Juntan firmas para detener el robo de terrenos en el Parque Miguel Lillo

jueves, 2 de diciembre de 2021 · 15:31

Con numerosas irregularidades en los procedimientos y la sanción forzada de una ordenanza avalando la ilegalidad, la Municipalidad sigue sin dar respuesta ni retrotraer la apropiación de tierras del Vivero Municipal por parte del Club Villa Díaz Vélez en el Parque Miguel Lillo, por lo que los vecinos han comenzado a agruparse y a tomar acciones para resistir el ilícito.

Sucede que por más que la prensa oficialista insista con manifestar que para el proyecto existe aprobación por parte del Concejo Deliberante de una ordenanza que entregó las tierras, lo cierto y oficial es que el procedimiento se realizó bajo una figura que directamente no existe, mencionada en la norma como "cesión en concesión de uso".

La grave irregularidad ni siquiera tuvo dictamen la Secretaría de Legal y Técnica del municipio y hasta ni siquiera contó con el acompañamiento de la totalidad del bloque oficialista: ni el presidente del HCD, Hernán Trigo Gutiérrez, ni la concejal de Nueva Necochea, Luciana Jaime, ambos abogados conocedores de la ley, estuvieron dispuestos a votar positivamente la ordenanza en razón de su completa ilegalidad que incluso podría traer repercusiones negativas para su desempeño en el ámbito legal.

Por lo bajo se especula que el "trueque" de terrenos forma parte de la devolución de favores que habría dado el propietario de una empresa de movimiento de suelos vinculado a la obra pública que es socio del club beneficiado. Otro que operó para la irregularidad es el concejal tenista, Guillermo Sánchez, de Nueva Necochea, quien ha sido miembro de la comisión directiva del club y tiene cierta relación con otros de los beneficiados con el proyecto.

Uno de los puntos que ha indignado con mayor fuerza a los vecinos y ambientalistas es que la entrega de los terrenos, además de ilegal, resta espacio al Vivero Municipal, que es precisamente el lugar desde el cual la Comuna podría ampliar sus trabajos para dar mantenimiento al predio. Es decir, se quita espacio a un área pública que sirve para cuidar al parque para entregarlo a un emprendedor privado vinculado por medio del club al concejal que fuerza las irregularidades.

En este contexto es que los vecinos están impulsando una recolección de firmas que en pocas horas ya acumuló casi 700 apoyos y sigue subiendo. "Les invitamos a firmar este Pedido de Paisaje Protegido de manera virtual, se puede compartir en todas las redes y buscar el apoyo con una simple firma en todo el país", llamaron los vecinos a través de la plataforma de activismo Change.org.

Los vecinos vienen bregando desde hace muchos años para que se declare al parque Miguel Lillo Paisaje Protegido Provincial, algo que, por otra parte, el oficialismo se negó a acompañar el año pasado. El sábado pasado en el Centro Cultural Necochea la referente de la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo, María Roullier, explicó de manera abreviada una cronología detallada sobre los intentos realizados a lo largo de tres décadas para conseguir este objetivo: el Concejo le pidió el año pasado al intendente que eleve la petición a la gobernación de La Plata, aunque se desconoce si el intendente realizó alguna clase de gestión al respecto.

Además de las firmas, las agrupaciones que movilizan las protestas, plantean dos próximas fechas en las que se realizarán actividades. Por un lado este viernes 3 a las 18:30 horas convocan a una reunión informativa en el Centro Cultural Necochea (calle 54 -3062) bajo el hashtag #QuéEstánHaciendoConElParque?

Posteriormente, para el domingo 5 a las 15 horas en el predio en disputa (entre el predio del Vivero y el Club Villa Díaz Vélez, se celebrará una reunión abierta de la Asamblea de Espacios Comunes que viende reuniéndose sostenidamente desde que otro club, Villa del Parque, alambró parte de su concesión "a ojo" por orden de la Municipalidad.

Mientras tanto, es inminente (se espera que para el comienzo de la semana que viene) la presentación de un amparo en la justicia en el que la Asociación Civil El Parque No Se Vende solicitará que se detengan los trabajos y se restablezcan los daños, además de ordenar un estudio integral del Parque para evitar futuras iniciativas similares.

Por esta cuestión varios funcionarios y concejales, incluyendo al intendente Arturo Rojas que decretó la validez de la ordenanza, podrían enfrentar causas en la Justicia en virtud de la aprobación de un procedimiento completamente ilegal e incurriendo en el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "daño de bienes públicos".

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