
El boleto plano del servicio de colectivos urbanos tendrá un nuevo aumento y pasará a costar $1.118,01, lo que representa un incremento de $95 respecto al valor actual, fijado en $1.023,19. La suba regirá antes de fin de mes y responde a la actualización bimestral estipulada por ordenanza, basada en una fórmula polinómica que contempla variaciones en costos como combustibles, repuestos y salarios.
Además del pasaje general, también se modifican las tarifas diferenciales: el boleto obrero costará $894,41, mientras que el pasaje con tarifa social –que alcanza a jubilados, beneficiarios de la AUH, del plan Alimentar y otros grupos vulnerables– se fijará en $503,10.
Por otra parte, se confirmó que los subsidios provinciales que recibe el municipio para el sostenimiento del sistema no han sido modificados en su monto, aunque sí se ajustan de manera automática en función del volumen real de pasajeros transportados, tal como lo establece la normativa vigente. El nuevo cuadro tarifario se aplicará en los próximos días, en el marco de una política de actualización bimestral que busca mantener el equilibrio económico-financiero del sistema de transporte local.
Desde el área técnica municipal explicaron que el aumento del 9,26% responde en gran parte al último acuerdo paritario del sector, que elevó los salarios de los choferes en torno al 13%. Si bien otros componentes de la fórmula –como la cantidad de boletos emitidos– registraron bajas, el incremento salarial resultó determinante en el nuevo ajuste tarifario.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos de 24 horas para el martes 6 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras no llegar a un acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector. La medida afectaría a más de 300 líneas de transporte y podría generar serios inconvenientes para miles de usuarios que dependen diariamente del servicio.
El gremio exige un aumento del salario básico de los choferes, que actualmente es de $1.200.000, a $1.700.000. Desde la UTA calificaron las propuestas patronales como “una falta de respeto”, al considerar que las sumas ofrecidas no cubren siquiera la inflación mensual. En Necochea no se anunció aún la adhesión a la medida de fuerza.
Las conversaciones entre la UTA y las cámaras empresariales llevan semanas sin avances. Las empresas ofrecieron una suba inferior al 6% para los meses de febrero a junio, y un salario básico de $1.270.000 a partir de junio, acompañado de pagos no remunerativos en tres cuotas: $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.
El gremio, sin embargo, rechazó de plano la propuesta. “Es un ataque a la dignidad de los trabajadores”, declaró Gabriel Gusso, secretario gremial del sindicato, quien también advirtió que “no hay razones para levantar el paro” si no hay una mejora sustancial en la oferta. Vale decirlo, la UTA fue uno de los pocos sindicatos que no adhirió al último paro general convocado por la CGT.
El nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini, asumió en medio del conflicto y convocó a una última reunión para el lunes 5 de mayo con el objetivo de evitar la paralización, reemplazando al saliente Franco Mogetta, apareentemente removido por no conseguir destrabar el conflicto La falta de experiencia en el sector por parte de Pierrini, sin embargo, genera dudas sobre su capacidad de mediación, dado que no tiene nada que ver con el sector porque es empresario del rubro de seguros.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió “responsabilidad y diálogo” a las partes y consideró que el recambio en la Secretaría puede ser una oportunidad para encontrar una solución consensuada.
El trasfondo económico también juega un papel clave en la crisis. Las cámaras empresariales advierten que más de la mitad de las líneas del AMBA tienen tarifas congeladas desde hace más de ocho meses. La falta de actualizaciones tarifarias durante 2025, sumada a una estructura de costos creciente, limita las posibilidades de atender los reclamos salariales.
Se estima que el sistema de transporte público recibe alrededor de 87 mil millones de pesos en subsidios estatales, lo que añade presión al Gobierno para contener el gasto y, al mismo tiempo, garantizar el funcionamiento del servicio.
Si la medida se concreta, el martes 6 de mayo más de 300 líneas de colectivos dejarán de operar en el AMBA, incluyendo servicios clave como las líneas 1, 2, 10 y 12. Esto afectaría a millones de usuarios que se verían obligados a buscar alternativas para trasladarse, en un contexto de alta inflación y creciente precariedad laboral.
Las empresas, por su parte, advierten que un paro prolongado podría agravar aún más su situación financiera. La posibilidad de dictar una nueva conciliación obligatoria parece remota, ya que la anterior ya fue agotada.
Mientras se espera la última reunión convocada por Transporte, el clima de tensión se mantiene. El Gobierno, el gremio y las cámaras empresariales tienen pocas horas para evitar un nuevo paro que pondría en jaque al sistema de transporte del área metropolitana.