Lucha contra las drogas en Necochea: Cuatro procedimientos por 4,6 grs de cannabis
La guerra contra el narcotráfico que dice llevar adelante el gobierno nacional con el trabajo de la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich ha demostrado ser redituable en términos electorales, algo que hace que cada cuadro del gobierno se refiera a ello como si se tratara de una gestión exitosa basándose en cifras macro que rara vez son observadas con detenimiento.
Sin embargo, cuando se hace una mirada en detalle sobre las causas iniciadas en esta "lucha", los datos suelen revelar lo capcioso de las estadísticas y lo poco que en realidad se consigue en un cotidiano que resulta costoso para el erario público.
Sucede que por disposición ministerial, las fuerzas de seguridad siguen deteniendo a pequeños consumidores (en su amplísima mayoría, de cannabis) para engrosar los listados que posteriormente se anuncian como batallas ganadas en la lucha contra el narcotráfico. La orden cumplida por la policía genera gastos que ascienden a los 10 mil pesos por causa, que usualmente va a parar a los archivos.
En Necochea, la necesidad de engrosar esa lista de detenciones que solicita el ministerio hace que muchas veces los operativos rayen lo ridículo, aumentando no sólo el gasto sino el volumen de trabajo de fiscalías y juzgados que deben dar curso a las causas perdiendo tiempo y recursos que podrían ser destinados a casos más relevantes.
Para muestra, un botón: en nuestra ciudad en las últimas semanas se generaron cuatro causas diferentes por la tenencia de poco más de 4 gramos de cannabis.
Los casos, además, lejos estaban de representar un trabajo de prevención: una pareja que caminaba por avenida 58 y 95 con medio porro en la mano; dos jóvenes que volvían del trabajo en moto con un porro recién armado; un joven que se asustó por un patrullero e intentó descartarse de un cigarrillo con un gramo de cannabis; o la detención de un estudiante de 19 años en San Cayetano por una tuca de medio gramo. Ninguno de ellos tenía antecedentes de ningún tipo y a pesar de que no quedaron detenidos, las causas siguen su curso, engrosando el problema y ralentizando a la Justicia más que combatiendo el tráfico ilegal.
Aunque los argumentos que esgrimen los prohibicionistas relacionan directamente el consumo de estupefacientes con la delincuencia, en los hechos la realidad muestra diariamente que la persecusión de los usuarios no hace más que perjudicar el funcionamiento de la justicia y poco aporta realmente a tareas preventivas para combatir la inseguridad.
