
El Honorable Concejo Deliberante de Necochea fue escenario de una reunión este martes 27 de mayo, en la que se abordaron las consecuencias del reciente recorte del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dispuesto por el gobierno nacional mediante el Decreto 312/25.
El encuentro fue convocado por la Comisión de Hábitat y Vivienda, presidida por la concejal Rocío Mateo (Unión por la Patria), y contó con la presencia de funcionarios municipales y referentes del área de infraestructura social.
Lisandro Dones, subsecretario de Planeamiento y Obras Públicas, y Gerónimo Gallego, director general de Viviendas, Presupuesto Participativo, Tierras y Hábitat, informaron sobre las tareas realizadas en los barrios Malvones, Terminal y Los Álamos, donde se concretaron obras esenciales como redes de agua, cloacas, electricidad, alumbrado público y cordón cuneta. Estos trabajos, según detallaron, se llevaron adelante gracias a una articulación entre la Municipalidad y diversas cooperativas de trabajo, financiados principalmente a través del FISU.
La preocupación central giró en torno a la disolución de este fondo nacional, clave para el desarrollo de infraestructura en barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
Durante la comisión se trató un Proyecto de Resolución que rechaza la medida impulsada por el presidente Javier Milei, por considerar que suprime un instrumento fundamental para la integración social y la mejora de las condiciones de vida en sectores vulnerables. Con falsas denuncias y escarnio mediático, el gbierno intentó desprestigiar al FISU ante la opinión pública. Producto de ello al día de hoy los dirigentes sociales como Juan Grabois o Natalia Zaracho son permanentemente estigmatizados por trolls y militantes libertarios.
El desfinanciamiento del FISU implicó en el distrito la paralización inmediata de proyectos en marcha, como el caso de la Avenida 43 frente a la Terminal de Omnibus, la pérdida de puestos de trabajo y una regresión en los derechos de acceso a servicios básicos.
Desde el Concejo se advirtió que la eliminación de estos fondos golpea directamente a las comunidades que dependen de políticas públicas inclusivas para salir de la precariedad. La resolución presentada busca expresar institucionalmente el repudio a la medida y exigir su pronta revisión. Mientras tanto, los vecinos de los barrios quedarán sin obras esenciales, en un contexto de creciente ajuste y recorte de programas sociales.
Para graficar cómo el FISU benefició a sectores populares de tres barrios (Malvones, Terminal y Los Álamos), la concejal Rocío Mateo expuso una serie de placas que enseñan el panorama de recortes que el gobirno nacional pretende extender por decreto: