
Garantizar la seguridad en el ámbito rural se ha convertido en una de las prioridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Frente al crecimiento del delito rural —con el abigeato como una de sus manifestaciones más frecuentes— la cartera que conduce Javier Alonso desplegó una estrategia integral que combina profesionalización de la fuerza, tecnología de vigilancia aérea y articulación con entidades productivas.
Uno de los hitos más importantes fue la creación de la Policía Rural en 2021. Desde entonces, ya egresaron 1.000 oficiales especializados en recorrer todo tipo de superficies y enfrentar situaciones delictivas en el campo. Actualmente, otros 1.050 cadetes se están formando en esta especialidad, con un fuerte enfoque en el conocimiento del territorio y la cercanía con los productores rurales.
En paralelo, el Instituto Universitario Vucetich lanzó una Diplomatura en Gestión de la Seguridad Rural destinada a fortalecer las capacidades institucionales mediante la profesionalización de todos los actores que intervienen en la seguridad pública en contextos rurales.
En materia tecnológica, la Provincia adquirió diez drones de vigilancia diseñados especialmente para operar en zonas de difícil acceso. Estas aeronaves no tripuladas cuentan con cámaras de alta definición, zoom de 30 aumentos, visión térmica nocturna, iluminador láser y una autonomía de vuelo cercana a las 10 horas. Cada uno puede vigilar entre 30.000 y 40.000 hectáreas por hora, permitiendo ampliar el radio de cobertura y detección de actividades ilegales.
Otro avance clave es la incorporación de la Superintendencia de Seguridad Rural a la plataforma Multiagencia, una herramienta digital que centraliza en tiempo real las demandas vinculadas a seguridad, salud y defensa civil. Este sistema permite una gestión unificada entre el Ministerio de Seguridad y los municipios, facilitando el análisis, la investigación y la respuesta inmediata ante delitos rurales.
Estas iniciativas se enmarcan en la nueva gestión de la Superintendencia, bajo el liderazgo del comisario general Walter Mamani. Su enfoque apunta a un abordaje integral del delito rural, que incorpora análisis criminal, inteligencia e investigación para mejorar tanto la prevención como la reacción ante los hechos delictivos.