La secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci, y la Directora de Género Noelia Otero fueron finalmente denunciadas ante la delegación local del Ministerio de Trabajo en el marco de las acusaciones por maltratos sobre personal femenino en la Dirección de Género.
La denuncia, que fue presentada por un grupo de trabajadoras de la Dirección con apoyo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea (STMN), llegó luego de conocerse el caso de los maltratos y el acoso laboral que denunciaron las trabajadoras luego de un reclamo por pagos de horas extras.
Las trabajadoras denunciaron a la directora solicitando formalmente a la Secretaria Sandra Antenucci que cesaran los hostigamientos. Para tratar de mitigar la situación y mantener a la funcionaria en su cargo a pesar lo grave de las denuncias, la decisión del Ejecutivo fue poner una nueva funcionaria de intermediaria, de manera que la dirección de Género actualmente tiene dos funcionarias políticas a cargo. Por supuesto, la incorporación no hizo desaparecer la tensión y ahora las funcionarias son acusadas ante el Ministerio.
Según pudo saber Cuatro Vientos, habrá una audiencia la semana que viene en la delegación necochense del Ministerio de Trabajo para que la dependencia tome el curso de acción que corresponda.
Las de Género no son las únicas empleadas que denuncian maltratos. Por lo bajo, trabajadores de otras áreas como la Secretaría de Salud, los Hospitales y los Centros de Salud van dando cuenta de diferentes situaciones en los que han sido perseguidos u hostigados por una red de funcionarios políticos de bajo rango ("coordinadores") que frecuentemente despliegan operativos de control y dispositivos de castigo sobre cualquier empleado que tuviera algún reclamo o postura díscola con la gestión del intendente.
Las denuncias sobre distintos episodios durante el mandato de Rojas ya tienen algunos antecedentes: apenas comenzó la gestión, el antiguo concesionario del Complejo La Hélice denunció a varios funcionarios, incluyendo al propio secretario de Legal y Técnica Ernesto Povilaitis, por el procedimiento usado para quitarles el complejo que inmediatamente después fue entregado a amigos de la gestión.
Recientemente, Povilaitis junto con el intendente Rojas fueron denunciados penalmente por el arreglo que impulsaron con el nuevo convenio de recolección de basura, en el que el municipio reconoció una deuda de 950 millones de pesos por un servicio que la empresa no prestó y levantó las multas contra la empresa a pesar de las evidentes incumplimientos y daños causados al medio ambiente.