Diputados aprobaron el proyecto Ficha Limpia y pusieron en jaque la candidatura de Cristina Kirchner

En una sesión cargada de tensiones y acusaciones cruzadas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con media sanción el proyecto de Ley de Ficha Limpia. De avanzar en el Senado y convertirse en ley, esta iniciativa impediría que aquellos condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse para cargos electivos o desempeñarse como funcionarios públicos. Este escenario podría dejar fuera de carrera a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en noviembre pasado en la causa Vialidad.

El debate se extendió por horas y estuvo marcado por fuertes declaraciones de los diferentes bloques políticos. Con 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones, la iniciativa avanzó en la Cámara baja tras varios intentos fallidos en los últimos años.

Un proyecto con historia y controversia

La idea de una "Ficha Limpia" para los candidatos no es nueva. Desde 2016 se han presentado distintos proyectos con el mismo propósito, aunque sin lograr consenso suficiente para su aprobación. En esta ocasión, la fuerte presión del presidente Javier Milei y el respaldo de sectores dialoguistas dentro del Congreso allanaron el camino para su tratamiento.

El principal argumento a favor de la norma es que busca fortalecer la transparencia y la confianza en la política, evitando que personas con antecedentes de corrupción accedan a cargos públicos. Desde La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques que apoyaron la medida, señalaron que el proyecto no está dirigido específicamente contra Cristina Kirchner, sino que responde a una demanda histórica de la sociedad por una política más ética.

Sin embargo, desde Unión por la Patria y sectores de la izquierda, la iniciativa fue calificada como una maniobra de "proscripción" diseñada para impedir la participación de la ex mandataria en las próximas elecciones. Según sus críticos, la medida altera las reglas de juego en pleno año electoral y se convierte en un nuevo capítulo de la "persecución judicial" contra el kirchnerismo.

El texto de la ley y su aplicación

El proyecto establece que quedarán inhabilitados para ser candidatos aquellos que hayan recibido una condena en segunda instancia por delitos relacionados con la corrupción. Sin embargo, introduce una condición clave: la sentencia debe haber sido confirmada al menos 180 días antes de la elección general. En el calendario electoral actual, esto significa que cualquier condena posterior al 29 de abril no afectará la participación del candidato.

En el caso de Cristina Kirchner, su condena por la causa Vialidad fue confirmada el 13 de noviembre del año pasado, por lo que, si la ley es aprobada en el Senado, quedaría imposibilitada de presentarse.

Posturas a favor y en contra

El diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, defendió el proyecto y destacó que la medida busca evitar que "quienes han cometido actos de corrupción sigan participando del sistema político y administrando recursos públicos". Además, argumentó que la norma se ajusta a principios democráticos y al derecho comparado, ya que países como Brasil, Perú y México cuentan con legislaciones similares.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley, de Unión por la Patria, denunció que la medida responde a una intención política de proscribir a Cristina Kirchner. "Basta con respetar y hacer cumplir la Constitución si realmente les interesara la transparencia. Pero lo único que buscan es proscribir a Cristina en un año electoral", afirmó.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño también cuestionó el proyecto al considerar que "le otorga al Poder Judicial la potestad de decidir quiénes pueden ser candidatos y quiénes no", algo que, según él, atenta contra el principio de soberanía popular.

En tanto, la diputada radical Karina Banfi reivindicó el proyecto como una "herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción", aunque reconoció que "ha sido una carrera de obstáculos" lograr su aprobación.

La sesión y el clima político

El debate en el recinto estuvo marcado por momentos de alta tensión, con críticas y chicanas entre los diferentes bloques. En un clima caldeado, el diputado Eduardo Valdés (Unín por la Patria) aseguró que "no hay ficha limpia con justicia sucia", y denunció que la ex presidenta fue "juzgada con la doctrina penal del enemigo".

En la vereda opuesta, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, rechazó la teoría del lawfare y afirmó que "no creemos que Cristina Kirchner haya sido perseguida por jueces corruptos, sino que enfrenta las consecuencias de sus actos".

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en Diputados, también desestimó la idea de proscripción: "Es absurdo poner en tela de juicio el principio de inocencia cuando lo que se está discutiendo es una restricción a derechos civiles".

En el cierre del debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que "esta ley busca dejar afuera a Cristina y al peronismo", y acusó al presidente Javier Milei de encabezar "un nuevo intento de destruir el movimiento popular en Argentina".

Qué puede pasar en el Senado

El destino de la Ley de Ficha Limpia ahora está en manos de la Cámara de Senadores, donde el escenario se presenta más incierto. Aunque el oficialismo cuenta con el respaldo de algunos sectores dialoguistas, el kirchnerismo y sus aliados buscarán bloquear la iniciativa.

Según fuentes legislativas, las negociaciones en la Cámara Alta serán intensas, y es probable que se intente modificar el proyecto para suavizar su impacto. Sin embargo, si el Senado aprueba el texto sin cambios, la ley entraría en vigor y afectaría directamente el panorama electoral.

Un debate que seguirá abierto

La aprobación de la Ley de Ficha Limpia en Diputados marca un punto de inflexión en la política argentina. Mientras algunos la consideran un paso fundamental en la lucha contra la corrupción, otros la ven como un instrumento de persecución política.

Lo cierto es que el debate está lejos de concluir. Con un Senado dividido y un año electoral en marcha, la discusión sobre la transparencia, la justicia y la legitimidad de los candidatos seguirá ocupando el centro de la escena política nacional.

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