Intereses de Monje Negro: ¿En los dos lados del mostrador para negociar un contrato de la basura?

Inusitadamente la agenda del intendente Arturo Rojas comenzó a señalar con fuerza las posibilidades de renegociar el acuerdo que mantiene la Comuna con la empresa de recolección de basura RELISA, con expresiones de deseo de tratar este año una negociación y una disputa 600 millones de pesos pendientes en el contrato.

La semana pasada el concejal Guillermo Sánchez, quien preside para el oficialismo el Honorable Concejo Deliberante, concedió una entrevista radial para hablar específicamente de ese tema. Sánchez, duramente cuestionado por la facilitación de la entrega ilegítima de terrenos en el Parque Miguel Lillo a entidades amigas, suele ser la voz que expresa los deseos del intendente sin que el jefe comunal deba manifestarse.

“La basura es uno de los grandes temas que tenemos que tratar este año”, afirmó en el programa radial “El diálogo de hoy” (FM La Costa). “La pandemia frenó el tratamiento del tema de la basura”, dijo Sánchez en relación a la cuestión, afirmando que la solución este problema debe ser tanto “económica, como financiera y ambiental”. Para ponerse en tema, los concejales tienen programada una visita al basural municipal a fin de que los nuevos integrantes del cuerpo estén al tanto de cuál es la situación.

Lo que dijo el concejal sobre las razones por las que se retrasó el tratamiento no son del todo ciertas, dado que explícitamente fue la Comuna la que frenó su tratamiento en mayo del 2020, cuando la pandemia llevaba dos meses de férreas restricciones y apenas había un puñado de contagios. El tratamiento quedó postergado porque la Comuna consideró que era un "disparate" firmar un convenio para pagar los casi 600 millones “sin hacer una revisión integral de lo que es la prestación del servicio de la empresa”.

En aquel momento, el intendente expresó que “nuestra contrapropuesta es la eliminación total de los intereses que pretende el reclamo y plantear el mayor plazo de gracia, de 18 a 24 meses para definir un convenio, porque hoy el municipio ni siquiera está en condiciones de pagar lo que se presta por mes en recolección de residuos”. Además adelantó que buscará “una renegociación del contrato actual, que implique mantener la frecuencia 3 y posibilite una reducción de costos”.

Según explicó en ese momento (hace ya casi dos años), el servicio que brinda la empresa tiene un costo que ronda los 28 millones de pesos mensuales. “En el transcurso de nuestra gestión (N del R: iban 6 meses), hemos podido pagar en promedio alrededor de 18 millones por mes, muy lejos de los 28 de frecuencia 6”, dijo el intendente, añadiendo que “si a eso le sumamos la última actualización, se va a 34 millones por mes, y si le sumamos la readecuación que pretende la empresa, se va a 41 millones, algo de imposible cumplimiento”.

Uno de los puntos de conflicto es que la empresa pretende cobrar de la Comuna una deuda por la disposición final de la basura, ítem que se lleva buena parte de esos casi 600 millones en disputa. El problema es que la empresa no ha dado ese servicio y, de hecho, mantiene una disputa judicial con los arrendatarios del terreno, que ya lograron acreditar el daño ambiental y el perjuicio que ha causado el basural a su patrimonio. En la demanda de Carlos Esbensen contra el municipio y la empresa recolectora, ya se acreditó que la empresa no cumplió con los trabajos que debía realizar en el terreno para evitar filtraciones de residuos líquidos a las napas de agua, arruinando la provisión no solo de esas tierras, sino de terrenos lindantes.

En aquel diferendo, el actual secretario de Legal y Técnica del municipio y uno de los miembros de la mesa chica de decisiones de la gestión de Arturo Rojas, Ernesto Povilaitis, posa su mirada con atención como parte del entramado legal revuelto entre la Municipalidad y la empresa recolectora. Ambas demandadas, la Comuna y la empresa, tuvieron a Povilaitis en funciones en algún momento.

Hasta el año 2019 Povilaitis representaba al mismo grupo económico del que forma parte RELISA en otros diferendos judiciales, que también constan en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 en el marco de un un concurso preventivo pequeño por poco más de 600 mil pesos en agosto de ese año. En la resolución judicial que resultó se estableció que la empresa TAAPAY S.A. estaba representada por Povilaitis y que la compañía formaba parte del mismo grupo económico que la financiera TASA y la empresa concesionaria de la basura.

La actuación de Povilaitis en el tema de la basura ha ayudado a cultivar la imagen de "monje negro" que tiene en los pasillos del Palacio Municipal. Hace más de 10 años Povilaitis fue el jefe de la defensa técnica de Horacio Tellechea antes de ser removido de su cargo. Un error del abogado en la asesoría lo sacó de inmediato de su función y tiempo después, la condena cayó sobre Tellechea, que fue destituído. Nunca se revisaron los roles de los actores secundarios en el entramado que terminó probando que había numerosas irregularidades en la compra de un Arco en C para el hospital municipal.

Sin embargo, Povilaitis siguió en su puesto cuando el interino José Luis Vidal asumió reemplazando al profesor.

En ese momento su rol como abogado de la Comuna fue clave en el nuevo contrato de la basura, con un tratamiento forzado y aprobado casi sin debate en el HCD pocos meses antes que Vidal dejara su interinato. A finales del 2015 el contrato condicionó de entrada la gestión de Facundo López a la intendencia, quien el mismo día de su asunción enfrentaba un paro de recolectores y choferes. En aquella oportunidad se vislumbraban los problemas que podía causar la cuestión y hasta el propio Sergio Massa hizo referencia al paro durante el acto de asunción de su delfín en nuestra ciudad. López se vio obligado a firmar un convenio que concediera facilidades a la empresa para poder comenzar su mandato con el servicio activo.

La relación del ex intendente Facundo López con el grupo económico del que forma parte RELISA nunca fue del todo sana y de hecho, una amenaza de embargo judicial que hizo RELISA a la Municipalidad en medio de la campaña por la que López buscaba la reelección en 2019, terminó de desfinanciar a la gestión del massista, que ya enfrentaba serios problemas económicos.

El reclamo judicial de la empresa obligó a honrar la deuda pendiente e hizo inviable el pago de gastos corrientes como los salarios de los trabajadores y hasta la compra de combustible para los tractores que cortan el pasto en espacios públicos. La situación sirvió al actual intendente Arturo Rojas para mostrar el desastre de la gestión de su contendiente y a la vez presentarse como una opción exitosa en su rol de gestor al frente del CGPQ. Los reclamos de RELISA a la gestión López resultaron invaluables para el desarrollo de la campaña de Rojas y Povilaitis, que en ese entonces representaba al grupo económico de la compañía recolectora, terminó asumiendo una vez más como abogado de la Comuna.

RELISA obtuvo por 12 años la concesión de la basura en 2015 con un contrato que ascendía a poco más de mil millones de pesos en total previendo la disposición final de los residuos, algo que realmente nunca se hizo y por lo que precisamente el dueño del terrenmo del basurero demanda a la empresa y a la Municipalidad. Entre los dos, el punto en común es precisamente Povilaitis, no solo por su rol histórico tanto dentro de la Comuna como de la empresa recolectora, sino como actual representante de la Municipalidad de Necochea que negocia el acuerdo con la empresa para la que brindó servicios hasta hace poco.

La relación entre el abogado de la municipalidad y la empresa de recolección de basura que reclama una deuda multimillonaria a la Comuna tiene ya varios años, aunque desde que asumió con Rojas, Povilaitis ha dejado de firmar documentos para el grupo económico, lo que indicaría que no está representandola. A pesar de ello, el vínculo directo hace plantear numerosos interrogantes acerca de los intereses que movilizan las negociaciones actualmente. Después de todo, el contrato de 2015 tiene vigencia hasta 2027 por lo que la repentina urgencia para resolver el problema parece estar asociada a intereses que son desconocidos para el público, pero que ponen la mirada sobre un funcionario que ha sabido estar en "los dos lados del mostrador" en un entuerto cuya resolución es clave para las sucesivas gestiones municipales.

Dijo Guillermo Sánchez, presidente del Concejo. Deuda, saneamiento y un nuevo contrato

 “La basura es uno de los grandes temas que tenemos que tratar este año”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sánchez.

En el programa “El diálogo de hoy”, el concejal de Nueva Necochea se refirió a los temas más candentes a tratar en el cuerpo durante 2022, a partir del 1º de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.

“La pandemia frenó el tratamiento del tema de la basura”, dijo Sánchez en relación a una de las grandes cuestiones pendientes del gobierno municipal, tanto por la deuda que mantiene la comuna con la empresa prestadora, como por la cuestión igualmente importante del saneamiento ambiental.

“Tenemos que tratar el nuevo contrato de la basura”, explicó Sánchez. “Y tenemos un gravísimo problema ambiental que solucionar”.

Señaló que la solución este problema debe ser tanto “económica, como financiera y ambiental”.

Por ello indicó que los concejales tienen programada una visita al basural municipal a fin de que los nuevos integrantes del cuerpo estén al tanto de cuál es la situación.

Por otra parte, indicó que desde el cuerpo se conocen los proyectos que se están llevando adelante tanto desde la asociación civil Todo para ellos en el reciclado de plásticos como desde el área de Educación, donde se impulsa una iniciativa para que los chicos realicen la separación de los residuos en las escuelas.

“No hay ninguna solución al tema de la basura que no sea desde la educación”, señaló Sánchez en relación al tema.

Sesiones de mañana

Por otra parte, respecto a las sesiones ordinarias, Sánchez indicó que se pretende sesionar el primer y tercer jueves de cada mes y por la mañana. No obstante, señaló que a pesar de la feria, las distintas comisiones del Concejo “no han parado de trabajar durante todo el verano”.

Una de los temas tratados en los últimos días fue el transporte público, luego de los inconvenientes registrados hace unas semanas por un paro de colectivos. Indicó que si bien el Concejo no tiene injerencia en la resolución de conflictos en ese sentido, debe brindar herramientas para que este servicio público “sea cada vez mejor”.

Sánchez también se refirió a otros temas en los que se está trabajando en el Concejo, como los reclamos de algunos vecinos de Claraz por el servicio de gas, algo de acuerdo al presidente del cuerpo sólo “se puede resolver desde la Nación”.

“Lamentablemente, han quedado en medio los vecinos”, indicó Sánchez.

También se refirió al tratamiento de varios proyectos del Ejecutivo, como las mejoras en la playa municipal de camiones. “Se están realizando gestiones hace más de un año y se destinaron 400 millones de pesos, pero falta una firma y hace cuatro meses que estamos esperando”, dijo.

Además hizo referencia a otros proyectos en los que trabaja el Ejecutivo a partir de gestiones con el estado nacional, como el de remodelación de la Terminal de Omnibus.

“En estos dos años de gestión hemos logrado que el intendente Arturo Rojas cuente con todas las herramientas necesarias”, dijo Sánchez respecto al trabajo que se viene haciendo desde el Concejo Deliberante y en particular desde el bloque de Nueva Necochea.

“Hoy vemos una ciudad en movimiento. Se siguen haciendo cosas, a pesar de que muchos decían que sólo se hacían por las PASO, luego por las elecciones y después por el verano, pero hoy se siguen haciendo obras”, indicó Sánchez, que luego de dos años en el bloque de Nueva Necochea, en diciembre pasado pasó a presidir el Concejo.