Denuncian por corrupción a 6 funcionarios municipales por la concesión de La Hélice
Una vez más la concesión del ex balneario La Hélice en Quequén ha ganado la tapa de los diarios: un vecino que gestionaba la concesión y que fue removido del lugar denunció a 6 funcionarios municipales por "corrupción", "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", "amenazas agravadas", "defraudación" y "extorsión" entre otras.
La denuncia recae sobre los funcionarios más importantes de la gestión Rojas: el Secretario de Gobierno, Jorge Martínez; el secretario de Legal y Técnica Ernesto Povilaitis; el secretario de Obras Públicas, Ricardo Carrera; la directora de Concesiones, Verónica Dones; la directora de Obras Privadas, Leandra Grassi; y la coordinadora de Presupuesto Participativo de la mDelegación Municipal de Quequén, Rosana Serrano, mencionada como la persona con la que el denunciante tuvo los primeros conflictos.
En resumidas cuentas, el denunciante Jerónimo Aguirre, señaló en su presentación a la fiscalía que los funcionarios obraron de manera irregular en múltiples ocasiones para sacarlo de la concesión y que en el procedimiento le robaron gran parte de la inversión que realizó. Aguirre señala una importante pérdida económica y que, literalemente, la Comuna le robó hasta la vajilla que formaba parte de inversiones que alcanzarían los 6 millones de pesos. Acerca de esto hay incluso declaraciones de testigos que trabajaron en el lugar y que aseguran que los trabajos para poner en marcha el lugar estaban practicamente finalizados.
En su denuncia que consta de 22 fojas Aguirre sostiene que primero tuvo problemas con Serrano, quien lo habría amenazado y hostigado durante un tiempo sostenido, generando escándalos en el lugar, promoviendo denuncias y haciendo alusiones a sus contactos con el poder político en el municipio. Posteriormente, relata, esas amenazas llegaron por parte de empleados municipales, policías e incluso los funcionarios de primera línea señalados.
La mayoría de los episodios tuvieron lugar entre principios de diciembre del 2020, cuando la concesión ya estaba funcionando luego de varios meses de obras.
En su denuncia, Aguirre como representante de la firma Quequén AP502 S.A., presentó 16 elementos de prueba diferentes entre fotografías, contratos, boletas y hasta una resolución de la Secretaría de Obras Públicas. Además, solicita que se presenten a declarar 16 testigos diferentes que darían cuenta de los hechos denunciados.
Negación oficial
El tema salió a relucir este jueves en el Honorable Concejo Deliberante, donde la mayoría oficialista de Nueva Necochea consiguió la aprobación express de un nuevo llamado a licitación. La nueva licitación llevaba más de un año esperando ser tratada y la aparición de la denuncia aparentemente aceleró la cuestión. Tal es así que aunque los concejales opositores solicitaron tratar el tema más en profundidad, la mayoría oficialista forzó la votación y aprobó en menos de una hora una nueva concesión que podría extenderse por 32 años.
El inusitado apuro generó suspicacias que fueron señaladas en la sesión: justamente horas antes de la sesión a través de una nota se hizo saber a los concejales sobre la denuncia que cursa en fiscalía.
En este contexto, la Comuna a través de declaraciones mediáticas comenzó el operativo para desestimar las acusaciones y el propio secretario de Legal y Técnica de la Comuna, Ernesto Povilaitis, uno de los 6 denunciados, salió esta mañana en la tapa del matutino local, Ecos Diarios, a tratar de normalizar la situación
Según el diario local el funcionario aseguró que el denunciante fue desalojado por dos jueces distintos porque la “concesionaria real” del complejo le inició juicio de desalojo a una sociedad “de la cual era parte este personaje”. "Luego la Municipalidad le inició el desalojo a la real concesionaria, por los incumplimientos de los pliegos de bases y condiciones y, por lo tanto, también a todos los ocupantes del lugar", agregó el diario.
“Hay personas que están psiquiátricamente desequilibradas y no se le puede dar trascendencia a cualquier querellante crónico. No hay nada de qué defenderse”, señaló Povilaitis en el reportaje que el matutino publicó como tema central esta mañana.
“Él lo que planteaba en la denuncia es que la concesionaria le había transferido el contrato de concesión, pero el pliego dice que eso tiene que ser previamente aprobado por el Concejo y eso nunca pasó ni por el Concejo, ni por el Ejecutivo ni por nadie. Aparte, el juez le respondió que para que eso tenga viabilidad tiene que haber pasado un tercio de la concesión, lo cual ocurriría recién en 2023. Pero de igual manera no tiene ningún valor si no lo aprueba la Municipalidad, porque sino sería muy fácil ganar una licitación en nombre de otro. Al que yo le transfiero tiene que haber reunido los mismos requisitos que si se hubiese presentado en la licitación”, detalló al diario el funcionario denunciado.
El tema ahora seguirá en la justicia, aunque en vistas de la celeridad inusitada que le dio el Ejecutivo a la nueva licitación en el HCD puede que el escándalo siga generando revuelo y se proyecte sobre la campaña electoral que comienza a vislumbrarse de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
