¿Por qué están fracasando los vouchers educativos del gobierno?

La segunda edición del programa de vouchers educativos, lanzado por el Ministerio de Capital Humano para asistir económicamente a las familias con hijos en colegios privados, muestra señales claras de retroceso. A pesar de la promesa de cubrir hasta el 50% del valor de las cuotas mensuales en escuelas con alto nivel de subvención estatal, el número de inscriptos se desplomó más de un 40% en comparación con 2024.

Según datos oficiales de la Secretaría de Educación, mientras que el año pasado se habían registrado 1.082.000 postulaciones, en esta edición la cifra cayó a 620.331, lo que representa apenas el 57% del total anterior. El reparto de los nuevos solicitantes refleja 84.826 inscripciones en el nivel inicial, 289.250 en primaria y 246.255 en secundaria.

La caída en la adhesión encendió las alarmas dentro y fuera del Gobierno. Desde el ámbito educativo advierten que uno de los factores centrales fue la escasa difusión y orientación sobre cómo realizar el trámite. "Muchas familias no entendieron los pasos o directamente no supieron que se había abierto la convocatoria", señalan desde entidades escolares que participan del programa.

El beneficio, administrado por la ANSES, se abona en nueve cuotas mensuales, pero aún no cuenta con un cronograma definido. Los pagos están sujetos a la validación y aprobación de cada solicitud, un proceso que en muchos casos se vuelve engorroso y poco transparente.

A modo de ejemplo, en la provincia de Buenos Aires un alumno de secundaria con jornada simple y una subvención del 80% puede recibir hasta el 50% de una cuota de $51.960. En primaria, bajo las mismas condiciones, el voucher cubriría hasta la mitad de $45.890. En escuelas con 100% de aporte estatal, el monto máximo baja a $27.430 para secundaria y $24.880 para primaria.

Las condiciones para acceder al beneficio también imponen barreras que podrían haber contribuido a la baja participación. Entre los requisitos figuran tener hijos de hasta 18 años, ser alumno regular, no adeudar más de dos cuotas seguidas, y no superar un ingreso familiar de siete salarios mínimos (equivalentes a $2.077.824 en marzo). Además, se exige completar una solicitud a través de la plataforma “Mi Argentina”, aportar CUIL y DNI de los menores, detallar la escuela y tener un CBU validado en “Mi ANSES”.

A estos obstáculos burocráticos se suma el impacto del contexto económico: con ingresos familiares golpeados por la inflación y una creciente incertidumbre, muchas familias optaron directamente por no continuar en instituciones privadas o priorizaron otros gastos esenciales.

Así, lo que en 2024 se presentó como una política estrella para sostener la matrícula en escuelas de gestión privada con ayuda estatal, en esta segunda edición parece haber perdido impulso. La falta de información clara, los trámites engorrosos y las dificultades económicas pusieron en jaque la efectividad del programa.

En definitiva, los vouchers educativos no sólo están lejos de consolidarse como una política sostenida, sino que su abrupta caída en el nivel de adhesión plantea interrogantes sobre su verdadero alcance, utilidad y viabilidad a futuro.