Robo de extras en el Hospital: La Comuna amenaza a los empleados tras el encubrimiento de sus funcionarios

Aunque parece increíble, a dos días de conocerse las graves denuncias por encubrimiento de un funcionario sobre un presunto robo de horas extra en el área de Seguridad del hospital municipal, las autoridades del Ejecutivo han evitado referirse al tema, limitándose a iniciar una persecución sobre los empleados con el fin de detectar quién fue el que filtró el audio en el que el funcionario se autoincrimina a él y a un superior en el encubrimiento en un caso de malversación de fondos públicos.

Esta mañana un contingente de funcionarios enviados directamente desde la secretaría privada del intendente se acercó al hospital para hacer una revisión de las computadoras de los empleados: la intención, lejos de dilucidar la denuncia, lo que pretendía era conseguir la identidad de quién había filtrado el audio en el que se escucha al Coordinador de Seguridad de los hospitales, Germán Valdovinos decir que había encubierto el robo de horas extra, algo que, según sus propias palabras, además estaría en conocimiento de sus superiores.

La revelación realizada por Cuatro Vientos este fin de semana (que recibió la información de varias fuentes distintas dentro del hospital) puso de manifiesto un entramado de corrupción en la adjudicación de horas extras en el marco de una situación económica en la que el Ejecutivo reitera hasta el cansancio que todo funciona con total normalidad aunque necesita asistencia del gobierno provincial para pagar salarios.

Mientras se produce el descarado robo de horas extras, que está en conocimiento de las autoridades, se conoció también que la cantidad de horas autoadjudicadas por algunos de los funcionarios implicados es escandalosa.

En este contexto, las explicaciones del Ejecutivo no llegan y la investigación lanzada apunta a la filtración de un mensaje que fue enviado por el propio funcionario a un grupo de empleados.

El propio funcionario señala en uno de los audios que le recomendaron borrar los mensajes porque se autoincriminaba, sin embargo, respondió que "me la recontra banco", recordando en el acto las expresiones del presidente del HCD, Guillermo Sánchez, cuando respondió algo similar a una vecina que protestaba contra los ingentes aumentos de tasas que impuso la gestión apenas asumió al mando de la Comuna en 2020.

Ahora la preocupación se extiende en el Ejecutivo, dado que ante la evidencia se ve en la obligación, en principio, de suspender al menos al funcionario y realizar una investigación que dilucide el entramado, sobre todo si pretende que sea verosímil su relato sobre la necesidad que el estado provincial cubra los fondos para pagar salarios. Dificil tarea si se conocen esta clase de manejos.

Vázquez al Concejo

Según pudo averiguar Cuatro Vientos de las mismas fuentes municipales, la amenaza del Ejecutivo sobre los empleados indicaba que el Director de Seguridad Ángel Vázquez, por sus vínculos con la DDI, estaría en capacidad de rastrear el envío de los mensajes de WhatsApp, algo que en realidad resulta imposible si no tiene acceso al teléfono... y sólo tendrían acceso al teléfono con una orden judicial en el marco de una investigación, algo que la Comuna no promueve.

"Están queriendo meternos miedo para que no denunciemos que se manejan como mafiosos mientras el hospital es un asco", señaló una de las fuentes. Mientras tanto, Vázquez se acercó al Concejo Deliberante y fue consultado por este tema. Lamentablemente, la prensa del cuerpo deliberativo omitió mencionar el tratamiento de esta cuestión, en otro ejemplo de la información sesgada y la propaganda que emite la gestión Rojas usando dinero público para defender sus intereses político partidarios.

Fue el concejal vecinalista, Juan Pedro Arabarco, quien comentó a Cuatro Vientos el tratamiento del tema que la prensa del Concejo omitió. "Hoy en el marco de la comisión de salud, concurrió el Sr. Vázquez. Entre otros temas se tocó el de esta noticia. Nos dijo que están trabajando por ese tema y que ahora es el nuevo responsable de Prevención y que va a tomar las medidas que corresponda", señaló el concejal.

En su opinión, Arabarco destacó que "es corrupción cuando los funcionarios haciendo uso de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, utiliza esas oportunidades, conexiones para beneficio personal o para terceros en convivencia con él, contrario a la ley y los principios morales".

Repudio del sindicato

Entretanto, en medio de un atronador silencio del aparato de prensa y propaganda del municipio, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea emitió un repudio apuntando principalmente al trato que dispensó el funcionario sobre la empleada que él mismo habría encubierto según sus propias declaraciones.

A través de su cuenta de Facebook, el sindicato, que ya comentó su intención de realizar una denuncia en la Justicia por este caso, repudió el trato dispensado por el funcionario sobre la empleada, con declaraciones diciendo que a la mujer "hay que cocinarla" o que es "una delincuente" en el marco de acusaciones que realizó aunque responsabilizándose del encubrimiento.

Ahora se espera que el Ejecutivo tome cartas en el asunto. El caso recuerda al de Germán del Rey, funcionario de Protección Ciudadana de la gestión de Facundo López, que en 2019 fue separado de su cargo cuando fue grabado conversando con un empleado sobre la adjudicación de horas extras de manera preferencial. En aquella ocasión la reacción inmediata del intendente fue la separación de Del Rey del cargo, algo que en el caso de Rojas no parece ser la actitud, aún con la confesión en estado público.

El caso configura un nuevo ejemplo de los manejos que hace la gestión Rojas en el área de Salud, con empleados bajo amenaza y prácticas cuestionables, mientras se imposta mediante fuerte gasto en propaganda una imagen normalizada que está muy lejos de la realidad y se deslizan maliciosamente acusaciones contra quienes se atrevan a cuestionar estas prácticas.

Impunidad escandalosa

A pesar que los audios y las declaraciones tomaron estado público, con una confesión abierta del funcionario no sólo acusando a una empleada sino a la vez confesando el encubrimiento y el conocimiento que tienen sus superiores sobre la situación, en el ámbito de la Justicia no hay ni un solo fiscal que actúe de oficio. Tampoco se conoce que haya algún concejal intentando motorizar una denuncia.

La situación resulta preocupante, aunque sigue el mismo derrotero que lleva en Necochea el desarrollo de cualquier causa que implique algo vinculado a la corrupción.

En los últimos años los ejemplos han abundado. Cuando se mencionaba la posibilidad que el ex intendente Facundo López podía llegar a presidir el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén a medidados de 2020, el propio intendente Arturo Rojas anunció que denunció penalmente que López había desviado adelantos de obra que habría percibido en una ocasión la gestión del massista, aunque cuando "bajó la espuma" del anuncio, no hubo mayores avances. La intención de la denuncia parecía estar más centrada en hacer que la candidatura de López se cayera, por lo que la invvestigación quedó en la denuncia para las cámaras y nada más.

Siempre dentro de la gestión Rojas otro ejemplo fue resonante: el actual presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jorge Álvaro, mencionó a viva voz que faltaban 7 millones de dólares en la entidad y que habrían desaparecido durante la gestión de Rojas al frente de la terminal portuaria. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna clase de investigación en la Justicia por ese hecho, denunciado publicamente, y todo pareció terminarse en una reunión a puertas cerradas entre Rojas y Álvaro que la Comuna ni siquiera quiso comunicar.

En otros casos como la contratación de escenarios con sobreprecios, las vacunaciones VIP de funcionarios y concejales oficialistas e incluso la fiesta clandestina en la que participó el intendente junto a familiares y amigos mientras la población seguía encerrada por la pandemia, fueron ejemplos de la impunidad que maneja la gestión para violar las normas y los procesos sin mayores consecuencias, reduciendo todo a circos mediáticos y acusaciones sobre presuntas "operetas" o campañas en su contra. 

Para este nuevo caso, la garantía de impunidad parece ser la misma y no hay un solo fiscal o juez que haya intervenido, aún cuando las declaraciones tomaron estado público y fueron realizadas a un grupo de empleados que ahora, en lugar de ser vistos como las víctimas de aprietes y coerción, son perseguidos como si revelar esa clase de manejos abiertamente delictivos en contra del erario público, fuera un crimen.