Venta del Casino: El riesgo para los oferentes es comprar dos juicios

El proceso de venta del complejo Casino, que la gestión Rojas a través del secretario de Legal y Técnica Ernesto Povilaitis ha intentado normalizar luego del lanzamiento del segundo llamado a licitación este lunes, tiene tantos vicios e irregularidades que ha provocado dos procesos judiciales diferentes que casi seguro terminan dando todo por tierra.

Lo que sucede es que la gestión del intendente vio en el incendio del Auditorium del Casino una oportunidad única para imponer el proceso de venta del complejo. Si bien la Comuna avanzó en el cobro del seguro por el siniestro, nunca se brindaron mayores explicaciones sobre quién fue el responsable de iniciar las llamas (se demostró que fue de manera intencional) y se impuso la venta en medio de las restricciones de la pandemia. 

Sin embargo, a pesar de la aprobación de la ordenanza, la cantidad de vicios administrativos que se cometieron para llevar adelante el negocio llevaron a vecinos autoconvocados a iniciar procesos judiciales en dos vías: por un lado, solicitando un amparo para que la Comuna deje de avanzar en sus pretensiones hasta tanto no cumpla con los procedimientos adecuados; y por el otro una pretensión anulatoria que deje sin efecto la ordenanza que permite la venta.

La oposición de los vecinos no es gratuita ni responde a un capricho de la "Necochea del No", como gusta llamar la militancia rojista a todo aquel que plantea críticas a sus iniciativas. El problema es que desde la Comuna hicieron todo mal y a las apuradas, viendo la oportunidad de entregar "las joyas de la abuela" al primero que apareciera para obtener recursos propios, sin importar el costo ni si la venta se realiza mal.

Más allá de que por el terreno del estacionamiento del Complejo la Comuna tiene una usucapión que no resolvió con el gobierno provincial antes de iniciar la venta, cuestión central que hizo caer la primera licitación, otros serios inconvenientes harían que todo el proceso de venta quede nulo en cuanto la cuestión avance en la Justicia.

La Municipalidad realmente no cumplió con lo que se necesita para vender el Complejo, por lo que ha resultado natural que el intendente Rojas evite referirse a la venta cuando salió el segundo llamado a licitación. En comunicado oficial ha sido el abogado de la Municipalidad (que además es quien está respondiendo de manera improcedente las demandas de los vecinos) quien intentó proyectar una normalidad en el proceso que en realidad no existe.

Actualmente en el Tribunal Criminal de Necochea se tramita el amparo para proteger al edificio como un bien público cuya venta debe cumplir los parámetros establecidos por la ley. Además, en el Juzgado Contencioso Administrativo (cuyo juez Carlos Herrera fue amenazado publicamente por el intendente Rojas por dar lugar a los reclamos de los vecinos contra las canchas de tenis en el Parque Miguel Lillo) se tramita la pretensión anulatoria de la ordenanza que autorizó la venta.

Las iniciativas legales de los vecinos van más allá de que se intenta vender una usucapión y tienen que ver con los incumplimientos en los que incurrieron las autoridades para imponer su voluntad. Por ejemplo: la venta de un edificio municipal tiene que ser autorizada por la Legislatura Provincial, según lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, algo que la Comuna no ha tramitado.

Por otra parte, tampoco está convalidada la ordenanza en provincia, porque hay modificación de uso, se modifica el ordenamiento territorial, por lo tanto tiene que haber una convalidación provincial y no está. La tasación del edificio también presenta problemas: debe hacerse una tasación por el Banco de la Provincia de Buenos Aires o bien por un organismo provincial correspondiente, el Tribunal de Cuentas, cosa que tampoco se hizo. 

¿Un proyecto para construir torres sin suministro de agua?

Un tema que nunca es tenido en cuenta con seriedad por las autoridades (sobre todo la gestión de Arturo Rojas) es la evaluación de impacto ambiental que se requiere para este tipo de movimientos.

Aunque la Comuna podría argumentar que dicha evaluación debe ser posterior a la venta, lo ideal es que se haga antes, porque si después de la venta sale mal la evaluación, la venta habría resultado de algo que no es viable. Es decir, vender esos terrenos para construír torres sin evaluar primero el impacto que provocaría en el resto de la ciudad casi roza la estafa a potenciales inversores: podría pasar, como viene siendo actualmente, que la Comuna no pudiera brindar servicio de suministro de agua al proyecto o, al menos, brindarlo afectando la provisión al resto de la comunidad.

Según el proyecto mostrado publicamente, en ese espacio pueden llegar a vivir 4 mil personas ya sea en forma temporaria o fija. Teniendo en cuenta los problemas de suministro de agua que enfrenta el distrito y la cantidad de edificios nuevos construídos, la suma de 4 nuevas torres complicaría el panorama. "No sé si pasa una evaluación de impacto ambiental seria ese proyecto", aseguran los expertos. "El que compre esto puede llegar a tener problemas legales porque esta ordenanza, así como está, no puede seguir adelante".

Las evaluaciones de impacto ambiental no han sido un tema que interese al intendente Rojas, ni siquiera cuando estaba en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Para muestra, un botón: durante su gestión al frente del CGPQ hizo lobby abiertamente en favor de la instalación de la planta de ferilizantes de sitios 11 y 12 en la margen necochense del río, aún a pesar de las advertencias de los vecinos sobre los riesgos de explosión que podrían hacer volar por los aires la mitad de la ciudad.

En su doble rol de concejal y funcionario portuario Rojas aseguró que todo estaba en orden y que el proyecto era seguro. Seis meses después de inaugurarse el proyecto, se derrumbó una línea de carga completa en la planta de acopio, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos de gravedad. Vale decir que durante la construcción el proyecto estuvo parado varios meses por un amparo otorgado por el Juzgado Contencioso Administrativo, justamente el mismo a cargo del juez que amenazó el intendente por las canchas de tenis.

Participación ciudadana

Otro elemento primordial que otra vez no ha sido tenido en cuenta por la gestión es la participación ciudadana, que es obligatoria por ley provincial, por ley nacional y por la Constitución Provincial en su artículo 44.

La ley establece que para semejante pretensión se debe convocar a una audiencia pública y dar voz a los vecinos e instituciones intermedias que quieran expresar su acuerdo o desacuerdo con las intenciones de las autoridades, planteando en el camino toda clase de alternativas que la Comuna tiene obligación de analizar en vistas de la importancia de la venta que se busca.

Solo a fuerza de golpes mediáticos el municipio está intentando imponer el proceso de venta del Complejo Casino sin cumplir con los requerimientos que normalmente se solicitan para cuestiones de este calibre. Será quizá la necesidad de obtener recursos propios lo que impulsa al municipio a querer forzar la venta no sólo sin estudiar el daño que esto podría generar a futuro en la infraestructura de la ciudad, sino también sin resolver los problemas legales que acarrea (aparentemente con intenciones de transferirselo a los compradores) y sin cumplir con la normativa adecuada en un tema de suma importancia como es este.