Milei derogó por decreto leyes de educación sobre género y seguridad vial

El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa utilizando decretos para implementar reformas sensibles en distintas áreas, pese a la fuerte oposición de sindicatos, gobernadores y el Congreso. En esta oportunidad, la educación fue la protagonista: con la publicación del Decreto 436/2025 en el Boletín Oficial, se derogaron parcialmente dos leyes clave del sistema educativo argentino.

Las normas afectadas son la Ley 27.234 y la Ley 27.214, ambas sancionadas en 2015. La primera promovía la realización de jornadas educativas anuales bajo el programa "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" en escuelas públicas y privadas desde nivel primario hasta terciario. Con el decreto de Milei, se eliminó el artículo 3, que obligaba al Estado a organizar al menos una de estas jornadas por año.

Por otro lado, la Ley 27.214 establecía los fundamentos de la educación vial, incluyendo la creación del Observatorio de Educación Vial dependiente del Ministerio de Educación —hoy llamado Capital Humano—. Este organismo, formado por especialistas, tenía como objetivo sensibilizar a la población sobre la seguridad vial. El decreto eliminó los artículos 5 y 6 que lo contemplaban, argumentando que dicho observatorio “nunca entró en funcionamiento” y que las iniciativas de educación vial deberían ser responsabilidad exclusiva del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Sin embargo, el Consejo Federal, integrado por las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y Nación, no se reúne desde abril de 2025, lo que genera cuestionamientos sobre la continuidad y efectividad de la educación vial en el país.

Este decreto se inscribe en un contexto político complejo para el presidente Milei, quien gobierna principalmente mediante facultades delegadas que, según la Ley de Bases, caducan el próximo 8 de julio. Hasta entonces, el Ejecutivo no podrá dictar decretos con fuerza de ley, lo que limita sus herramientas para avanzar con reformas sin consenso legislativo.

En los últimos meses, el Gobierno ha publicado casi diariamente medidas sensibles a través del Boletín Oficial, profundizando su estilo de gestión directa y polémica en un escenario de fuerte confrontación con sectores sociales y políticos.