Denunciaron al Secretario de Obras Públicas por "incumplimiento de deberes de funcionario público"

Se trata de la primer denuncia en la Justicia contra un funcionario de Arturo Rojas en la Municipalidad: a poco de cumplirse dos meses de gestión uno de sus funcionarios de primer nivel fue denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público por ordenar realizar trabajos en el Parque Miguel Lillo sin cumplir el procedimiento dispuesto.

Lo que sucedió fue que a raíz de un sospechoso incendio de un sector reducido del parque (menos de un cuarto de hectárea), la Comuna lanzó un plan de inmediato que movilizó topadoras para ampliar sendas dentro del parque argumentando que es para permitir el paso de autobombas de bomberos. La apertura de calles generó destrozos que merecieron la denuncia contra el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Comuna, Oscar Carrera.

"Lo que nos alertó fueron las declaraciones de Carrera después de la reunión que hubo con distintas áreas de la municipalidad donde dijo que iban a hacer dos o tres cortafuegos de 100 metros de ancho: si nosotros pensamos que el parque tiene 400 metros de ancho y hacemos dos o tres cortafuegos de 100 metros de ancho nos quedamos sin parque, claramente" señaló a Cuatro Vientos la ingeniera Susana Laborde, de la agrupación socio ambiental El Parque No Se Vende. "Que un funcionario con tanta liviandad diga semejante cosa sin haber analizado esas palabras y no haber tenido asesoramiento para decir eso, es que desconoce absolutamente el parque", agregó.

"Esto habla de un incumplimiento de deberes del funcionario público porque abiertamente desconoce la legislación , desconoce los estudios que hay sobre el parque y desconoce la manera de llevar adelante cualquier acción dentro del parque... por eso fue denunciado por incumplimiento de los deberes", remarcó Laborde.

"Con la excusa de un incendio se empezaron a abrir calles frente a Camioneros, en una zona donde sólo había senda porque los caminos que existen en el parque son todos caminos cortafuegos que corresponde al diseño urbano (se hicieron con el fin de ser cortafuegos)", explicó la ingeniera y reconoció que "esos caminos sí necesitan ser mantenidos para que se apaguen los fuegos pequeños y otros tienen que tener entoscado para que las autobombas puedan circular".

Basicamente, lo que sostienen los ambientalistas es que se están desestimando los estudios que la propia Comuna pagó para conocer cuál es el debido trato que debe hacerse al parque. Con las declaraciones del funcionario quedó claro que hay un claro desaprovechamiento de los recursos que ya tiene el municipio para manejar el parque y un desinterés marcado en seguir un plan específico (y mucho menos, comunicarlo).

"Lo que se hizo fue abrir con topadora, o sea con todo lo que está desaconcejado absolutamente para el parque porque claramente el LISEA, que es el estudio que hizo la Universidad de La Plata contratada por el municipio para tener las pautas de manejo del parque, entre otras cosas es muy firme en decir que deben manejarse con cuidado las aberturas, aunque sean las entradas para ir a sacar la leña porque las máquinas pesadas afectan de manera inmediata la cobertura vegetal", indicó Laborde. "También dice que al ser una duna fijada (N del R: el parque Miguel Lillo) lo más importante es mantener esa fijación", agregó. 

"Existen pautas de manejo del parque escritas que no se cumplieron en absoluto: se metieron máquinas pesadas, se marcaron árboles para seguir cortando y todo esto sin que exista un plan de forestación de hace años, no solo de este gobierno, ya que reclamamos al gobierno anterior que no plantó ni un cactus", sostuvo.

Los ambientalistas sospechan que el incendio pudo haber sido intencional y que con esa excusa se empezaron a delimitar los caminos con intenciones de intervenir sin mostrar un plan concreto y abierto a la comunidad. Las sospechas aumentan aún más cuando se conoce que dentro del gobierno municipal se desempeña Pablo Aued, quien fuera uno de los principales movilizadores del proyecto inconcluso de creación del EMPAR, un ente autárquico plenipotenciario que podría manejar el parque a placer generando posibles negocios inmobiliarios en el predio con concesiones a largo plazo como en el caso del Barrio Médanos.

"Es bastante sospechoso que justo frente a Camioneros empiecen a abrir calles, tiraron una duna, para modificar todo este sistema claramente tendrían que haber estado con una planificación por escrito que todo el mundo conozca, con un estudio de impacto ambiental y eso ya fue dicho en cuanto se intentó hacer la cancha de hockey, que cualquier modificación en el parque genera impacto ambiental", aseguró la ingeniera ambientalista.

"Nos oponemos a lo que hicieron y tampoco sabemos qué pretenden hacer porque no se informa: siguen diciendo que todo esto fue hecho por la posibilidad de incendios y es poco creíble. Otra cosa es que seguimos desconociendo si las bombas que están en el parque están funcionando, por ejemplo", señaló.

Desafortunadamente, el plan lanzado mediáticamente para "prevenir incendios" no ha sido exhibido públicamente, lo que ha generado preocupación en los vecinos, que ven en la entrada de topadoras al parque una seria amenaza que se sostiene por las sospechas sobre algunos miembros del gobierno local que tienen una visión filoprivatista sobre la cuestión y una falta de transparencia en las acciones de gobierno que no llega a trascender lo discursivo y se plantea como una posibilidad latente que ha sido rechazada una y otra vez a lo largo de la historia de nuestra ciudad.