Sin prioridades: Montan millonario escenario para abrir la temporada mientras desalojan el CAPS de la playa por falta de pago
La Municipalidad de Necochea comenzó en 91 y 10 con los trabajos de montaje del escenario en el que espera inaugurar la temporada con artistas de renombre y gastos millonarios en efectos de luces y sonidos, como viene haciendo la gestión Rojas para promover su campaña reelectoral de cara al año entrante.
En esta oportunidad la presentación de Artistas contratados por cifras millonarias seguirá yendo en saga a los cuantiosos gastos que dispuso para otros eventos, como la fastuosa fiesta de aniversario de la ciudad, que incluyó hasta un letrero de hormigón para justificar pagos a una constructora amiga, y por la que se pagaron cerca de 20 millones de pesos sólo en contrataciones de artistas y montaje del escenario.
En oportunidades anteriores la sombra de sospecha de sobreprecios llegó a concejales opositores, que requirieron al Ejecutivo que explicara la naturaleza de los gastos efectuados sin obtener mayor información del Ejecutivo. Ante la sospecha de la existencia de sobreprecios en contrataciones, la gestión de Arturo Rojas una vez más eligió seguir adelante con su propasganda y no ofrecer ninguna clase de explicación.
Y el contexto para realizar una nueva fiesta con dineros públicos no podría ser peor: con un aumento notable de casos de COVID en la ciudad, que han hecho colapsar los centros de Salud en un desprolijo operativo de vacunación, la Comuna sigue poniendo debajo de la alfombra los graves problemas que enfrenta en esa materia, divulgando desinformación y propaganda como única forma de reacción.
Este martes Cuatro Vientos publicó como primicia que la Justicia ordenó el desalojo de la casa donde funciona el CAPS Dr Carlos Fucile, el único efector de salud pública que tiene la Villa Balnearia. El edificio en calle 8 Nº 3863 pertenece a una señora que inició una demanda por falta de pago de alquileres atrasados, y el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 a cargo del juez Jorge Daniel Balbi ordenó el desalojo planteándolo para el próximo 12 de diciembre a las 9 de la mañana.
A pesar de la sentencia judicial, que el aparato legal de la Comuna intentó postergar con la aspiración de ganar tiempo durante la feria judicial, lo que le habría permitido mudar el CAPS a un edificio que lleva dos años de anuncio y sigue sin terminarse en calle 71 entre 4 y 6, la orden del juez estableció claramente la línea de acción mientras desde la Comuna intentaron lanzar operaciones de prensa para desmentir todo.
A través de todos los medios afiliados a la gestión Rojas se divulgó la versión por la cual la secretaria de Salud en persona, Andrea Perestiuk, negaba que hubiera falta de pago aún a pesar de la orden judicial que expuso la situación. No es la primera vez que la funcionaria, quien supo liderar las protestas contra Facundo López en 2019 con la aspiración de llegar a ocupar el actual puesto que ocupa, intenta mitigar fallidamente la mella que ha provocado en la gestión los sucesivos desaciertos: recientemente negó el cierre de servicios en el hospital Irurzun contra todo el personal y los pacientes del nosocomio que fueron anoticiados por los propios médicos sobre la situación. Por otra parte, a pesar del estado público que tomó el caso de robo de horas extra en el hospital municipal, ni la Secretaría de Salud ni el Ejecutivo tomaron alguna clase de medida para relevar de su cargo a los funcionarios implicados.
En ese clima de completa impunidad, desinformación y recortes cubiertos por la propaganda oficialista, se ordena desalojar el CAPS porque la Comuna no pagó los alquileres. Mientras tanto, organiza una nueva fiesta enseñando sin pudor dónde tiene puestas las prioridades la gestión Rojas a la hora de administrar los recursos del Estado.
