Paro de colectiveros: Aseguran que el dinero para los sueldos “lo invirtieron en concesionarios y en edificios”

El conflicto que paraliza el servicio de transporte en Necochea sigue generando tensión y malestar entre los trabajadores del sector y la comunidad usuaria. Desde el pasado 9 de enero, los conductores de las empresas Micro Ómnibus Nueva Pompeya SRL y CIA Tptes Necochea S.A. llevan adelante una retención de tareas debido a la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre y del 60% del Salario Anual Complementario (SAC).

Juan Cruz Mastromarino, secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata, describió la grave situación que enfrentan los trabajadores: “Nos impactó de lleno. Muchos no pudimos pagar el alquiler y los servicios básicos. El empresariado está sacando la plata de los trabajadores para poner bienes comerciales propios”. La crítica situación económica ha golpeado a las familias de los choferes, quienes dependen de su salario para afrontar gastos esenciales, especialmente durante la temporada estival cuando sus hijos están de vacaciones.

Por su parte, el secretario general de la seccional, Maximiliano Escriba, sostuvo una postura firme: “No vamos a retomar el servicio hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los trabajadores”, remarcó, evidenciando la determinación del gremio de mantener la medida de fuerza hasta que se regularice la situación.

Mastromarino explicó que las empresas justifican la falta de pagos argumentando problemas con los subsidios estatales. Sin embargo, el sindicalista cuestionó la administración de los fondos por parte de las mismas: “Entendemos esa posición, pero desde su lado no entienden la situación de los trabajadores. Los sueldos se agarran de la tarifa del boleto, que incluso ha aumentado. Después, lo que hagan con los subsidios, que son para ellos, no nos interesa”.

Además, denunció que los fondos destinados a los salarios han sido desviados hacia inversiones ajenas al transporte: “Nos enteramos que la plata destinada a los trabajadores la invirtieron en una venta de autos y en edificios que han armado. Están sacando la plata de los trabajadores para poner bienes comerciales propios”.

El deterioro del servicio también fue señalado como una problemática. Mastromarino destacó que las unidades en circulación son vehículos muy antiguos, fabricados entre 2002 y 2003, y se encuentran en condiciones deplorables: “Son un arma para el trabajador”, afirmó, refiriéndose a los riesgos que estos vehículos representan tanto para los choferes como para los usuarios.

“Es una costumbre que tienen ellos de pagar fuera de término, es una mala costumbre”, expresó Mastromarino, subrayando que la actitud de las empresas no es nueva y que el servicio que brindan actualmente es deficiente. Asimismo, criticó la posición empresarial de “tomar de rehenes a los trabajadores y a los usuarios”, especialmente en temporada alta, cuando el transporte resulta clave para quienes desean disfrutar de la playa o necesitan trasladarse por razones laborales. La falta de servicio obliga a la gente a recurrir a opciones más costosas como remises o taxis.

El gremialista también hizo un llamado a las empresas para que regularicen la situación y asuman su responsabilidad: “La situación se resolvería si las empresas les pagaran los sueldos a los trabajadores. Nadie trabajará gratis”, enfatizó.

A pesar de la medida de fuerza, las empresas continúan sin dar respuestas satisfactorias. Los trabajadores esperan una solución pronta que permita normalizar el servicio de transporte y aliviar la angustiante situación económica de sus familias. “Esperamos que se solucione pronto y por el bien de los trabajadores, pero no vamos a retomar el servicio hasta que se regularice la situación”, concluyó Mastromarino.