La basura, el daño ambiental y el negociado: Varias razones por las que el intendente Arturo Rojas podría terminar preso

La gestión del intendente Arturo Rojas está tratando de imponer a como de lugar su proyecto para renovar el contrato de recolección y disposición final de la basura no sin enfrentar una serie de escollos que pretende mantener lejos del debate público.

A pesar de la importancia del tema, la cuestión es apenas presentada al público en la forma de consignas publicitarias que eluden todos los detalles de una operación llena de puntos escabrosos que, una vez revelados, están provocando reacciones en diferentes frentes. Inexplicablemente desde el arco opositor de concejales no se han escuchado observaciones de ningún tipo, lo que hace pensar en un arreglo político que, una vez más, llegue a prolongar la situación que afecta directamente la vida y la salud de los vecinos desde hace décadas.

Lo que sucede es que la Comuna pretende tratar el nuevo contrato de la basura entre gallos y medianoches, en época de fiestas de fin de año y suprimiendo el debate en el marco del entusiasmo y la distracción que está generando el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar. Si bien la cuestión ha sido mencionada muy por arriba en algunos medios oficialistas, la falta de detalles sobre las pretensiones de la empresa y la Municipalidad en la negociación es alarmante y el tema es casi tratado a puertas cerradas. El oficialismo llegó incluso a insinuar la posibilidad de meter al Complejo Casino como alguna forma de pago por la deuda que reclama la empresa.

Actualmente en el concejo deliberante se debate si la sesión para darle tratamiento al tema será el 22 o el 23 de diciembre, en vísperas de nochebuena y la clave del debate es si estará presente o no en la sesión el concejal Rafael Iácono, que a pesar de formar parte de un bloque opositor, en el tratamiento de la OFI 2023 votó a favor del oficialismo para un aumento de tasas del 75% en promedio. Aunque luego Iácono no salió del bloque, lo cierto es que su voto podría estar del lado del proyecto del Ejecutivo una vez más.

Más allá de contar o no con la mayoría que necesita para imponer sin debate su proyecto, una revisión simple de la iniciativa muestra una serie de puntos que debieran ser debatidos exhaustivamente antes de mover nada y algunas de esas cuestiones podrían tener repercusiones legales directas sobre las autoridades intervinientes.

Lo que sucede es que en el convenio que pretende firmar el Ejecutivo hay toda una serie de puntos inadmisibles que hacen "borrón y cuenta nueva" sobre el desastre ambiental que está dejando la empresa Relisa luego de largos años de disposición final de la basura sin ninguna clase de tratamiento en un predio a 5,5 km del ingreso a Necochea por el viejo camino a La Dulce. La empresa debía construir una plataforma de concreto con desagües para los líquidos residuales, algo que nunca hizo y, para colmo, pretende cobrar reclamando una deuda que, en total, asciende a 850 millones de pesos.

El daño ambiental del incumplimiento ya fue certificado en una causa judicial que lleva adelante el dueño de los terrenos contaminados, Carlos Esbensen, que viene reclamando en la justicia la restitución y reparación del terreno y los daños ocasionados.

Aunque están probados que los incumplimientos de la empresa están provocando daño ambiental sobre el aire, el suelo y el agua de la ciudad, el proyecto de la Comuna busca eliminar todas las multas por los incumplimientos y daños, además de legitimar el reclamo de la deuda por los servicios que no se prestaron.

Responsabilidad penal del intendente, funcionarios y empresarios

En ese contexto es que Esbensen envió a través de su representante legal, el abogado marplatense Julio Razona, dos cartas documento para advertir sobre la situación y señalar la posibilidad de que el intendente Arturo Rojas y el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sánchez, enfrenten procesos penales y civiles por darle curso a la iniciativa que se desentiende del daño ambiental causado en el predio para dar vuelta de página y avanzar con un nuevo proyecto sin ninguna clase de reparación.

"La fracción de campo utilizada como vertedero de sustancias contaminantes, basural a cielo abierto autorizado por el municipio local, es de mi exclusiva propiedad. Jamás fue adquirido por el Municipio ni empresa alguna, por lo tanto, se ha y se está utilizando ilegalmente mi predio rural sin mi consentimiento, habiéndome ocasionado perjuicios económicos enormes y contaminándolo por 20 años", señala la carta documento firmada por Esbensen fechada este viernes 16 de diciembre.

"Los funcionarios municipales y los empresarios, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, etc, son responsables civil y penalmente por el daño ambiental y que en forma personal me siguen ocasionando", señaló Esbensen en su texto. La carta señala específicamente que la contaminación ocasionada es un delito previsto en el artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

La norma establece penas de entre 3 y 10 años de prisión a quien "envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas", y en la demanda que lleva adelante Esbensen por el terreno ya ha sido acreditado judicialmente el severo daño ocasionado por la contaminación ocasionada.

"Este enorme daño ecológico deberá ser remediado por los denunciados más allá de la pena de prisión que les cabe. Por lo tanto CUALQUIER ACUERDO PARA SEGUIR CONCESIONADO EN BENEFICIO DE LA EMPRESA CO-AUTORA DE LOS DELITOS INVESTIGADOS generará una mayor responsabilidad civil, penal y ambiental de todos los involucrados", remarca el documento enviado al despacho del intendente y del presidente del Concejo Deliberante.

La resistencia

El proyecto que se impulsa casi sin debate solo encuentra oposición en los vecinos: el silencio de los concejales opositores hace sospechar lo peor y sólo quedan las acciones judiciales de los vecinos, como en el caso de Esbensen como particular damnificado con daños directos sobre su propiedad; o como las organizaciones ambientalistas, que ya han presentado notas al Ejecutivo y podrían solicitar un amparo judicial en lo sucesivo.

Lo que motoriza la voluntad del Ejecutivo es la relación íntima que mantiene el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Ernesto Povilaitis con la empresa de basura que ha destruído el predio de Esbensen con sus incumplimientos y que ahora quiere instalar una planta de tratamiento de residuos en dos terrenos detrás del Paseo de la Rivera que, para colmo, era propiedad de la empresa constructora que ganó la mayoría de las licitaciones de la obra pública en Necochea y también mantiene estrechos vínculos con los funcionarios municipales encargados de las adjudicaciones.

El escándalo mayúsculo es tapado diariamente por un aparato de propaganda que no sólo sirve para solapar y diluir cualquier clase de observación negativa, sino que además lanza ataques sistemáticos contra las voces percibidas como críticas, censurando a periodistas y atacando a través de las redes sociales a quienes revelen información sensible sobre la iniciativa.

Con todo el escándalo encima, el Ejecutivo sigue adelante en sus intenciones confiando en mantener todo fuera de la mirada de la opinión pública. Sin embargo, las vías judiciales del entuerto ya se encaminaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que una posterior causa penal sobre los responsables está entre las posibilidades ciertas que definan el conflicto y más allá del negociado, lo cierto es que las autoridades municipales y los representantes de la empresa podrían incluso enfrentar penas de prisión de resolver un convenio a todas luces irregular e inconveniente para los intereses de la comunidad.