Investigarán en la Justicia a la gestión de Pulti en Mar del Plata

NECOCHEA (Cuatro Vientos) - En Mar del Plata el cambio de mando muestra a un intendente decidido a llevar adelante la línea anticorrupción que impulsó Mauricio Macri en su campaña a la presidencia. Tal es así que la gestión del electo intendente Carlos Arroyo ya impulsa una investigación del Tribunal de Cuentas provincial sobre lo hecho por Gustavo Pulti durante sus mandatos.

En este marco, el secretario de Hacienda José Cano recibió a los medios en su despacho este miércoles e hizo el anuncio: llevarán los informes del Tribunal de Cuentas a la Justicia para que se investigue la posible comisión de delitos durante la gestión de Pulti. 

 

Cano confirmó que terminó la auditoría y que será elevada al Concejo Deliberante, junto con un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, aunque aclaró que esperarán a reunirse con las autoridades bonaerenses para conocer detalles de la iniciativa provincial que va en el mismo sentido. "Puede que solo tengamos que adherir a una eventual ley provincial o que hagamos nuestra propia ordenanza”, señaló según indica el portal marplatense 0223.

Además, Cano se refirió a las declaraciones del exsecretario de Hacienda, Daniel Pérez, quien había salido al cruce de las denuncias del funcionario arroyista. En ese sentido, el exconcejal mencionó que en todo lo que dijo en los últimos días "no hay ninguna expresión subjetiva, nada que no esté avalado documentalmente”.

Aparentemente, la lista de irregularidades es larga. Entre ellas, mencionó que hubo dos cheques rechazados por falta de fondos: uno del Enosur y otro del Emder. "Tenemos que salir al rescate porque esta situación puede complicar al funcionario de ley que acompaña la firma”, detalló Cano.

 

Aseguró además que la comuna debe "licencias no gozadas de 2014” por un monto que supera los 4 millones de pesos. Señaló que el martes hubo problemas con la provisión de nafta (por deuda de $2 millones) y también con la provisión de pan que hace el Gada ($3 millones).

"En total hay 816 proveedores a los cuales se les debe más de $200 millones de pesos”, puntualizó Cano.

La denuncia está reflejada en un extenso informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Según Cano, hay varios puntos sobre los cuales se podría avanzar en una causa judicial contra la gestión saliente.

El primero es la malversación de fondos públicos, que implica técnicamente utilizar fondos para un destino distinto al que tenía asignado. En ese marco, el funcionario brindó ejemplos puntuales e indicó que hubo malversación de fondos provinciales y municipales. Si bien aclaro que estaba amparado por una ley provincial, remarcó que la comuna no cumplió con los condicionamientos que la ley establecía para poder hacer ese uso discrecional. "Esa plata se usó para pagar sueldos y aguinaldos. Y no es un caso excepcional ni extraordinario”, señaló.

Por otro lado, según el funcionario actual, hubo malversación de fondos nacionales, "sin respaldo legal” para destinar esos fondos a otro destino. Y por último hubo retenciones de fondos indebidas, puntualmente en la realización de la última Expoindustria. "Los fondos recaudados allí no fueron ingresados a las arcas municipales”, remarcó Cano.

El secretario de Hacienda también denunció que se adelantaron tasas por más de 50 millones y cerca de 50% debían cobrarse en la actual gestión e irregularidades en las contrataciones de la Secretaría Privada del intendente Pulti.

A partir del minucioso informe detallado, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente señaló que como funcionarios públicos tienen la obligación de acudir a la Justicia. "Estos hechos deben ser analizados a la luz de las leyes”, dijo el funcionario.

Vicente aclaró que el municipio presentará la documentación para que la Justicia investigue sin imputar a nadie en particular. En ese contexto, será la fiscalía de Delitos Económicos la que deberá determinar si en los hechos mencionados se puede advertir la comisión de un delito (malversación de fondos o incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ejemplo) o si son fallas técnicas o administrativas que se resuelven en un ámbito distinto al de la Justicia Penal.