
En el marco del plan de reestructuración estatal, el Gobierno nacional dispuso la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, organismo encargado de programas emblemáticos como Procrear y Casa Propia. La medida, oficializada a través del Decreto 70/2025, responde a una nueva visión gubernamental que busca transferir la responsabilidad de las políticas habitacionales a provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la participación del Estado Nacional en la materia.
Según un comunicado oficial, la decisión se sustenta en la creencia de que la gestión de la vivienda debe ser descentralizada. "La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios, los cuales se encuentran actualmente disueltos o en proceso de liquidación", afirmó el documento. Además, el Gobierno argumentó que estos fondos registraban un uso ineficiente de los recursos, con deficiencias en los controles y escasos resultados en la entrega de viviendas.
La disolución de la Secretaría también ratifica la postura del Ejecutivo de delegar a las provincias y municipios el impulso de obras habitacionales. Dentro de este proceso de reestructuración, el Gobierno ya había determinado, mediante el Decreto 1018/2024, la disolución y liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). De acuerdo con una auditoría de la Sigen, este programa presentaba múltiples fallas, incluyendo demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad de las unidades adjudicadas.
A su vez, el Decreto 6/2025 dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, instrumento que, según fuentes oficiales, había sido utilizado con fines políticos y clientelistas, evidenciando serias irregularidades e incumplimientos. En la misma línea, el Gobierno avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), aunque aún no se ha definido el plazo exacto para su finalización.
El decreto también establece la reubicación de ciertas dependencias que formaban parte de la Secretaría de Vivienda. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura, pasarán a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
El cierre de la Secretaría será implementado de manera gradual y ordenada, a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), con el fin de asegurar una transición adecuada de responsabilidades. Desde Casa Rosada, enfatizaron que la medida apunta a un cambio de paradigma en la política habitacional del país. "El Gobierno Nacional está transformando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", concluyó el comunicado oficial.