TASA PORTUARIA Y RELISA

Control del HCD: Contra el cobro de la tasa portuaria y preocupación por el embargo a las cuentas municipales

viernes, 20 de septiembre de 2019 · 16:08

El de Necochea es el típico ejemplo en el que en nombre de una buena causa se toman medidas desesperadas sin medir consecuencias de manera tal que todo problema termina generando la famosa dicotomía "del huevo o la gallina" en la que resulta dificil determinar cómo se ha llegado a determinadas situaciones.

Sin embargo, la respuesta es más o menos siempre la misma: la política y las pugnas de poder (sobre todo cuando se afectan los grandes intereses) son las responsables de los desarreglos constantes que, sin política de estado definida, terminan haciendo que las circunstancias superen cualquier voluntad de diálogo posible deviniendo en mayores conflictos.

Para muestra, un botón: con un municipio ampliamente desfinanciado por los recortes provinciales y en medio de una crisis económica inducida por el partido gobernante (Cambiemos), la oposición en el Concejo Deliberante intenta por un lado cuestionar como pueda el cobro de la llamada "tasa portuaria" mientras que, por el otro, intenta detener un trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo para destrabar un embargo sobre las cuentas municipales por una deuda con la empresa recolectora de basura RELISA.

Así lo entendieron varios funcionarios municipales consultados, que ven en la actitud de la oposición en el HCD una intencionalidad política de menoscabar los esfuerzos del Ejecutivo para trara de capear la tormenta que genera la crisis financiera en el país, la provincia y, por supuesto, el distrito de Necochea.

Sucede que en las últimas horas se conoció la propuesta del Ejecutivo presentada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo del Dr Carlos Herrera, en el que la Comuna ofrecía como garantía de pago de una deuda de dos cuotas más intereses para con la empresa recolectora de basura dos terrenos fiscales sobre los que se emplaza el Complejo Casino de Necochea. El monto asciende apenas al 3% del presupuesto total de la Comuna en 2019, que es de 1996 millones de pesos.

En la propuesta, el apoderado de la Municipalidad de Necochea, Julio Zapata, solicitaba el levantamiento del embargo por afectar al "interés público" y argumentando así sobre la "inembargabilidad" de las cuentas municipales. De no prosperar la solicitud, la Comuna propuso cambiar el embargo y poniendo como garantía los terrenos. Además, solicitaba una audiencia para definir los parámetros de un acuerdo a futuro.

"Sabemos que en tiempos electorales la tergiversación de los hechos y la permanente campaña de falsos supuestos hace que se lleve preocupación a parte de nuestra sociedad. Queremos aclarar que de ninguna manera existe riesgo alguno de sufrir un menoscabo del patrimonio municipal", señaló la Comuna en un comunicado oficial explicando posteriormente el panorama.

Ahora, en una nota cuya copia sólo hicieron llegar a algunos medios de comunicación, los concejales opositores se comunicaron con el juez Herrera para hacerle llegar su preocupación al respecto del ofrecimiento de terrenos públicos como garantía del pago. Así lo reflejó el portal web del canal de TV local TSN:

Concejales de la oposición presentaron un escrito, este jueves, al titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Necochea, señalando que al proponer como garantía dos inmuebles para evitar un embargo solicitado por la empresa Relisa, el Departamento Ejecutivo no dio participación al cuerpo deliberativo.

Los ediles entienden que esto último debería haber ocurrido y, al informar el juez Carlos Alberto Herrera acerca de esta situación, manifiestan que lo ponen en conocimiento “a los fines de evitar posibles futuro planteos que podrían configurar hechos y actos contrarios a derecho y que generan profunda preocupación”.

Firman el escrito los ediles María Eugenia Ruiz y Jorge Martínez (Compromiso y Trabajo por Necochea), Graciana Maizzani (Unión Cívica Radical), Carolina Robert (Alternativa), María Eugenia Vallota, Hernán Trigo y Gabriela Góngora (Cambiemos Fe Pro), Francisco Medina (Frente Vecinal Necochea) e Ignacio Barrena (Unidad Ciudadana). También impulsaron el trámite las ediles Marcela Fernández Palma (Cambiemos Pro), Andrea Cáceres (Unidad Ciudadana).

El expediente se caratula “Recolección y limpieza ambiental S.A contra Municipalidad de Necochea sobre ejecución de sentencia”.
La nota de los concejales hace referencia a la “sustitución de embargo” propuesta por el municipio como una de las alternativas previstas para evitar que sean afectadas cuentas de la Municipalidad de Necochea en el Banco Provincia.

En tal sentido, lo que ofrece a modo de garantía el municipio son tierras fiscales en las que se hallan el Complejo Casino y un sector del Parque “Miguel Lillo”.

El embargo promovido por la concesionaria del servicio de recolección de residuos se relaciona con una deuda pendiente del año 2015, para la cual el año pasado se logró, actuación de la Justicia mediante, un acuerdo que incluyó un cronograma de pagos, al que la comuna no dio cumplimiento.

Los ediles interpretan que previamente a hacer el ofrecimiento de la sustitución de embargo, el Departamento Ejecutivo “debió haber contado con la aprobación del Concejo Deliberante a tales fines”.

Dicho trámite administrativo previo, indican, no ha tenido curso en el cuerpo deliberativo “no obrando a la fecha actuación alguna al respecto”. Y citan artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Asimismo, indican que “sin perjuicio de lo expuesto precedentemente el Municipio de Necochea, por Ordenanza Nº 9364, se encuentra adherido desde al año 2017 a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

Finalmente, en la nota dirigida al juez Herrera, los concejales afirman: “Venimos por la presente a los efectos de poner en conocimiento a vuestra señoría de esta circunstancia, a los fines de evitar posibles futuros planteos que podrían configurar hechos y actos contrarios a derecho y que generan profunda preocupación".

Desde luego, las observaciones volvieron a molestar al oficialismo, sobre todo después de la resistencia que mostró la oposición al intento del Ejecutivo de cobrar la Tasa Portuaria. "Pareciera que están empecinados en que ni cobremos ni podamos pagar", señaló una fuente del Ejecutivo a Cuatro Vientos. Aunque la apreciación es tendenciosa, cierto es que las actitudes del HCD opositor tienen más de testimonial que de posición de fuerza que pueda obligar a cambiar el curso de acción.

No al cobro

La actitud de la oposición en el Concejo Deliberante en el tema de la deuda de RELISA fue tomada netamente como una cuestión política dentro del oficialismo. Para los oficialistas, la decisión de intervenir, en definitiva, representa una objeción que, lejos de aportar a la resolución del conflicto suscitado, intenta socavar e influir sobre una decisión judicial en un trámite que lleva adelante el Ejecutivo. 

Una objeción con intención similar pero por un tema diferente hizo el Cuerpo Deliberativo semanas atrás, cuando el Ejecutivo anunció que buscaría trabar un embargo a las 28 exportadoras que desde 2014 adeudan un concepto de 200 millones de pesos en concepto de la llamada "tasa portuaria": otra vez apelando a su rol de contralores los concejales advirtieron sobre eventuales posibles costas legales para la Comuna en caso de que las exportadoras decidieran demandar al Estado Municipal por la intimación del pago de una tasa que este mismo Concejo Deliberante derogó en 2017.

Por lo pronto, aunque no pasaron ni 15 días de la intimación, la advertencia de los concejales no parece haber tenido fundamento: son dos exportadoras las que decidieron cerrar la cuestión pagando la tasa adeudada y según señaló esta semana el director de Ingresos Públicos, Sebastián Pérez Ardanaz, hay una tercera compañía que ya está preparando sus cuentas para abonar lo adeudado, en el inicio de lo que la Comuna espera que sea un "efecto cascada" que termine de saldar los 200 millones pendientes.

Frente a esa situación, el bloque de concejales de Cambiemos decidió presentar un proyecto de minuta de comunicación para solicitar información sobre la naturaleza de los montos requeridos, su composición y la normativa que les dió configuración. La minuta sería presentada en la próxima sesión ordinaria.

En rigor de verdad, a pesar de la mirada subjetiva del Ejecutivo, lo cierto es que el HCD realizó en los últimos años observaciones sobre las acciones del Ejecutivo para cobrar la tasa a través de un proyecto que fue tratado en sesión ordinaria el año pasado, cuando se había cumplido un año de su derogación, cerrando el ciclo del "huevo o la gallina" que volverá a presentarse cuando se conozca una nueva acción en términos reales (tanto para el tema de la tasa portuaria como para el de la deuda de RELISA) en los próximos días.

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