Poco serio: La Muni tiene una usucapión e insiste en que es todo normal en la venta del Casino

Es algo que a los potenciales oferentes no se les está diciendo, en otra falta total de seriedad de la gestión municipal: aunque la oferta para vender el complejo Casino ofrece parte de los terrenos sin el dominio catastral completamente terminado (una usucapión) la Comuna lanzó un segundo llamado a licitación que tramita incluso en medio de demandas judiciales por parte de los vecinos.

Es que la Municipalidad lanzó este lunes el segundo llamado a licitación para la venta del complejo tratando de reflejar una total normalidad en el proceso que en los papeles está lejos de tener una concreción adecuada.

Ya no el intendente, sino uno de sus secretarios que estaría más interesado en concretar el negocio, el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, anunció a través de la web oficial de la Comuna que desde este lunes están disponibles los pliegos para el segundo llamado a licitación por 200 mil pesos, con fecha de apertura de ofertas el 22 de febrero.

En su comunicado la Municipalidad explicó que "Povilaitis dejó en claro que no hay problema de escritura en ningún lote del edifico que complique la comercialización del inmueble". El funcionario señaló que “eso fue un error entre la Provincia y las autoridades municipales de hace más de 20 años cuando el Casino pasó a manos de la comuna, que se hizo por ley y por un decreto provincial”

Por esa razón Povilaitis consideró que “se trata de un trámite administrativo que ya está en vías de solución” al tiempo que afirmó que “el pliego, de hecho, contempla esta situación, con lo cual no es un obstáculo para avanzar con la licitación”.

Lo que sucedió literalmente es que la Comuna intentó vender un paquete del que ni siquiera tiene las escrituras, lo que hizo que el primer y único oferente en el primer llamado a licitación practicamente desestimara el proceso en cuanto tomó conocimiento de lo que estaba pasando. El Ejecutivo ensayó una explicación que no mencionaba el problema, tratando de seguir avanzando con la venta desestimando las irregularidades y tratando de proyectar una normalidad que en los papeles no existe.

Tal es así, que esa normalidad no existe, que incluso todavía está en curso un proceso legal por el cual vecinos particulares solicitan la total nulidad de la pretensión de venta. De hecho, cuando termine la feria judicial, en febrero la Municipalidad deberá dar respuesta a los escritos que está intercambiando con los vecinos, que a la pretensión de la comuna de vender un usuacapión agregan graves irregularidades en los procedimientos.

Flojo de papeles

El interés de la gestión Rojas por la venta del complejo tiene más que ver con su necesidad de conseguir recursos que le permitan gestionarse sin depender tanto del gobierno nacional y provincial que de una intención política real de resolver la cuestión y eso es algo que se traduce en los procedimientos forzados que busca imporner la Secretaría de Legal y Técnica a fuerza de movimientos sobre la opinión pública.

Sin embargo, en el ámbito legal las cosas no marchas sobre ruedas como en los comunicados que emite la Comuna: las irregularidades para disponer de la venta de uno de los recursos más valiosos del distrito son tantas que vecinos damnificados se han presentado a la Justicia para que se revise el procedimiento, viciado por donde se lo mire.

Los vecinos catalogan las respuestas de la Secretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad como "poco serias". Es que además de tratar de vender una usucapión, tampoco se realizó una evaluación de impacto ambiental de las futuras obras. Ese ítem es muy importante teniendo en cuenta que, ante los evidentes problemas de suministro de agua potable para la ciudad, la construcción de un complejo de torres en donde ahora está el Casino sin dudas representaría una carga para una red de agua ya colapsada. 

Dicha evaluación es obligatoria para movimientos de este tipo, algo que de cualquier manera la gestión Rojas ha decidido pasar por alto, constituyendo sin lugar a dudas un potencial agravamiento del problema del agua y una falta de previsión que ha caracterizado al mandato en materia de obras públicas. Similar planteo hicieron los vecinos en el caso de las canchas de tenis que la Comuna quiso entregar a un club amigo en el Parque Miguel Lillo y que la Justicia ordenó frenar.

Otra irregularidad, vinculada a la falta de evaluación del impacto ambiental, fue que la Municipalidad dio curso a la ordenanza para vender el Complejo sin siquiera haber dado a revisar el expediente a las diferentes áreas que deben evaluar la cuestión. De ese modo, numerosas observaciones que debían hacerse no se realizaron, aparentemente en virtud de la celeridad que quiso imprimirle la gestión pasando por alto cualquier procedimiento normal para un tema central para el futuro del distrito.

Por otro lado los vecinos aseguran que la tasación del complejo (valuada casi sin evaluación y en tiempo récord en 7 millones de dólares) presentó algunas irregularidades que también quedaron plasmadas en la pretensión de nulidad que está presentada ante la Justicia.

Desafortunadamente las numerosas irregularidades alrededor de la venta de uno de los recursos más importantes y trascendentes con los que cuenta la Comuna en estos días es abiertamente ignorada por la mayoría de la población, desinformada por canales oficiales y por los medios afines a la gestión Rojas, financiados ampliamente por pauta oficial. A pesar de las notas de prensa, el proceso no se lleva adelante en la opinión pública sino en la Justicia y, más allá de los anuncios, lo más probable es que por faltas graves cometidas por la Comuna, la gestión Rojas no logre avanzar en sus pretensiones por más intencionalidad política que tenga.