizarse el cobro de tasas, es decir, privatizar la recaudación municipal. La intención de conseguir privados que se dediquen al cobro de tasas fue un proyecto que estaba en carpeta del bloque de Cambiemos Fe y que ahora podría resurgir con fuerza a caballo de la emergencia.

El mismo Artículo 3 tiene otros incisos que podrían causar debate, como la facultad de  "revisar los permisos, concesiones y contratos, con el fin de recomponerlos de común acuerdo, y de no ser posible proceder a su resolución, caducidad o rescisión" (inciso C); "reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias" (Inciso D); o "arrendar o vender bienes del dominio privado municipal o de aquellos que estén bajo su custodia conforme la normativa vigente" (inciso H).

Revisión de contrato y pago a proveedores

En el Capítulo II, los cinco artículos señalan la clase de atribuciones que se otorga al Ejecutivo para "resolver y/o rescindir todos aquellos permisos, concesiones y contratos en curso de ejecución al 10 de diciembre de 2019" (Artículo 5º). A través de esa facultad, el Ejecutivo podrá adecuar cánones y planes de trabajo de los concesionarios, refinanciar deuda en mora, a ampliar y/o prorrogar plazos y disponer pagos con "certificados de crédito fiscal", una suerte de "bonos del estado municipal" que se crean en la ordenanza de la emergencia.

Sucede que al efecto de manejar la crisis, la ordenanza permite que el intendente pague las deudas a proveedores y contratistas con certificados de crédito fiscal que, de aprobarse la norma, serán la moneda de cambio que tendrán los proveedores para cobrar lo que se les debe. El mecanismo que preve la emergencia establece que todo proveedor que reclame deuda al Municipio deberá registrarse y probar su condición para acceder a los certificados de crédito fiscal que servirán pura y exclusivamente para pagar tasas adeudadas. Este sería uno de los puntos que más conflictos podría generar.

Aunque el paquete de atribuciones para revisar contratos afectará a todos los proveedores, el objetivo principal de la norma apuntaría al servicio de recolección de residuos, uno de los contratos más onerosos que mantiene la Comuna por un servicio escencial.

¿Emergencia sanitaria?

Al respecto de la situación preocupante del sistema de salud, la norma poco propone en específico y las atribuciones en materia administrativa y económica que se brindan al Ejecutivo en otros capítulos del proyecto parecieran estar destinadas a abarcar el área sin demasiadas precisiones.

En tres artículos se plantea la emergencia: el primero definiendo las prioridades que tendrá la emergencia sanitaria (garantizar insumos, procurar equipamiento, etc); el segundo autorizando al Ejecutivo a tomar acciones para un estado de emergencia en el sistema de provisión de agua; y un tercero, que es el más importante, habilitando al Ejecutivo a realizar compras directas de insumos y medicamentos según lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 156 de la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto ley provincial N° 6769/58).

Según el mencionado inciso, "se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado". 

Con ese permiso, el intendente estará en condiciones de realizar compras directas, algo que en el pasado llegó a triplicar el costo de los insumos, dado que los proveedores aumentan el precio ostensiblemente en vistas de los atrasos y la dudosa capacidad de pago de la Comuna. Precisamente la compra de insumos de esta forma fue la que causó el desabastecimiento en el hospital cuando los precios se hicieron impagables por la devaluación de agosto y la falta de financiación por parte de provincia imposibilitó nuevas compras.

Otras atribuciones

Además de disponer de la revisión de todos los contratos (y la forma de pagarlos) y de permitir al intendente realizar compras directas y modificar a su gusto partidas presupuestarias, la emergencia facultaría al intendente a "modificar, fusionar, intervenir y suprimir organismos, dependencias y cargos" de la administración central (artículo 10 inciso A).

Además, el intendente podrá: disponer "la restructuración general o sectorial; reasignar misiones y funciones; y realizar la adecuación de partidas presupuestarias relacionada con las acciones arriba descriptas". Además, en casos de intervención de organismos, "las funciones y atribuciones del Interventor serán las que las normas otorguen a los órganos de administración y dirección debiendo en el desempeño de su gestión dar estricto cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Departamento Ejecutivo. Le corresponde al Interventor la reorganización provisional del ente intervenido" (artículo 11).

Con respecto a los trabajadores municipales, las atribuciones propuestas para el intendente abarcan practicamente todo sentido, lo que ha generado cierta preocupación entre los empleados, dado que el Departamento Ejecutivo estará facultado para "reasignar el destino del personal, disponer su rotación, modificar horarios o reubicarlo incluso en agrupamientos distintos al que se encuentra", lo que es interpretado como una medida disciplinadora sobre un sindicato que durante la carrera electoral se mostró muy combativo y funcional a la oposición que ahora es oficialismo y tiene que sortear la conflictividad en un panorama económico que impide pagar salarios en tiempo y forma.

Si todo transcurre normalmente, el polémico proyecto de ordenanza sería tratado este viernes 27-12, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y resulta de vital importancia para la gestión de Rojas, que buscará de esa manera disponer más libremente de los recursos municipales y ejecutar sus políticas con menos controles y mayores atribuciones que en un curso normal de las cosas.