Nuevas normas de ANMaC: Ahora la policía podrá reutilizar las armas incautadas a los delincuentes

El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos que regulaban el comercio y la fabricación de armas y municiones en Argentina, eliminando una serie de condiciones que hasta ahora debían cumplir quienes se desempeñan en ese rubro. La medida, que forma parte del plan de desregulación estatal impulsado por el presidente Javier Milei, fue oficializada mediante la Resolución 49/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, elimina la obligación de contar con habilitación municipal o reinscripción ante el organismo para distribuidores mayoristas, minoristas, talleres, fábricas de armas y municiones, y otros actores del sector.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a “reducir la carga administrativa y burocrática” tanto para el Estado como para los ciudadanos. La desregulación beneficiará especialmente a pequeños comerciantes y fabricantes artesanales que produzcan hasta 1.200 unidades anuales, quienes ahora podrán operar sin cumplir con ciertos trámites previos.

La resolución también alcanza a fábricas de municiones, componentes, repuestos, talleres de recarga y reparación, plantas de destrucción de materiales especiales y depósitos de armas. Además, las entidades de tiro con instalaciones propias ya no necesitarán contar con habilitaciones municipales ni reinscripciones ante la ANMaC.

Sin embargo, el texto aclara que todos los actores involucrados deberán seguir cumpliendo con las condiciones de seguridad para almacenamiento y guarda de materiales controlados. También deberán respetar las normativas vigentes a nivel nacional, provincial y municipal que rijan el inicio o continuidad de sus actividades.

En paralelo, la resolución introduce cambios en el tratamiento de armas decomisadas. A partir de ahora, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales podrán reutilizar armamento incautado en operativos, previa entrega y registro por parte de la ANMaC. El destino final será definido por el Ministerio de Seguridad, conforme a lo dispuesto por un decreto presidencial.

Según los fundamentos de la medida, el objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado y aprovechar los recursos estatales disponibles. La ANMaC también tendrá la potestad de decidir si las armas decomisadas son destruidas o reutilizadas con fines de interés público, una vez que exista una sentencia judicial firme.

La decisión generó preocupación en sectores que advierten sobre una posible proliferación de armas y una menor capacidad de control estatal. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que se trata de una medida orientada a la eficiencia administrativa y el alivio regulatorio para comerciantes y usuarios.