Libertad para Santiago: Una tormenta perfecta en la aplicación del REPROCANN que se desató en Necochea

La detención de un cultivador solidario y activista cannábico en Necochea reflejó un estado de las cosas alrededor de la aplicación de la Ley de Cannabis Medicinal, que aún tiene un largo camino que recorrer para que su implementación finalmente garantice los derechos a los que está apuntados: la posibilidad de que usuarios de cannabis puedan tener sus cultivos registrados y exentos de ser criminalizados por la Ley de Drogas (Nº 23.737).

Lo que sucedió terminó siendo la tormenta perfecta: un grupo de aficionados al cannabis comenzaron un proceso de producción conjunta de la planta para garantizar una provisión de flores en el marco de la ley, la policía recibió una denuncia de una vecina que vio mucho movimiento en la casa del cultivo y tras realizar un seguimiento, solicitó una orden de allanamiento con la sospecha que se estaba realizando una operación de narcotráfico a gran escala.

Poco antes del operativo, el joven cultivador había descargado una buena cantidad de fertilizantes y tierra preparada en su casa, producto de una compra grupal de los cultivadores que tenían plantas en el lugar. Al ver semejante movimiento, los indicios sobre una operación de envergadura dispararon el accionar policial inmediato, que lamentablemente terminó con la destrucción del cultivo.

Luego al encontrar la impresionante precisión que había en el manejo del cultivo, con sistemas de riego, lámparas y uso de fertilizantes, la sospecha de que se trataba de un laboratorio con fines comerciales se acentuó. El entusiasta cultivador es reconocido en la comunidad cannábica por la calidad de su producción, lo que hizo que incluso otros aficionados se le acercaran y tras la detención, estén manifestando su apoyo en la calle.

Aunque el cultivador dueño de casa, Santiago Aicardo, de 25 años, pudo demostrar durante el allanamiento que estaba registrado en el REPROCANN (el registro que el Ministerio de Salud abrió para los cultivadores), la cantidad de plantas que tenía sobrepasaba el permiso, lo que devino en una virtual caída del cultivador en un vacío legal: si bien está reglamentado el permiso, no es clara la sanción que cabe a quien haya cometido la infracción de cultivar más de lo permitido. Al no haber reglamento, ni la policía ni la Justicia disponen de herramientas para definir la situación, por lo que Santiago permanece detenido desde hace dos días.

El allanamiento, otorgado por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de la Dra Aida Lhez, en principio seguía la indicación de que el cultivo estaba destinado a la comercialización. La fiscalía proponía que la causa se caratulara bajo la "Tenencia Simple con fines de comercialización", mientras que la defensa solicitaba que se caratulara como "Tenencia Simple". Finalmente la jueza determinó que la carátula sería "Siembra", algo que preve altas penas y contempla la posibilidad que existiera la comercialización, que si bien no ha sido acreditado en la investigación, aún está bajo posibilidad de ser periciado.

El Juzgado de Garantías derivó entonces la causa al Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr Bernardo Bibel, que ahora deberá determinar el curso de acción. Como ya existen otros casos similares de cultivadores registrados que fueron allanados en el país y hay precedentes de sobreseimientos con cantidades de cannabis incluso mayores que las que tenía Santiago, se espera que el Juzgado Federal se declare incompetente e incluso se cuestione los "fines de comercialización" presumidos inicialmente, debido a que no se puede acreditar la acusación. 

La ONG Cannabicultores Necochea se encuentra activamente dando apoyo a Santiago y su familia e inició una campaña para pedir su inmediata liberación. Santiago frecuentaba la ONG y participaba de actividades de difusión como activista e incluso proveía aceites de manera solidaria a numerosos usuarios medicinales, lo que se ha visto reflejado encomentarios en las redes sociales de vecinos que, al conocer la noticia de su detención, se expresaron abiertamente en su defensa.

Falta mucho

El operativo en realidad replicó a otra serie de situaciones que ya se han producido en el país, mostrando que lo reciente de la implementación del programa aún no termina de tener todas las herramientas que necesita para funcionar correctamente y muestra algunos cortocircuitos entre la policía, la Justicia y los cultivadores registrados como en el caso de Santiago.

En principio, la falta de reglamentación que sancione las infracciones dentro del programa es uno de los puntos de debate que provocan que la Justicia no tenga herramientas y aún ni siquiera haya sentado demasiados precedentes. La aplicación del programa de registro de usuarios de cannabis es muy reciente y aún con la capacitación debida, sin sanciones previstas para los infractores, la situación se seguiría repitiendo.

La reconocida activista cannábica y ex presidente de Cannabicultores Necochea, Luz Juliano, desde principios de año viene asesorando a usuarios que la contactan a través de su cuenta de Instagram y promoviendo la inscripción de los cultivadores para regularizarse dentro del programa.

Los problemas que acusan los usuarios es que la inscripción tarda muchos meses e incluso presenta algunos defectos en el funcionamiento. La situación en Necochea es igual que en el resto del país: numerosos cultivadores iniciaron los trámites y aún están esperando su aprobación, aunque ya han comenzado su cultivo. Además, en muchas ocasiones los trámites son mal registrados y buscando evitar nuevas dilaciones, los usuarios han postergado hacer los cambios necesarios, lo que ha devenido en otras infracciones que suman confusión a la situación.

El debate sobre la cantidad de plantas

Como Santiago tenía 330 plantas en la casa la espectacularidad del hallazgo ganó inmediata repercusión en los medios locales, que en principio reflejaron que se trataba de un golpe al narcotráfico, dada la presunción de los investigadores en vistas de lo sofisticado de las técnicas de cultivo, cuya refinación daba a entender que se trataba de una verdadera "fábrica de porro".

La espectacularidad que se imprimió al anuncio tenía su razón de ser: en la historia de Necochea el mayor allanamiento a un cultivo había alcanzado a 100 plantas (2016). Si bien el cultivo allanado el miércoles tenía el triple de plantas su composición fue diferente: apenas 60 de las plantas incautadas y luego destruídas, estaban en flora (en vías a ser cosechadas), no superaban el metro de altura y tenían bajo rendimiento. Además, más de un tercio de las plantas que se destruyeron en el operativo eran de CBD, esto es, el cannabinoide que no es psicoactivo y sirve exclusivamente a fines medicinales. Esas son las plantas que se exhibieron en la calle durante el allanamiento.

A diferencia del cultivo destruído por la policía en Costa Bonita en 2016, en este caso la gran mayoría de las plantas eran apenas esquejes o en período de crecimiento. Las que estaban en flora y a punto de salir, alcanzaban para abastecer por unos meses solamente al grupo de cultivadores. Los cultivadores además debían abastecer a familiares mayores con diferentes dolencias.

La producción de aceites de calidad para una persona requiere por lo menos 3 plantas grandes (de más de 1,5 mts de altura) y para el caso actual, cada cultivador necesitaba por lo menos 15 de cada una de las plantas pequeñas para reemplazar las 3 plantas grandes. De no haber sido destruído el cultivo, los activistas hubieran podido obtener la provisión para los meses que tomara la siguiente cosecha y por eso es que el resto de las plantas encontradas (las 270 restantes) en realidad recién serían cosechadas en 6 meses.

Cuando se tiene en cuenta la perspectiva dinámica que toma esta forma de agricultura, con los plazos y rindes en claro, se hace evidente que el cultivo colectivo sí cometía infracciones administrativas como el registro defectuoso de los cultivadores o el exceso en la cantidad de plantas en flora permitidas (el REPROCANN permite 9 plantas en flora), pero no representaba en realidad la dimensión a gran escala del tipo de los campos de cultivo clandestinos que dirigen los cárteles de narcotraficantes.

La propuesta

En medio de un atolladero han caído la policía, la Justicia y los cultivadores: como Santiago está registrado en el Ministerio de Salud, resultaba natural que el cultivo colectivo se desarrollara en su casa mientras avanzaban los registros. Como el movimiento era grande, lo natural fue que la policía y la Justicia lanzaran el allanamiento con sospechas razonables, impulsadas por una vecina alarmada. En el centro de todo, Santiago lleva 2 días en una celda y los cannabicultores siguen cada paso y buscan llevar el caso a los medios nacionales.

Mientras se espera la pronta liberación del cultivador, se hace necesaria la articulación de comunicaciones entre el Ministerio de Salud y la Justicia para cruzar datos. De esa manera, los juzgados contarían con información sobre los usuarios registrados en el programa y ajustados a derecho para evitar futuras investigaciones y allanamientos sobre sus cultivos. La propuesta podría servir para evitar las confusiones como la de este caso y dimensionar los conflictos o infracciones en su justa medida y con información en la mano.

Actualmente la ONG Cannabicultores Necochea lleva más de un año esperando que la Municipalidad convoque a un consejo consultivo junto a autoridades sanitarias para implementar un registro local de cultivadores que incluso podría servir para abastecer al hospital loical de aceites, generar trabajos genuinos e incluso regularizar la actividad de cientos de cultivadores de Necochea que combaten la criminalización de su actividad bajo la consigna "no somos narcos".